Por: Manuel Armenta

La inseguridad pública y la violencia de los grupos del crimen organizado se han vuelto un tema de interés general en las últimas décadas, cada uno de los gobiernos en turno ha desplegado una serie de actividades destinadas a resolver ese problema, por lo menos así lo manifiesta el argumento político. Desde la Policía Federal Preventiva (PFP) creada por Ernesto Cedillo, la Agencia Federal de Investigación (AFI) creada en el sexenio de Vicente Fox, la Policía Federal de Felipe Calderón, la Gendarmería Nacional de Enrique Peña Nieto, hasta la Guardia Nacional de Andrés Manuel López Obrador.

Cada una de estas organizaciones fue creada con la finalidad de hacer frente y resolver el problema de la inseguridad y la violencia, sin embargo, los resultados no han sido los esperados. En las primeras dos décadas del siglo XXI, se han alcanzado niveles de violencia inimaginables, la cantidad de muertes producto de la violencia se cuenta por centenares de millar. Pero al parecer, aun a pesar de los males resultados, se siguen utilizando las mismas recetas en la lucha contra el crimen organizado.

La Guardia Nacional, se funda en marzo del año 2019, se formó con elementos del ejército, de la Marina y de la Policía Federal. Consideramos que, en la conformación de la Guardia Nacional a partir de esas tres instituciones, presenta un primer problema, ya que cada una tiene una finalidad muy distinta, por un lado, el ejército y la marina están destinados a salvaguardad la seguridad nacional, cuentan con un entrenamiento para la guerra, se podría decir que están destinados a eliminar al enemigo. Mientras que la policía representa el primer contacto del gobierno con la ciudadanía, sus funciones son de hacer cumplir la ley y salvaguardad a los ciudadanos tanto en sus personas como en sus bienes.

A partir de este planteamiento nos surge una serie de preguntas ¿Qué mandos se han hecho cargo de la dirección de la Guardia Nacional, Militares o civiles? Si son civiles ¿los militares estarían dispuestos a obedecer órdenes de civiles? Si militares ¿Cuáles serían las actividades que realizaría la Guardia Nacional? ¿Están los militares capacitados en las labores de prevención y contacto con civiles? Estas preguntas u otras más son pertinentes en el actual debate y posible subordinación de la Guardia Nacional al ejército.

¿Por qué una policía que debe ser de carácter civil tendría que estar bajo las órdenes del ejército? Esto nos lleva a otra pregunta ¿Quién o quiénes se benefician de esto? Al parecer el actual gobierno está realizando lo que en sexenios anteriores no se logró, militarizar el país.

Ahora veamos la manera en que se ha dado prioridad al fortalecimiento de la Guarda Nacional, apoyándonos en el artículo “Los militares y la Guardia Nacional: recursos en aumento, simulación, discrecionalidad y opacidad” de Laura Días, que muestra que el presupuesto destinado a la Guardia Nacional, desde su creación hasta el presente año:

El 25 de julio de 2021, el presidente anunció un aumento presupuestal a la GN, no obstante, no ha sido el primero. A lo largo de 2019 el presupuesto de la GN, adscrita a la SSPC, fue de 922 millones de pesos (mdp); en 2020 la Cámara de Diputados aprobó 4 082 mdd pero la Secretaría de Hacienda lo aumentó hasta 21 731 mdp, 432% más de lo aprobado. En 2021 el presupuesto aumentó a 35 671 mdp. Para 2022 el gobierno planea un aumento presupuestal de 70% (24,906 mdd), equivalente al presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional (https://n9.cl/6ft1g)

Si bien, hemos dicho se siguen empleado los mismos métodos en el combate al crimen organizado, podríamos decir que los resultados seguirán siendo los mismos, con la agravante de que se fortalece a las instituciones castrenses al entregarles la GN y el gran presupuesto de que se le dotó a esta.

En todo caso, el fortalecimiento de las instituciones militares al servicio de un Estado al servicio de los monopolios, no busca resolverlos problemas sociales de inseguridad y violencia, sino reforzar los medios de dominación contra expresiones de descontento social. La solución a la creciente situación de violencia es la organización de la clase obrera para la conformación de una nueva sociedad.