Por Roberto Grajales

En México, la violencia contra niñas, niños y adolescentes se concentra en los espacios
donde transcurre su vida cotidiana. Tan solo en 2024 se registraron 10,613 atenciones
hospitalarias por violencia sexual contra personas de 1 a 17 años. De ese total, 92.8%
correspondió a niñas y adolescentes mujeres. El 19.7% señaló como agresor a una persona
conocida sin parentesco, 14.7% a otros parientes y 11.1% al padre o padrastro. Entre los niños y
adolescentes hombres, 23.3% identificó a conocidos sin parentesco, 27.1% a otros parientes y
10.1% al padre o padrastro. La mayor parte de estas agresiones ocurrió en viviendas. No se trata,
entonces, de un peligro que venga principalmente de fuera, sino de una violencia que se abre
paso en el entorno inmediato, allí donde la infancia depende de familiares, vecinos y personas
cercanas para su cuidado diario.

Esa realidad no puede separarse de las condiciones materiales en que millones de familias
trabajadoras sostienen su existencia. En 2022 vivían en México 36.3 millones de niñas, niños y
adolescentes, y 10.5 millones tenían menos de 6 años. De estos últimos, 97.5% requería
cuidados. Sin embargo, la principal persona cuidadora fue la madre en 83.2% de los casos y la
abuela en 6.7%, mientras 11 de cada 100 menores de 18 años que requirieron cuidados se
quedaron solos en casa en algún momento del día. Esto deja ver que la protección de la infancia
descansa casi por completo en hogares obligados a resolver el cuidado con poco tiempo, ingresos
insuficientes y largas jornadas de trabajo. Así, la violencia en el hogar no puede explicarse como
una simple costumbre o como una desviación moral de algún familiar sino como parte de una
forma de vida en la que el cuidado ha sido arrojado a las familias trabajadoras sin las condiciones
necesarias para garantizarlo.

La carga del cuidado recae principalmente sobre las mujeres. La Encuesta Nacional para el
Sistema de Cuidados muestra que 86.9% de las personas cuidadoras principales son mujeres y
que ellas dedican, en promedio, 37.9 horas semanales al cuidado, frente a 25.6 horas de los
hombres. Esto significa que, mientras el capital absorbe el tiempo de madres y padres en centros
de trabajo lejanos, salarios precarios y jornadas extensas, la reproducción cotidiana de la vida
queda sostenida por mujeres agotadas y por redes familiares igualmente presionadas. Allí donde
no existe tiempo suficiente para cuidar, acompañar y proteger, se abre paso una situación en la
que la infancia queda expuesta a la soledad, la negligencia y también a la violencia.

A esto se suma la insuficiencia de guarderías. El IMSS reportó en septiembre de 2025 un
total de 1,145 guarderías y 208,214 niñas y niños inscritos. Incluso tomando una capacidad
cercana a 235 mil lugares, la cobertura sigue siendo mínima frente a los 10.5 millones de niñas y
niños menores de 6 años que viven en el país. En otras palabras, el principal sistema formal de
cuidado infantil atiende apenas a una fracción de la población que necesita ese servicio. La
mayoría de las infancias queda fuera y depende del cuidado improvisado de familiares, vecinos o
conocidos, precisamente el mismo entorno donde aparecen buena parte de las agresiones.

Lejos de ampliarse, esa red de cuidado se debilitó todavía más en 2019, cuando se cerraron
las estancias infantiles como parte del cambio en la política federal hacia transferencias directas.
Lo que desapareció no fue un apoyo secundario, sino una parte de los pocos espacios que
permitían a muchas familias trabajadoras dejar a sus hijas e hijos en un lugar relativamente
accesible mientras salían a vender su fuerza de trabajo. Así, el problema del cuidado fue devuelto
de nuevo al hogar, como si cada familia pudiera resolver por sí sola lo que en realidad es una
necesidad social.

Por eso, la violencia que golpea a la infancia y la falta de cuidados suficientes no son
problemas separados. Forman parte de la misma realidad social. Mientras la vida se organice de
modo que la clase trabajadora entregue casi todo su tiempo al trabajo asalariado y cargue en
privado con la crianza y el cuidado, niñas y niños seguirán creciendo en medio de la
desprotección. No basta con condenar la violencia en abstracto. Es necesario luchar por mejores
condiciones de vida, por jornadas más cortas, salarios suficientes y una red amplia de guarderías
accesibles y seguras. Defender los derechos de la infancia exige una nueva forma de organizar la
vida, una en la que cuidar no sea una carga abandonada a las familias, sino una responsabilidad
social garantizada colectivamente.