Por Enrique G. Orozco

 

El pasado 18 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acta en el municipio de Ensenada, en presencia del ahora exgobernador Jaime Bonilla Valdez y la actual gobernadora Mariana del Pilar, en donde se estipula la legalización de los llamados carros “chocolate” en los estados de la franja fronteriza del norte del país, es decir de aquellos vehículos que no fueron adquiridos con un monopolio automotriz.

Ante esta situación, e incluso días antes de que dicha acta fuese firmada, algunas empresas se mostraron en contra de esta acción argumentando que sería negativa para la sociedad, ya que incentivaría la entrada de carros conseguidos por medios ilícitos y que, al mismo tiempo, servirían al crimen organizado, siendo una de éstas la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), autodenominada como sindicato patronal (es decir, un monopolio empresarial) dirigida por José Medina Icaza, y otra de igual opinión era Anapromex. Esta última es una empresa encargada de entregar amparos a los dueños de este tipo de vehículos con el fin de que no sean llevados al corralón, pero tampoco los legaliza. Ambas empresas atacan esta decisión gubernamental desde un punto de vista “social”, pero la realidad es que lo hacen desde intereses burgués-capitalistas, ya que el trasfondo de sus quejas se relaciona directamente con sus probables pérdidas económicas.

En el caso de la COPARMEX, ésta sí señaló que la legalización de los carros “chocolate” se traduce en una pérdida económica, ya que, según ellos, perderían un grupo considerable de compradores, lo que a su vez afectaría a miles de empresas. En el caso de Anapromex, si bien no han declarado sobre pérdidas económicas, la afiliación de miembros en interés de ampararse tiene un costo de alrededor de 4,000 pesos.

Si bien el disgusto de COPARMEX podría tener un fundamento “teórico”, en realidad en la práctica no lo tiene pues el grueso de la población no tiene el sustento económico suficiente para adquirir automóviles nuevos o usados directamente de las grandes empresas automotrices. Las personas trabajadoras se ven orilladas a comprar vehículos con placas estadounidenses por necesidad. Un carro usado con placas nacionales o fronterizas – aun así, tengan más de diez años de antigüedad – por lo general rebasan los 35,000 pesos y presentan fallas mecánicas menores o defectos estéticos cuya reparación igual recaerá en el comprador.

Los compradores de los carros “chocolate” son los obreros, al estar estos vehículos dentro de sus posibilidades económicas. En el caso de Tijuana, como de las grandes ciudades industriales del noroeste y noreste de México, el carro ha sido convertido en una necesidad de los trabajadores para poder transportarse a sus centros de trabajo debido a la mala o nula planeación urbana de la ciudad y, en mayor medida, por la ineficiencia del transporte público, lo cual distinguía a las administraciones pasadas (PRI, PAN, etc.) y también a la actual (Morena, PT, PVEM, etc.). Así, el argumento de la COPARMEX se desvanece al quedar de manifiesto quiénes son realmente los compradores del tipo de automóviles en cuestión.

En cuanto al tema de seguridad pública, el argumento del presidente López Obrador y lo publicado en el Diario Oficial de la Federación redunda en que estos carros son, debido a la imposibilidad de rastrearlos al no encontrarse registrados ante el Estado, los principales vehículos utilizados por criminales para cometer sus actividades. Y debido a estas razones tanto la COPARMEX como Anapromex han dado visto bueno y apoyo a este proyecto de legalización. Por otro lado, es ilusorio pensar que por el simple hecho de registrar un automóvil el índice delictivo bajará, como por arte de magia, sin la obligatoriedad de realizar un trabajo verdaderamente eficiente contra el crimen organizado.

Es una realidad que registrar vehículos para tenerlos legalmente en propiedad, sin constante hostigamiento policial o militar de por medio, en cierta medida es un beneficio para la clase trabajadora. No obstante, no es ni lo más óptimo ni es lo único que queda por hacer. En ciudades modernas, altamente gentrificadas y en expansión, el fomento de la compra de automóviles, así como un mayor número de éstos, provoca más tráfico y contaminación. Lo que se necesita, en parte, es 1.- fomentar el uso de vehículos alternativos, que no contaminan ni afectan al bolsillo de los trabajadores y 2.- implementar un transporte público, masivo, seguro y eficiente, para lo cual se debe atacar el monopolio privado del transporte organizado en gremios empresariales disfrazados. Sin embargo, cabría hacer la pregunta de si incluso estas medidas son posibles bajo una sociedad capitalista.

Queda para otra ocasión analizar a fondo el decreto presidencial en la materia, el cual parece quedar bien con todos los intereses burgueses confrontados entre sí, al enfrentar este problema tímidamente y con soluciones a medias, mientras los trabajadores se verían obligados a recompensar a las grandes automotrices con futuros endeudamientos a plazos “convenientes” mediante proyectos de corte estatal que impulsen las ventas de las grandes distribuidoras, o bien pagar más impuestos por sus automóviles al salir del territorio de legalización.

Como he mencionado anteriormente, esta decisión gubernamental parcialmente beneficia a un gran número de trabajadores. Sin embargo, como comunistas y desde un punto de vista crítico debemos reflexionar al respecto, dialogar con nuestros compañeros de trabajo y/o estudio sobre por qué tal medida no acaba con el problema de la movilidad y las vialidades en la ciudad; así como que este tipo de paliativos buscan que equivocadamente consideremos a la socialdemocracia reunida en Morena, durante las próximas elecciones, como un partido que aboga por los trabajadores, cuando esto último no es así. Mientras no se ataque el problema de raíz, o más de cerca, únicamente se maquilla a la bestia capitalista con el fin de que el proletariado subsista y parezca menos miserable junto a ella.