Por: Cristóbal León Campos

La noticia de la identificación de los restos de Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, a removido los sentimientos de dolor e impunidad que siguen lacerando a la sociedad mexicana, es especial, a los sectores popular-proletarios, que inmersos en la vorágine del capitalismo, se enfrentan cotidianamente a la violación de sus derechos humanos y a la violencia sistémica que los oprime. Ayotzinapa ha sido todo este tiempo, al acercarnos al séptimo año del crimen de Estado, una herida abierta como tantas otras que hay en nuestra América.

La revelación de la identidad de Jhosivani a sus familiares y a toda la nación, tras los estudios realizados por la Universidad de Innsbruck y verificada por Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), deja luz ante el hecho de que “la identificación genética es posible, incluso a pesar del paso del tiempo”, como ha indicado en sus redes sociales el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh). Este hallazgo contribuye de igual forma a terminar de enterrar la llamada “verdad histórica”, con la que pretendió el gobierno de Enrique Peña Nieto, ocultar y tergiversar los hechos y establecer un manto intocable de impunidad, este descubrimiento mediante la investigación que se desarrolla, acrecienta la urgencia de romper por completo ese manto de impunidad y ejercer todo el peso de la justicia sobre los culpables materiales e intelectuales del crimen de Estado, así como sobre quienes de una u otra forma se prestaron para efectuar la gran farsa inhumana con la que intentaron garantizar el silencio culposo que ha involucrado a integrantes de todo el aparato estatal comenzando con el ex presidente Enrique Peña Nieto y continuando con muchos funcionarios, militares, policías, jueces, políticos, medios de comunicación, intelectuales, periodistas, instituciones y demás, que de forma velada o abierta contribuyeron a mantener abierta la herida que ahora vuelve a supurar un fuerte dolor y al mismo tiempo un poco de esperanza por conocer toda la verdad.

El Centro Prodh ha dicho que “necesitamos mecanismos extraordinarios, masivos y con recursos para atender el rezago forense”. Se requiere para la verdad el apego a la justicia y el compromiso humano con los familiares, amigos y todos quienes se han mantenido caminando y exigiendo verdad y justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa, no basta con discursos de buena voluntad ni con actos protocolarios cada día 26. A casi 7 años la clase obrera y popular mexicana demanda que cada pieza que deba ser investigada y cada rincón de la nación de deba ser recorrido sea esculcado hasta lo más profundo, ya sean los cuarteles militares que tanta sangre del pueblo han derramado y encubierto, o las cúpulas de la iglesias, del gobierno, de los partidos políticos o de las instituciones de justicia, todo, absolutamente todo, debe ser cuestionado para conocer los detalles de este atroz crimen de Estado que a pesar de los avances en las investigaciones sigue impune y continúa encontrando en su camino infinidad de obstáculos y manipulaciones.

La información sobre Jhosivani genera una sensación contradictoria, pues si bien significa un avance en la indagación y la esperanza del esclarecimiento de los hechos, también comprueba el grado de degradación que ha alcanzado el capitalismo en México, el crimen de Estado es una aberración que nunca debe repetirse y que sin embargo siempre está latente, y más tras la reciente represión contra jóvenes normalistas de Chiapas y Puebla, la injusticia sistémica manifiesta en la pobreza, la explotación y la violencia, sólo puede superarse con la organización y la memoria proletaria-popular, pues como indica una de las consignas “quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla”.

¡Ayotzinapa es ira, esperanza y dolor vivo que reclama justicia!