Héctor Ramírez Cuellar

Cuatro grandes oligarcas mexicanos, Carlos Sim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego y Juan Beckman, en el año 2022detentaban de una manera conjunta una riqueza de ¡46 mil millones de pesos! y al mes de febrero de este año (2023), sumaron ¡133 mil millones!, o sea, el 8.7 % del PIB de nuestro país. Mientras estas fortunas se acrecentaban, en México y el mundo se padeció una de las peores epidemias de su historia, habiendo muerto, según datos oficiales, 600 mil mexicanos y contrayéndose la economía nacional un 8 % del PIB, desaparecido varios millones de empresas medianas y pequeñas e incorporados a los niveles de la pobreza a 4 millones de personas. Se trata de cifras que en conjunto revelan que México ha experimentado una verdadera tragedia económica y social: el enriquecimiento de una minoría de empresarios capitalistas, por un lado, y por el otro el empobrecimiento masivo de la mayoría de la población trabajadora.

En este contexto la pobreza laboral (es decir que el salario no alcanza a alimentar a la familia) se incrementó un 38 %; a la par los remesas que envían los migrantes que se encuentran en Estados Unidos se elevaron en forma considerable, siendo este el factor fundamental que ha impedido que la pobreza se  generalizara aún más ya que, como sabemos, México se ubicó en los últimos lugares en el mundo en materia de apoyos  y subsidios a los que sufrieron el Covid  siendo uno de los países en   el que hubo un número mayor de fallecidos entre el personal médico sanitario. En la actualidad, algunas cifras no son precisas ya que se manipularon desde un principio con el objeto de engañar políticamente a la población, sobre los resultados sociales nefastos que se produjeron, entre  ellos,  la carestía en todos los centros de salud de vacunas para los niños y los jóvenes y de medicamentos para los derechohabientes.

El gobierno le concede una gran importancia a las transferencias económicas que entrega a los adultos mayores, a los niños, los jóvenes, a las madres solteras, a los incapacitados, pero aquellas entregas no se han reflejado en un aumento importante de los niveles vida de la  población pobre ya que estos rezagos sociales inmensos no se han limitado, sino  siguen vigentes, lo que permite concluir, después de muchos años de la  realización de estos apoyos sociales, que esta no es la vía para terminar con la pobreza y la desigualdad, en todo caso sirven para paliar la miseria de forma insuficiente y contener estallidos sociales temporalmente, a la par de que el gobierno genera simpatía entre parte de dichos sectores.

Por el contrario, en el 2020, el 40 % de la población de menores ingresos recibía el 63 % de esos pagos, pero este porcentaje se ha reducido al 4 8 %, lo que indica que el mismo gobierno carece de argumentos que demuestren, desde el punto de vista social, que los apoyos que distribuye mejoran el nivel de vida de la población que las recibe ya que esas entradas monetarias solo permiten mejorar el consumo de la familias pero no terminan con la pobreza ni la explotación, es decir, no generan en una más justa distribución de la riqueza. Una prueba contundente de ello es la información que proporciona el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que indica que el 4 0 % de la población que se encuentra empleada está en la llamada pobreza laboral, es decir, sus magros ingresos no se les permite ni siquiera adquirir  una canasta básicas y  que si bien han aumentado el número de empleos, la mayoría de estos se encuentran  ubicados en la  informalidad, es decir,  perciben salarios   sumamente bajos y no tienen  prestaciones sociales.

Los estudios celebrados por el citado organismo también indican que el mecanismo más adecuado y eficiente para mejorar el nivel de vida de la población más pobre no radica en los subsidios que recibe por parte del gobierno sino en el incremento que alcanza la capacidad adquisitiva que tienen los salarios y los sueldos de los  trabajadores, ya que estos sí se reflejan más claramente en sus condiciones de  vidas, la calidad de la educación,  y la salud de sus familias,  en los niveles de la  seguridad pública  ya que de esta manera se logran  elevar  y mejorar las potencialidades de los trabajadores, pero esta ruta no la siguen los gobiernos socialdemócratas porque ello implica afectar los intereses  de los grandes capitalistas ya que afecta su tasa de ganancia y  por supuesto ello es inaceptable, desde el punto de vista político, ya que por este camino se promueve  e incentiva la lucha de clases, la necesidad de tener  organizaciones  de clase combativas y en cambio por el sendero de las transferencias se fortalece el colaboracionismo con la burguesía, la resignación como clase explotada y el paternalismo con el gobierno en turno.

Solo el 2 % de la población “más rica”, es decir, los distintos estratos de la burguesía industrial, comercial, financiera y agrícola detenta los ingresos que percibe el 40 % de la población en general y esta injusta estructura social no se ha modificado y cuando sufre  algún cambio por más pequeño que sea, es festinado políticamente, por la clase que está en el poder afirmado que personifica al gobierno que protege a  los pobres. En términos generales y salvo pequeñas modificaciones, que también el Coneval ha señalado, la existencia de esta forma de monopolización de la riqueza nacional que producen los trabajadores   se mantiene, como una continuación de los gobiernos neoliberales. 

Se trata de 4 grandes oligarcas, cercanos y favoritos al régimen político, entre los cuales aun existe un fenómeno más claro ya que uno de ellos, Carlos Slim, representa la mitad de los ingresos de sus compañeros de clase. Por ello este individuo es políticamente más poderoso que muchas organizaciones empresariales juntas, y por lo tanto no necesita atacar o criticar al Presidente sino negociar con él en un clima de paz y tranquilidad ya que su poder económico es enorme.

Los gobiernos socialdemócratas como el de López Obrador y el partido MORENA, proponen “humanizar al capitalismo” atenuando la explotación, pero la realidad es que al igual los otros partidos burgueses se dedican  a custodiar y proteger a los intereses de los grandes monopolios capitalistas, pero lo hacen desde supuestas posiciones de “izquierda” y  en  ocasiones  emplean un lenguaje político “radical”, empleando incluso términos socialistas, para engañar y manipular  a los trabajadores y a la sociedad en general. Pero la realidad termina por desenmascarar a la socialdemocracia y mostrar que su rostro es el mismo que el de anteriores gobiernos: el rostro de la explotación, la pobreza, la violencia y para los trabajadores.