Por: Héctor Ramírez Cuéllar

Tanto el Presidente de la República como los dirigentes de Morena han afirmado que las resoluciones tomadas la semana pasada en las cuales designaron a cuatro aspirantes a la candidatura presidencial, no son tales sino solo coordinadores partidarios, con la finalidad evidente de que no puedan ser acusados de estar violando las normas electorales, lo que implica un verdadero insulto político los mexicanos en su conjunto. En efecto, los políticos que fueron presentados y aprobados de una manera pública y oficial sí son aspirantes a la candidatura presidencial y así quedó perfectamente claro en la reunión del Consejo Nacional de Morena. Se piensa que el solo hecho de cambiar de denominación política, los exime del cumplimiento de las responsabilidades legales que deben acatar ya que se concluye que el nuevo Consejo de INE está controlado por el gobierno y por lo tanto ya conocemos de antemano los resultados de las elecciones del año 2024.

Todos estamos informados que las cuatro corcholatas desde hace varios meses están realizando en todo el territorio nacional una intensa y costosa campaña publicitaria, con la finalidad de influir en la determinación que ha tomado Morena de que se efectuará una encuesta la cual decidirá quién ser el aspirante oficial para suceder a López Obrador en la presidencia de la República. Han pasado varios meses y estos individuos han trasgredido, de una manera sistemática y cotidiana, las leyes de la materia ya que han incurrido en el delito de las campañas anticipadas, es decir, ha efectuado muchas acciones políticas fuera de los plazos que marca la legislación y erogado cientos de millones de pesos, sin que exista supervisión alguna de parte del INE y del Tribunal Federal Electoral que en estos casos han sido omisos en el cumplimiento de sus facultades constitucionales y solo han emitido algunas tímidas medias cautelares que nadie respeta por lo que estas instituciones solo son elementos decorativos y cómplices de una gran decisión política que al parecer ya tomó el mismo López Obrador que simplemente la está implementando, ante la pasmosa indiferencia de los partidos políticos de oposición y el silencio de la opinión pública.

La semana pasada la nueva dirección del INE se reunió con el Presidente López Obrador y este les dijo, en el colmo de la manipulación política y de la falsificación de la realidad política objetiva, que el Consejo Nacional de Morena no había aprobado a varios aspirantes a la candidatura presidencial sino que se elegirían coordinadores políticos, nada más, con lo que se pretende legalizar el uso de los recursos públicos en los cuales están participando abiertamente algunos gobernadores, otorgar sustento a las campañas propagandísticas, proteger las actividades de proselitismo con miras a las elecciones del año próximo, es decir, solo se trata, ingenuamente, de cuatro individuos que solo persiguen un cargo político partidario, que sus gastos serán de su propio peculio, y por lo tanto no se pueden aplicar las leyes de la materia, es decir, estarían actuando con una total impunidad, libertad, obteniendo una ventaja política considerable sobre el resto de los otros aspirantes, sobre todo de los partidos de oposición.

En este contexto de ocultamiento deliberado, jamás hemos conocido, según las investigaciones que realizan los órganos electorales, quién o quiénes están financiando los enormes gastos que implican la propaganda mercantil, la movilización de ciudadanos, muchos otros pagos, afirmando sus organizadores, simple y llanamente, que estos gastos los realiza el pueblo, concebido como un conjunto de individuos abstractos y no seres reales con intereses y propósitos bien definidos. Por ejemplo, no sabemos cuánto costó y cómo se sufragaron los gastos de la gran concentración ciudadana, calculada en más de 4O mil asistentes, en la cual se despidió de su cargo la Jefa de Gobierno o quiénes están pagando los cientos de anuncios espectaculares que se localizan en las principales ciudades de nuestro país a favor los llamados coordinadores partidarios, cuya figura es una de las modalidades que están en curso para burlar la normatividad vigente.

De conformidad con las leyes de la materia, es en el mes de noviembre en el que deben comenzar formalmente las campañas electorales y por lo que esos cuatro políticos burgueses están violando las normas legales, más aún si tomamos en cuenta que existen en la Comisión de Quejas del INE más de 123 medidas cautelares que se han dado en contra suya a la manera de apercibimientos de que se están vulnerando las leyes de la materia y una y otra vez se siguen cometiendo estas faltas o delitos, asumiendo una actitud de franco reto ya que existe la persuasión, en el interior de Morena, de que los órganos electorales no harán nada efectivo en su contra ya que están supeditados la mayoría de miembros a las órdenes del Presidente.

Solo recurriendo a sofismas jurídicos o políticos, que por su cinismo harían palidecer a los grandes filósofos de Grecia, que eran partidarios y promotores de estos artilugios verbales, se puede afirmar, con sustento elemental, que estos cuatro funcionarios serán coordinadores partidarios, cuando ya ha sido del conocimiento directo y permanente, una simple constatación de la realidad ,que se trata de aspirantes nominales a la candidatura presidencial y de que se sus resultados dependerá, la consumación del nombramiento que ha hecho el habitante de Palacio.