Por: Héctor Ramírez Cuéllar

De una manera consiente y deliberada, el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador ha ordenado a sus empleados de la Cámara de Diputados que no designen a los comisionados del  Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y, por lo tanto, que no tenga el quórum necesario y así se vea obligado a cesar en sus funciones, que consisten precisamente en presionar a las autoridades para que los ciudadanos, las organizaciones sociales, tengan acceso a la información  que producen y resguardan las dependencias federales, las cuales  estarán, como lo han estado, negándose a proporcionarla, de acuerdo con una de las medidas más importantes que se dieron en el proceso de cambios políticos que se originó en el país, el acceso de todos los  ciudadanos a la información pública. El Presidente ha declarado que no considera necesaria la existencia y el funcionamiento de ese organismo y, por lo tanto, sus amanuenses,  sea, los diputados de Morena,  harán todo lo posible  por desaparecerlo y   por  lo tanto cancelar o limitar ese derecho político fundamental en la vida de la nación.

Desde que se inició  la presente administración, el Presidente se ha  caracterizado  por formular  acusaciones generales graves  sobre actos de corrupción que existieron en los gobiernos anteriores,  pero nunca  las ha precisado,  por lo que en estricto sentido, se trata solo de imputaciones de carácter político. Por ejemplo, al cancelar la construcción el aeropuerto de Texcoco, el titular del Ejecutivo afirmó que lo hacía porque había serias irregularidades de parte  de los  funcionarios encargados de estas obras y   han transcurrido  cinco años de estos señalamientos y jamás se han clarificado, con documentos fehacientes, que en verdad esto  estaba sucediendo. Al desaparecer  los fideicomisos señaló también que lo hacía porque  había preocupantes actos de corrupción en sus operaciones, pero hasta hoy nada se sabe  al respecto de una manera concreta y específica. Cuando se cancelaron los contratos a las empresas privadas que vendían  medicamentos a las dependencias del sector salud, dijo lo mismo,  pero no se formularon las responsabilidades individuales contra  estos comerciantes, pero lo más sobresaliente es que  algunos de ellos han permanecido como prestadores de este servicio esencial.

Un jefe de estado que formula  cargos serios señalando que un individuo, funcionarios o dirigente político han cometido actos de corrupción, debe probarlo en forma precisa y documentada, ya de  que de otra manera  se trata de una agresión de carácter político, o de un acto propagandístico,  y de una seria irresponsabilidad administrativa. En términos generales, es necesario  reconocer que se cometieron actos de corrupción en el pasado político y que esta es una  de las características básicas de  nuestro sistema y de nuestros gobiernos, pero  se debe transitar  de las afirmaciones globales a las imputaciones fundamentadas  y concretas, de las cuales deben desprenderse acciones de carácter legal, ya que de otra suerte estamos ante   críticas de orden político deleznables que, por lo tanto, deben ser rechazadas, por carecer de seriedad institucional y rigor profesional.

El 60 % de las solicitudes que han presentado los ciudadanos y que han sido respaldadas por el INAI han sido rechazadas o desvirtuadas,  afirmando los titulares que las dependencias a su cargo que  carecen de dicha información, realizando una respuesta  concertada,  lo que demuestra que el gobierno actual no es partidario de que los ciudadanos ejerzan este derecho político y, por lo tanto, el INAI se ha debilitado desde un principio como órgano garante o   coadyuvante. Los solicitantes de dicha información han sido también,  dirigentes de organizaciones sociales o bien estudiosos de los  problemas nacionales, o periodistas de investigación,  que requieren estos datos para enriquecer su trabajo académico o político  o bien fundamentar sus acciones en defensa de los derechos de distintos sectores sociales, pero no lo pueden hacer por la actitud  reticente y deliberadamente oscura que tienen los titulares de las entidades federales. Esto significa que el acceso a la información, consagrada por la Constitución, ha sido, menospreciado  o   negado, ante la existencia de  la opacidad  como arma política que se esgrime en muchos actos y decisiones gubernamentales,  desconociendo el hecho de que la transparencia  informativa   es esencial en los regímenes democráticos,    que no  se práctica en este régimen, ya que una gran parte de la  información  oficial es ocultada y reservada, sin que tenga  esa calidad de conformidad con las clasificaciones internacionales en la materia.

Recientemente, para confirmar nuestras apreciaciones,  el gobierno federal consideró,  sin ningún fundamento  jurídico sólido, que una serie de datos sobre el gasto público sobre la realización de obras, no serían dados a conocer, ya que se consideraba como información de seguridad nacional, pero la naturaleza de los gastos e inversiones no tienen ese carácter de acuerdo con los criterios y la doctrina en la materia, ya que se trata de actividades ordinarias, como la construcción de una refinería,  o de una red de ferrocarriles. El resultado de esta limitación absurda está  a la  vista: jamás sabremos los montos de las inversiones del estado que se han realizado, ni conoceremos si se reunieron los requisitos de carácter técnico que  se deberían tener disponibles,  ante la realización de estas erogaciones, ni podremos identificar a las empresas contratistas, ni las formas que se utilizaron para entregar dichos contratos, no se podría comprobar si algunos militares de alto rango crearon empresas de su propiedad o bien beneficiaron a terceros interesados. Pero además, ha sido una práctica nefasta, que algunos funcionarios federales y estatales, cuando no desean, por razones políticas, dar  a conocer una determinada información oficial, a la manera de un pretexto ridículo, reiteran, no lo hacen porque es información estratégica,  por lo que se trata de  una burla a los ciudadanos y una cancelación  o de una limitación de ese derecho constitucional.

En términos generales, pese a las limitaciones y a las restricciones que ha experimentado, el INAI ha tenido un desempeño positivo para la ampliación y el  fortalecimiento de la  vida democrática de la  nación, ya que a pesar de todo se han documentado graves atentados al ejercicio del gasto público lo que ha permitido también, en colaboración con la Auditoria Superior de la  Nación, que la  Cámara  de Diputados, haya mantenido vigente la fiscalización del ejercicio del gasto estatal, que también se encuentra en serio peligro ante la reconcentración del poder en manos del Presidente, al que le  molesta profundamente esta labor de vigilancia, supervisión y evaluación, al  igual que  a otros miembros del gabinete y que, por lo tanto, han  decretado la muerte del citado órgano autónomo.