Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

El licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, se pronunció porque la Guardia Nacional esté adscrita a una dependencia civil y al hacerlo actuó con congruencia y dignidad, a diferencia de la actitud sumida por otros militantes de la izquierda que han guardado un lamentable silencio sobre todo aquellos que ocupan cargos en el seno del gobierno y que simpatizan o simpatizaron con Andrés López Obrador y que están confundiendo la lealtad política a una causa con la abyección patológica y sumisión lacayuna.

En el pasado, desde distintas posiciones de izquierda, en las organizaciones y partidos socialistas y comunistas, afirmamos en forma reiterada y firme que la persecución de los delitos debía ser una atribución siempre de las autoridades civiles y nunca de las fuerzas armadas y para fundamentar esta postura se presentaron muchos argumentos jurídicos y políticos, que siguen siendo plenamente vigentes y que muchos miembros de Morena que en el pasado tenían una posición revolucionaria, parecen haber olvidado porque tienen el temor de que si discrepan un milímetro del Presidente de la República pueden perder sus empleos, comisiones, prerrogativas y privilegios. Por ello debemos apoyar la actitud asumida por Encinas Rodríguez, que estaría arriesgando su puesto en el gobierno ya que, el Presidente no admite ninguna crítica, ninguna actitud disidente pues, él tiene siempre la verdad absoluta que todos debemos acatar inclinando la cerviz.

En mis archivos tengo muchos documentos en los cuales estos militantes condenaron los excesos, abusos y los atropellos que cometían las fuerzas armadas al realizar tareas que eran de la competencia de las corporaciones civiles y exigían que cesara la represión, la persecución, el espionaje, que se realizaban desde el interior del ejército y de la Marina y se denunciaron los crímenes, las graves violaciones a los derechos humanos, que se habían cometido por la desbordada militarización que experimentaba el país y que también fuera condenada por distintos organismos internacionales.

Hoy esto se menosprecia pues, algunos de estos personajes son diputados, senadores, gobernadores, altos funcionarios públicos que con su silencio están asumiendo una conducta denigrante porque buscan legitimar y avalar una de las reformas jurídicas más aberrantes de la historia política reciente: la transferencia COMPLETA de la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional.

Se trata de asunto de evidente importancia política, que se soslaya, mientras se instrumenta esta maniobra política que está en marcha. En efecto, está perfectamente claro que la propuesta presidencial viola el artículo 21 de la Carta Magna, que el arreglo político parlamentario que se tuvo con la oposición en la Cámara de Diputados del cual surgió la Guardia Nacional y que señalaba con plena nitidez que estaría sometida a una dependencia civil, fue una burla, un engaño, del Presidente de la República, que ahora pretende transgredir la norma legal empleando una argucia legaloide, es decir, aquello que posiblemente no podría obtener por la vía de una reforma a Ley Fundamental, lo alcanzaría por el camino de un acuerdo de índole administrativo, ignorando que no se trata de un asunto menor, sino de uno muy importante y trascendente, el otorgamiento de mayores poderes y atribuciones a las Fuerzas Armadas, no en un ámbito cualquiera o de orden secundario, sino de uno en cuál están en grave riesgo la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos.

Un amigo que en el pasado inmediato perteneciera a las filas de la izquierda ultra radical y que ahora aspira a ser diputado por Morena en la próxima Legislatura, me dijo que no había que hacer ningún escándalo pues, desde un principio la Guardia Nacional estuvo subordinada por completo al Ejército y que con la propuesta de López Obrador simplemente se legalizaba esa situación. Tiene razón en el campo de las concepciones del derecho burgués, pero jamás se elaboró algún argumento que fundamentara esa absorción indeseable, ya no digamos desde el punto de vista ideológico sino práctico y operativo, si tomamos en cuenta las experiencias internacionales y nacionales que comprueban que las Guardias Nacionales que funcionan en distintos países del mundo tiene y observan una cierto margen de autonomía e independencia y no son meros apéndices de las Fuerzas Armadas reglamentarias.

Todavía recuerdo que en la campaña presidencial del Frente Democrático Nacional en la que era candidato el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el pronunciamiento, que se hicieron en esta materia y en distintas campañas electorales del Partido de la Revolución Democrática, en las cuales el licenciado López Obrador era dirigente principal y el aspirante a ocupar el Poder Ejecutivo, se insistió muchas veces en que los soldados regresaran a los cuarteles y que el ejército se limitara a desempeñar las funciones que le eran inherentes en los términos constitucionales y se hicieron denuncias acerca de los crímenes y asesinatos que se cometieron durante la etapa de la llamada Guerra Sucia, sobre todo en los excesos y atropellos que se llevaron a cabo contra la población civil en el estado de Guerrero por parte de los destacamentos castrenses, pero ahora estos antecedentes políticos se ocultan y se presentan tanto al ejército como a la Marina como instituciones que tiene una fisonomía y una naturaleza casi perfectas y armónicas en las cuales debemos depositar los mexicanos la seguridad pública, la paz social, el progreso económico y la convivencia fraternal.