Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

El INE y el Tribunal Federal Electoral en los últimos días han tomado decisiones jurídicas importantes, pero que no tienen ninguna repercusión política,  ya que persisten los hechos consumados sobre todo por parte del gobierno que de manera impune, sigue violando no solo la Constitución sino también una serie de leyes ordinarias, sobre las cuales existe un verdadero  alud de denuncias fundadas, pero en los hechos, en la realidad, no  se ha aplicado ninguna sanción contra quienes han incurrido en esas faltas. Por lo tanto, vivimos  en el reino de la arbitrariedad, en la ley de la selva, que solo se está beneficiando al propio régimen actual,   a los dueños del gran capital, que son los que, producirán los resultados electorales finales ya que no existe, hoy,  ninguna autoridad que pueda garantizar imparcialidad, neutralidad y trato justo entre los competidores.

Los citados órganos electorales han resuelto que: los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena han violado las medidas cautelares  respectivas ya que han realizado múltiples actos de proselitismo político y colocado miles de anuncios propagandísticos que se expresan claramente a favor de su interés político, que el Presidente de la República interviene en forma sistemática en asuntos de carácter  electoral los cuales le están vedados. No obstante, estas  observaciones puntuales, no se ordenó la cancelación de las giras de las corcholatas y el Presidente continua trasgrediendo el orden legal aduciendo que se está vulnerando su derecho  a la libre expresión de las ideas y por lo tanto todos los días sigue refiriéndose, en sus conferencias de prensa,  en un tono injurioso y despectivo,  a los candidatos de los partidos de oposición. Este derecho a que aduce el Presidente tiene plena vigencia, pero al igual que ocurre con otros derechos y   libertades, este tiene una serie de restricciones, tales como no participar en elecciones anticipadas, ni opinar sobre asuntos electorales cuando   se  está en el ejercicio de cargo, limitaciones que pretenden, de una manera formal, una mayor equidad en las contiendas políticas.

De acuerdo con el calendario electoral, deberá ser hasta el mes de noviembre en que se inicie  formalmente la contienda política y por lo tanto ni siquiera estamos en el marco de las precampañas y   sin embargo, los aspirantes de Morena ya tienen un presencia abrumadora en la mayoría de las entidades federativas, mientras que los partidos de la oposición derechista ni siquiera  han postulado a   ningún candidato por lo que, cuando esto suceda, ya será demasiado tarde ya que, en materia propagandística, Morena tendrá una ventaja ilegal y abusiva y por lo tanto no habrá equidad alguna en la lucha electoral actual.

La lucha política se inició violando los principios básicos de los procesos comiciales y por lo tanto, los órganos electorales deberían cancelar y sancionar  los candidatos de Morena e iniciar un juicio por  desacato contra el  Presidente ya que con su conducta  reiterada ,se ha comportado  de un contumaz agresor de las leyes de la  materia pues en muchos ocasiones se les han indicado medidas cautelares pero las ha desoído y sigue con esa misma postura que por entero y en forma sistemática se expresa a  favor de  Morena, es decir, de la continuidad del gobierno actual. Es decir, se está preparando un “fraude patriótico”.

En este contexto irregular se está generando las condiciones jurídicas y políticas para que los partidos políticos puedan desconocer los resultados de las elecciones del año 2024 aduciendo que se produjeron en el marco de un proceso que estuvo viciado de origen y por ello rechazarían los datos que emitieran de las juntas computadoras, las resoluciones que aprobara  el Tribunal, en cuyo caso estaríamos ante la presencia de una grave crisis política constitucional, que no habíamos tenido en México en las últimas décadas. La situación es muy delicada ya que el clima político es sumamente tenso, no hay diálogos, no hay debates sino solo ataques, injurias e improperios y al parecer a nadie le interesa avanzar en la solución de los graves problemas nacionales  sino solo en concentrar el mayor poder económico  para imponerse en los próximos comicios, aprovechándose de la existencia de una serie de órganos electorales subordinados al Presidente y por  lo tanto débiles a la hora de aplicar los acuerdos que emiten.