Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

Por una mayoría de 9 votos contra tan solo 2 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la sección 2 de la reforma electoral impulsada por el Presidente de la República, aduciendo no razones de fondo de cada una de las leyes impugnadas sino de procedimiento, es decir, el tribunal concluyó que no se habían respetado las formalidades del procedimiento legislativo y al incurrir en esta  grave falta, se declararon nulas estas normas, las cuales se aprobaron sin que fueran, siquiera, leídas, por los llamados diputados que con su comportamiento avergüenzan a la nación.

Como lo demostramos en otro artículo, al examinar de una manera específica este asunto, que es de evidente interés nacional, concluimos que los legisladores formales que no reales fueron objeto de una presión política descomunal, por parte del Presidente, quien, por conducto del secretario de Gobernación, les exigió, que en unas cuantas horas, fueran votadas estas modificaciones, de las cuales, incluso, no se tiene un conocimiento completo por parte de los especialistas en la materia. El mismo comportamiento y por lo tanto, el mismo resultado final, se produjo al abordarse la segunda sección y lo que es el colmo,  ocurrió el mismo fenómeno,  en torno las últimas reformas que se hicieron en la Cámara de Senadores.

En estricto sentido, Morena no tenían necesidad de violar la Constitución y el Reglamento Interior del Congreso de la Unión ya que tenía mayor relativa y por lo tanto, algunos de estos cambios pudieron ser aprobados apegados a la legalidad vigente, pero asumiendo una actitud de prepotencia política, por un lado y   por el otro obrando de una manera sumisa, prefirieron observar  una actitud retadora no solo ante los demás grupos parlamentarios sino de la sociedad entera, que así demostraban que eran leales incondicionales y completamente obedientes ante el Presidente, hasta llegar a los límites de la ignominia y de la abyección, ya que, ni siquiera estuvieron informados del contenido de los asuntos que estaban haciendo suyos.

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Los diputados de Morena han perdido incluso su identidad política, ya que, han permitido que el secretario de Gobernación asista a sus reuniones, les dicte instrucciones políticas, les  fije plazos para la aprobación de las iniciativas de  ley, que esté  atento  al desarrollo de las sesiones que se han trasformado en meros encuentros protocolarios, sin ninguna importancia,   que no enriquecen el contenido de las propuestas, ya que, se considera que cualquier cambio o adición es un desacato imperdonable a la voluntad política  del Presidente,  quien es tratado como un ser que todo lo sabe y todo lo puede, que además nunca se equivoca y que por lo tanto, lo que dice ese alto funcionario es una ley inapelable que debe ser admitida en forma apriorística  y dogmática, es decir, no se  admite ninguna observación,  ningún comentario, ninguna crítica, ya que, se trata de la verdad absoluta que debe ser aprobada solo por el hecho de que es enviada por el Presidente. Este mecanismo de control y de supeditación implica la negación no solo de los procedimientos parlamentarios ordinarios, que existen en la mayoría de los países del mundo, sino incluso también del diálogo y del debate  cuya existencia y funcionamiento debe ser considerados como normales entre los partidos políticos y los gobiernos.

El hecho de que un partido político tenga  mayoría en el Congreso o en  una de las cámaras no le autoriza que,  por ese hecho,  pueda violentar las normas internas vigentes ya  que no le otorga ninguna impunidad y debería ser el más interesado en cumplir con  estas normas, sabiendo que al final, por tener esa calidad mayoritaria,  triunfará en las votaciones. Esta debería ser la conducta racional más adecuada y no la mera imposición mecánica de esa mayoría, recordando también que  está regido por la Constitución y las leyes de la materia. Ser un partido o un grupo parlamentario mayoritario no le exime  de cumplir con los procedimientos acordados, la discusión política, el enfrentamiento de las ideas y de las posturas ideológicas son necesarias y hasta convenientes y esto lo ignoran los dirigentes de Morena que se comportan como secretarios auxiliares del Presidente y no como representantes populares, operando como  empleados del secretario de Gobernación en la medida en que es  el funcionario que asegura  el orden y la disciplina en el Congreso de la Unión, desde la perspectiva  de Palacio Nacional.

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La anulación de las cámaras del Congreso de la Unión, merced a esta actitud viciosa que hemos presenciado en los últimos meses, no solo  afecta a partidos y grupos de la  derecha sino también al resto de las fuerzas políticas, a toda ellas, sin excepción alguna, ya  que se está normalizando  el uso arbitrario y prepotente de la fuerza  política del Presidente,  por encima de todos  grupos y partidos, es decir, estamos alentando el presidencialismo despótico, trasladando la solución de las controversias políticas, al terreno de las instancias judiciales. Ello ha impedido la ausencia de un auténtico debate en torno a los grandes problemas nacionales, con información  y racionalidad,  ya que, cualquier disidencia es de inmediato condenada de antemano por considerar que se trata de  enemigos políticos que deben ser por lo tanto,  rechazados.