Por: Leonardo Daniel Ruiz Flores

El 19 de septiembre quedó marcado en la memoria colectiva de la clase trabajadora mexicana. No fue solo la fuerza de la naturaleza lo que provocó muerte y destrucción en 1985 y en 2017, sino también la podredumbre de un sistema político que privilegia los intereses de la élite por encima de la vida del pueblo.

El primer sismo, el de 1985, golpeó a las 7:19 de la mañana con una magnitud de 8.1 grados. La Ciudad de

México vio caer edificios, fábricas, viviendas obreras y centros de trabajo, dejando un saldo de dolor y de lucha.

Mientras el gobierno de Miguel de la Madrid reducía las cifras de muertos a un rango de entre 6,000 y 7,000, organismos internacionales como la CEPAL hablaban de 26,000 y las organizaciones populares de damnificados estimaban 35,000. Hasta hoy, no existe una cifra exacta: las vidas de miles de trabajadores y trabajadoras se ocultaron bajo los escombros y bajo la mentira oficial.

¿Y qué hizo el Estado burgués? Miguel de la Madrid no solo tardó en aparecer públicamente, sino que se negó a declarar la emergencia de inmediato, dejando al pueblo abandonado a su suerte. Rechazó en un inicio la ayuda internacional con un falso orgullo nacionalista, mientras que en realidad el régimen priista temía perder el
control político de la tragedia. Cuando finalmente aceptó la ayuda, el gobierno intentó monopolizar la distribución, entorpeciendo la solidaridad popular.
Pero ahí emergió la verdadera fuerza de la clase trabajadora: obreros, estudiantes, amas de casa, campesinos migrantes, todos ellos se lanzaron a rescatar con sus propias manos a miles de sobrevivientes. No esperaron órdenes ni permisos del Estado, porque la vida de su clase valía más que cualquier consigna burocrática. La organización espontánea del pueblo no solo salvó vidas, también evidenció la inutilidad de la clase dominante y sembró un germen de conciencia colectiva que catapultó al derrumbe del PRI.

Ese descontento no tardó en manifestarse. Un año después, en plena inauguración del Mundial de México 1986, desde el balcón presidencial se escuchó un grito que resumía el odio popular contra la élite gobernante: “Paloma Cordero, tu esposo es un culero”. Aquella consigna dirigida a la primera dama no era un insulto aislado, sino la expresión del repudio social hacia un presidente que representaba la miseria, el abandono y la traición de clase.

El terremoto del 85 no solo derrumbó edificios: también agrietó el mito de un Estado fuerte y protector. Mostró que, frente a la tragedia, los únicos que sostienen la vida son los trabajadores, organizados desde abajo y contra la ineficiencia del poder burgués.

Desgraciadamente, la historia volvió a repetirse 32 años después. El 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, un sismo de 7.1 grados sacudió a la Ciudad de México, al Estado de México, Puebla, Guerrero y Oaxaca.

Según la Agencia de Protección Sanitaria, solo en la capital se contabilizaron 228 personas fallecidas, 69 rescatadas con vida y 38 edificios y casas derrumbados.

En apariencia, el gobierno actuó con mayor rapidez que en 1985. Enrique Peña Nieto canceló una gira y se trasladó a las zonas afectadas, activando el Plan DN-III-E del ejército y el Plan Marina. Sin embargo, más allá de la propaganda oficial, fue nuevamente la clase trabajadora la que cargó sobre sus hombros la verdadera labor de solidaridad. Los centros de acopio y albergues temporales que el gobierno presumió como propios fueron en realidad levantados, sostenidos y fortalecidos por el pueblo organizado: obreros, estudiantes, vecinos, colectivos populares. El mérito no fue del PRI ni de Miguel Ángel Mancera —entonces jefe de Gobierno de la Ciudad debMéxico—, sino del pueblo que se volcó a ayudar con sus manos y recursos.

Y, como en 1985, la corrupción volvió a asesinar. Muchos de los edificios colapsados jamás debieron haberse construido, pues se levantaron con materiales de pésima calidad, autorizados bajo la complicidad de autoridades y empresarios que lucran con la vivienda de la clase trabajadora. No solo eso: el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), que debía servir para atender a las familias damnificadas, fue utilizado con opacidad. Miles de hogares nunca recibieron el apoyo completo, dejando a los trabajadores en el abandono mientras los burócratas
se enriquecían.

El montaje mediático también jugó su papel. La televisora Televisa difundió la farsa de “Frida Sofía”, la supuesta niña atrapada en los escombros de la escuela Enrique Rébsamen. Durante días, el pueblo entero siguió cone speranza aquella historia que al final se demostró falsa, un espectáculo que desvió la atención de lo verdaderamente importante: la negligencia del Estado y la corrupción que permitió la existencia de aquella escuela irregular. Cuando la mentira se destapó, Televisa se lavó las manos y culpó a la Marina, mostrando una vez más la alianza entre medios y gobierno para manipular a las masas.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en el PRI. El actual gobierno de Morena también está manchado en esta tragedia. La hoy presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, era delegada en Tlalpan de 2015 a 2017, y bajo su administración se permitió la operación del Colegio Enrique Rébsamen, a pesar de tener construcciones irregulares, como un departamento en la azotea que nunca debió autorizarse. La dueña del colegio, Mónica García Villegas, falsificó documentos y obtuvo permisos fraudulentos con la complicidad de funcionarios locales.
Aunque Sheinbaum no fue imputada, varios de sus subordinados fueron investigados, dejando claro que hubo negligencia administrativa y responsabilidad política. Hasta la fecha no hay justicia real para las víctimas, y difícilmente la habrá en un sistema que protege a los culpables mientras sacrifica a los trabajadores.

El sismo del 2017, igual que el de 1985, mostró una verdad contundente: en este país, los desastres naturales se convierten en tragedias sociales porque la corrupción del Estado burgués y neoliberal convierte la vida de la clase trabajadora en mercancía desechable. Frente a cada ruina y cada muerte, el pueblo se organiza, rescata, alimenta y sostiene la vida. Y frente a cada mentira del gobierno, queda la certeza de que solo el poder de la clase obrera puede garantizar un futuro donde la vida valga más que las ganancias.