Por: Héctor Ramírez Cuéllar

Durante la sesión de la Cámara de Diputados, del pasado día 6 de diciembre, se demostró, una vez más, que el Presidente de la República desprecia al Poder Legislativo, lo trata como si fuera una mera ramificación del Poder Ejecutivo y de una manera particular como si fuera una oficina de la Secretaria de Gobernación y que no está dispuesto a respetar la división de poderes que es uno de los principios sustanciales de la democracia representativa capitalista que tenemos como vigente en nuestro país.

Por lo menos en los últimos meses, el Presidente ha reiterado en cuatro ocasiones, que está dispuesto a trasgredir la Constitución General de la República empleando la conocida táctica de reformar leyes secundarías que en su contenido, son abiertamente anticonstitucionales, aprovechándose del hecho de que Morena tiene mayoría simple en ambas cámaras del Congreso, tomando en cuenta también que al presentarse las correspondientes controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los amparos que se refieren a estos casos, dichos recursos legales tardarían muchos meses en discutirse y resolverse en el Pleno, mientras tanto, en los hechos y en la práctica política, dichas modificaciones impugnadas estarían vigentes, si bien en forma muy precaria.

En materia electoral, empleó la misma táctica; aceptó que Morena no tenía la mayoría calificada en los órganos legislativos y, en cambio, envío reformas a siete leyes particulares, esperando la oportunidad, el año próximo, para controlar en su beneficio al Consejo General del Instituto Nacional Electoral al designar a los cuatro miembros de ese órgano directivo., que terminan sus funciones y así consumar la captura política de ese organismo. De esta manera, el lunes por la mañana presentó modificaciones legales, de naturaleza jurídica secundaria, utilizando en su beneficio la mayoría simple de Morena que había acordado que dichas propuestas serían discutidas y aprobadas, sin tomar en cuenta los trámites administrativos que existen en la materia, es decir, que se aceptaran de inmediato.

De esta manera, atropellada y absurda, se dispensó la exigencia, de que no se presentaran para su examen a las Comisiones Reglamentarias, ya que, incluso, los dictámenes ya los había elaborado previamente la Secretaria de Gobernación, se pusieran a votación con una gran celeridad sin que los legisladores hubieran leído los textos en virtud de solo se dispuso de unas cuantas horas para satisfacer estas formalidades elementales. Los diputados de los partidos de oposición abandonaron la sesión al darse cuenta del curso de esta maniobra política, ya que, el procedimiento quedó en manos enteramente de los representantes de Morena, que desde luego votaron en forma mecánica, ya que, en esos momentos no había ya discusión alguna. AL terminar ese monólogo improductivo, varios legisladores observaron que algunas reformas que había aprobado en forma apresurada, sin haberlas ni siquiera conocido, tenían algunas inconsistencias legales, pero ya era demasiado tarde, expresando la posibilidad de su revisión en la Cámara de Senadores.

Fue particularmente grave que las Comisiones Dictaminadoras no se convocaran para conocer y estudiar las propuestas del Ejecutivo, ya que, en estas reuniones los expertos y los asesores especialistas emiten por lo general opiniones fundadas y calificadas que depuran y enriquecen el contenido de las propuestas jurídicas, que se pueden superar errores y deficiencias, demostrando así que el Presidente no quiere que sus iniciativas sufran alguna modificación, así sea de carácter formal porque considera que ello representa un desafío a su autoridad política, cercenándole a la Cámara de Diputados de una de sus funciones esenciales, ya que, los dictámenes siempre los deben elaborar estas Comisiones y no una oficina administrativa

La responsabilidad política de estos hechos, denigrantes y vergonzosos, recae, principalmente , en el Presidente de la República que no respetó ni siquiera las normas básicas del funcionamiento parlamentario, pero también del diputado Ignacio Mier Velasco, presidente de Junta de Coordinación Política que facilitó el camino para la agresión a la autonomía de la Cámara, ya que, con su tratamiento obsequioso y dócil al Ejecutivo, no permitió ni siquiera que los legisladores se informaran de las reformas que estaban aprobando, no obstante que se trataba de asuntos de gran importancia política, ya que, se refieren al necesario fortalecimiento de la vida democrática de nuestro país.

En virtud de este tratamiento, se demerito también la calidad política de los legisladores ante la población en general que los sigue considerando como meros empleados del Ejecutivo, que desempeñan funciones decorativas o pasivas, ya que, ni siquiera son capaces de leer los textos que aprueban y, en cambio, recobra una mayor fuerza el poder político que tiene el Presidente de la República que se presenta como el único o máximo legislador, lo cual favorece al proceso de excesiva concentración de atribuciones en manos de López Obrador.