Por: Héctor Ramírez Cuéllar

La presencia del narcotráfico en las elecciones es evidente: con el asesinato de dos candidatos en el estado de Michoacán, en la región de Maravatío, suman ya 17 los aspirantes a ocupar un cargo de elección popular, que pierden la vida a manos de las distintas organizaciones delictivas que actúan impunemente en la mayor parte de territorio nacional. Y todavía no comienzan formalmente las campañas electorales. Este fenómeno nos indica que estos grupos, tendrán otra vez, una participación importante en los comicios, sin que existe la capacidad, ni la disposición real y no simplemente declarativa, de los órganos electorales y de las autoridades políticas, para impedirlo, exactamente como sucedió en las pasadas elecciones estatales en donde fue notoria su actuación sobre todo en los estados del noroeste de nuestro país.

El INE anunció la implementación de un programa de seguridad y de protección para los candidatos a  diversos puestos públicos, considerando de antemano que se trata de una tarea  muy difícil de realizar en virtud de la incapacidad política y  técnica que tiene el gobierno para enfrentar esta situación, que está ensangrentado a la nación en su conjunto.  Hace tres años, la mayoría de los crímenes quedaron impunes ya que las reclamaciones que formularon los representantes de los partidos político, fueron calificadas como improcedentes y por lo tanto permitieron que  esos grupos determinaran los nombres de los funcionarios electos  de esta manera y que  ahora están ejerciendo sus cargos con absoluta normalidad, es decir, en el marco relaciones políticas e institucionales impuestas por la violencia extrema.

En las entidades federativas que están dominadas políticamente por los narcotraficantes, en las cuales se les permitió designar a los gobernadores y a los alcaldes, diputados locales, funcionarios municipales, la población ya aceptó en forma resignada esa injerencia criminal,  e incluso  las distintas organizaciones armadas tienen una importante base social y en esas condiciones  políticas los atentados se van a multiplicar en los próximos semanas o meses, tiempo en el que se desarrollan las campañas electorales ya que no existe ninguna autoridad que lo pudiera impedir. Los atentados contra los candidatos constituyen simples notas  informativa, esperando pacientemente que esas elecciones sean tan sangrientas o más  que las anteriores en el marco de un proceso que nadie puede ni quiere detener, lo que reafirma que las  organizaciones de narcotraficantes  son o representan de forma  individual o de una manera  conjunta,  factores determinantes para integrar los órganos del poder político a nivel federal,  estatal o   municipal.

El gobierno federal no tiene interés político en combatir realmente a las distintas agrupaciones delictivas y esta indiferencia y complicidad se refleja, necesariamente, en la conducta que asumen las fuerzas armadas, las corporaciones policiacas estatales y municipales, las cuales solo efectúan movilizaciones de carácter publicitario, calculando que los asesinatos del día de hoy, serán ignorados  y  olvidados al día siguiente, en el marco de un tratamiento   absolutamente  condenable en el que  la vida de las personas y la seguridad de las comunidades ,  no tienen  en realidad ningún valor. No preocupan en verdad a ningún  funcionario púbico y lo mismo sucede con los atentados contra los periodistas,  cuya lista de desaparecidos sigue creciendo también  una manera impune.

La trágica situación política imperante en  la  mayoría de los estados y los municipios y la conducta omisa de parte de las autoridades en  todos los niveles, está propiciando que sean los ciudadanos, los grupos sociales locales o   regionales, los representantes religiosos, los dirigentes de los partidos políticos lo que  de una manera  directa establezcan relaciones con las organizaciones  criminales, tratado de llegar a una serie de acuerdos con ellos  para evitar que sus candidatos sean  asesinados,  formando también  grupos de autodefensa, reafirmando, en  la práctica,  que la protección  de las comunidades se transforme en una tarea  fundamentalmente  a cargo de  los  particulares y no de las autoridades  estatales que  jurídicamente  tienen esa obligación o    bien,  en el otro extremo,  los partidos deciden  finalmente no postular a ningún aspirante a un cargo de elección popular  ya que no existen garantías de que su integridad física será respetada.

En virtud de las condiciones políticas, sociales y económicas imperantes, las tendencias indican que estas serán las elecciones más irregulares y sangrientas de la época moderna