Por: Roberto Grajales y Samuel Pech

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la consulta a los pueblos y comunidades indígenas es el procedimiento mediante el cual se presentan a los pueblos indígenas las iniciativas, planes, programas, políticas públicas o reformas institucionales que les afectan directamente, con el propósito de obtener su consentimiento o acuerdo, bajo la idea que este consentimiento sea previo, libre e informado, respecto a toda medida que incida en sus territorios, culturas, valores o prácticas sociales y espirituales.

En el plano jurídico, la consulta se encuentra reconocida en el artículo 2°, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a las autoridades a garantizarla en la elaboración de planes de desarrollo y toda acción que afecte a las comunidades indígenas. Asimismo, su sustento internacional radica en el Convenio 169 de la OIT, cuyo artículo 6 establece que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas, a través de sus instituciones representativas, de buena fe y con el fin de alcanzar acuerdos o el consentimiento sobre las medidas que les impacten.

La consulta ha sido en los últimos años una herramienta de lucha de los pueblos. Sin embargo, en muchas ocasiones la consulta ha sido utilizada no como un medio para conquistar el derecho a la libre determinación de los pueblos, sino, por el contrario, como el fin último de la lucha. Esto ha dado como resultado que, en el mejor de los casos, algunas personas de los pueblos se organicen para interponer amparos para exigir la consulta o para exigir la cancelación de algún proyecto por falta de ésta y, en el peor de estos, que el pueblo no se organice y en cambio sea una organización no gubernamental (ONG) la que siga los procedimientos legales para exigirla. En cualquiera de los dos casos es importante poner sobre la mesa un elemento: en México vivimos bajo un Estado burgués que sirve a los intereses de dicha clase social, la burguesía, por lo que no puede esperarse que en una consulta se exprese la voluntad real de los pueblos, menos si ésta va en contra de los intereses de la burguesía.

Antes de abordar el análisis político de la consulta, es necesario entender qué es el Estado. El Estado, dice Lenin, es el producto y la manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. Partiendo de esa idea, el Estado no puede ser juez y parte en una consulta, es decir, no puede mantenerse neutral ante el fenómeno. Algunas personas argumentarán que la gestión de la socialdemocracia permite tener la perspectiva de los pueblos, sin embargo, como lo expresó Marx, el Estado no podría ni surgir ni mantenerse si fuese posible la conciliación de las clases.

Por lo tanto, pensar la consulta como un fin y no como un medio es aceptar la forma sin desentrañar el contenido. Es pensar que su existencia puede garantizar el contrapeso contra el Estado y es no considerar que el Estado burgués, como aparato de dominación de clase, dispone de una maquinaria que produce no sólo la organización material de la vida, sino también la conciencia de las masas y que puede, de formas materiales, como a través de la represión y el cohecho o de forma ideológica a través de la proliferación de argumentos como “la creación de empleos”, encaminar una consulta a favor de la clase dominante.

En muchos escenarios, el pueblo trabajador, movido por necesidades inmediatas, se enfrenta a mecanismos que, aun bajo la envoltura de la legalidad democrática, lo conducen a validar proyectos que muchas veces son contrarios a sus intereses. Una obra que responde a la lógica del capital puede obtener el “sí” del pueblo, legitimando así el despojo bajo la apariencia de un acto de voluntad popular y perpetuando la explotación. Pero, en este sentido, si el pueblo vota “sí”, ello no es expresión de una decisión libre, sino reflejo del peso de la ideología dominante. La consulta se transforma entonces en un instrumento de neutralización de la lucha social.

Por otro lado, el “no” puede emerger de un trabajo político previo que siembre las condiciones subjetivas necesarias para que el pueblo se reconozca como clase y actúe en consecuencia. Es decir, que el pueblo comprenda que una iniciativa, plan, programa, política pública o reforma no le afectan en lo abstracto por ser pueblo, sino que le afectan en lo concreto por ser parte de la clase trabajadora, la cual el Estado no tiene problemas de sacrificar por el aumento de la acumulación capitalista. No es la consulta en sí la que pone al pueblo, a la clase trabajadora, del lado de sus intereses, sino la acción política organizada, revolucionaria y de clase, que devela las contradicciones ocultas bajo el discurso.

Si nosotros vemos la necesidad concreta de que los pueblos conquisten el derecho a su autodeterminación, debemos, en primer lugar, tener claro que, como se menciona en la Tesis Sobre los Pueblos Indígenas del VI Congreso del Partido Comunista de México, la mayoría de los conflictos actuales que ocurren en las comunidades y pueblos indígenas corresponden a conflictos contra los monopolios y, en segundo lugar, que si bien los recursos legales pueden ser herramientas para luchar, no deben convertirse en el fin de la lucha, de lo contrario se condena a los pueblos a una eterna resistencia sumergida en la pasividad, en la mera defensa ante el continuo ataque capitalista.

Es necesario discutir con aquellas organizaciones que han encontrado en las consultas, amparos y otros recursos legales su única forma de acción, pues como señaló Lenin, los partidarios de reformas y mejoras se verán siempre burlados por los defensores de lo viejo, mientras no comprendan que toda institución vieja, por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por la fuerza de la clase dominante. Y, para vencer la resistencia de esta clase, sólo hay un medio: educar y organizar para la lucha a las fuerzas que pueden, y por su situación social, deben formar la fuerza capaz de barrer lo viejo y crear lo nuevo. La consulta, en este sentido, puede ser utilizada como una herramienta, pero jamás como el camino de la liberación. La consulta, por sí sola no destruye el poder de la burguesía ni abre paso a la construcción de un nuevo mundo.
Por eso, la tarea central no es confiar en el mecanismo de la consulta, sino en la organización consciente y revolucionaria del pueblo trabajador. La consulta, puede entonces, ser un medio subordinado a esa lucha, nunca su horizonte. De lo contrario, como advirtió Lenin, estaremos condenados a ser, en política, víctimas necias del engaño de los demás y del propio, mientras no aprendamos a descubrir los intereses de clase detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas o sociales.

El objetivo de los pueblos y comunidades indígenas, de los sectores populares, de los habitantes de los barrios, colonias y vecindarios de la clase trabajadora, ante los proyectos burgueses que arruinan nuestro medio ambiente, nuestra salud y que ponen en riesgo nuestra vida y la de nuestras familias, debe ser el de organizarnos de manera independiente, con plena conciencia de clase y con la convicción de que la movilización social organizada y masiva es un motor que puede no solamente dar revés a los megaproyectos y desarrollos de cualquier tipo, sino también ponerlos en su propio beneficio con las condiciones que mejor favorezcan a la mayoría del pueblo trabajador, y eso solamente se puede lograr con la toma del poder por la construcción revolucionaria de un Estado obrero, campesino y popular, sin la injerencia del lastre capitalista que, bajo las actuales administraciones gubernamentales de los partidos burgueses, sigue priorizando su enriquecimiento como clase, incluso arrasando con nuestra dignidad, nuestro ambiente, nuestra agua, aire, tierras, pasando vorazmente sobre nuestras vidas.