Por: Héctor Ramírez Cuéllar

La abierta disputa que se ha declarado entre Alejando Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República y Santiago Nieto, ex encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera revela que en la presente administración no ha habido unidad en la lucha contra la corrupción que se consideró desde un principio que sería el propósito estratégico de la gestión socialdemócrata de la Cuarta transformación pues cada uno de estos altos funcionarios aplicó las medidas que mejor convenían a sus intereses y finalmente presentaron resultados generales francamente deplorables, como lo podemos comprobar con precisión.

En el momento de redactar este comentario, la mayoría de esos medios de comunicación están publicando acusaciones o imputaciones de ambos colaboradores del presidente en el sentido de que han acumulado grandes fortunas individuales, se han enriquecido, sobre todo Nieto pues ya Gertz Manero era un individuo que provenía de una familia acaudalada, se han enderezado acusaciones agraves de que en la presente administración, han adquirido lotes de automóviles de lujo, residencias de alto valor, inversiones en paraísos fiscales, operaciones financieras por lo menos irregulares y otros actos igualmente condenables.

Estas denuncias no provienen de lo que ha denominado la “mafia del poder”, es decir, de grupos ajenos al gobierno si no han surgido de sus propias entrañas, como los videos en donde aparece el señor Esquer, nada menos que secretario particular del Presidente realizando operaciones bancarias irregulares en el pasado inmediato, tomando fondos de fideicomisos que se constituyeron para ayudar a los damnificados y que finalmente se transfirieron a organizadores y dirigentes de Morena.

El Presidente ha dicho que se deben hacer las investigaciones correspondientes, pero nos preguntamos si Gertz Manero se puede investigar a sí mismo, si Nieto todavía figura como un posible integrante del gabinete y, por lo tanto, se puede indagar sobre la fortuna que ha constituido y si todavía es posible que el titular de Ejecutivo los puede considerar honestos, según aconsejan los parámetros morales del actual régimen o si se puede confiar en la Secretaria de la Función Pública y en los órganos fiscalizadores internos.

En virtud de las acusaciones que se han lanzado entre si los citados funcionarios, es factible concluir que mientras Nieto trataba de hacer un gran carrera propagandística, con la finalidad de escalar cargos públicos de mayor nivel, el titular de la Fiscalía se mostraba incapacitado para integrar una serie de averiguaciones previas importantes contra los miembros del gobierno de Peña Nieto y mezclaba una serie de asuntos personales o familiares, que estaba o están en litigio, con sus propias responsabilidades oficiales. Es decir, cada uno de ellos actuaba por su cuenta propia, atacándose mutuamente, sin estar conscientes de que ambos tenían una misión política de alto valor para la República, el combate a la corrupción en los escalones de poder más elevados.

Estas contradicciones, que finalmente se manifestaron como debilidades en el seno del régimen, explican el fracaso jurídico de las acusaciones que se hicieron contra los colaboradores de Peña Nieto, pues solo está vigente una averiguación previa, la del ex senador Lavalle, el resto no ha progresado, ya que todas las revelaciones de Emilio Lozoya han sido solo aparatosas y mediáticas, pero insuficientes, para integrar una imputación seria y consistente por lo que este asunto solo quedó anclado en la esfera de la propaganda política a favor de López Obrador, pero que no tuvo, no ha tenido, hasta hoy ninguna consecuencia legal sobresaliente o importante, lo que retrata la inepcia de Gertz Manero y de su equipo.

Mientras del Presidente ha declarado que la corrupción ha sido erradicada en los altos niveles del gobierno, lo cierto es que existen en curso una serie de acusaciones contra sus hijos, familiares diversos, que han sido implicados en actos de corrupción y manejo irregular de recursos oficiales, las acusaciones contra Manuel Bartlett y su concubina, la adjudicación de cientos de contratos de obras y de prestación de servicios en forma directa a empresas privadas y no por medio de concurso, el manejo partidario de los recursos de los programas sociales, entre otros asuntos, los cuales se mantienen “congelados” en las instancias gubernamentales y solo quedan en el plano de los ataques de carácter político.