Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

Desde hace por lo menos un año, está marcha, por parte del gobierno que preside Andrés López Obrador, un proceso mediante el cual se pretende, primero, la nulificación del Instituto Nacional Electoral, INE y después su captura política definitiva tratando de colocar en sus puestos directivos a funcionarios y políticos que sean totalmente adictos a Morena, con lo que, de producirse, este asalto, se retrocedería gravemente en la lucha por la democracia política en nuestro país.

Se trata de aplicar la misma táctica que se implementó en torno a la integración a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Federal Electoral, el INEGI, de la Junta del Banco de México, en la composición de los organismos autónomos que aún subsisten formalmente, otros han desaparecido o los han dejado sin sustento financiero suficiente y en términos generales, estamos ante un avance notable, en el dominio político de las instancias institucionales, por parte del grupo que está en el poder.

Si tomamos en cuenta que, con anterioridad, el gobierno controlaba la organización, la calificación y la distribución de cargos públicos, sobre todo en la larga etapa en la que operó la Comisión Federal Electoral, que estaba supeditada por la Secretaria de Gobernación, el INE, no obstante las limitaciones de origen que tuvo, significó un paso positivo, hacia adelante, en la construcción de la democracia política burguesa en la que vivimos. Ahora ese paso progresivo, puede desaparecer si se consuman los planes que tiene la dirección política de Morena, por instrucciones directas del Presidente, que tratará de subyugar al nuevo organismo electoral, que surja sin duda de estas escaramuzas que se han originado por el asunto de la revocación de mandato.

Una de las grandes deformaciones del INE consistió en que los Consejeros, que de acuerdo con la ley, eran o debían ser ciudadanos independientes, en realidad fueron repartidos mediante cuotas de poder a los partidos políticos nacionales y así actuaron en consecuencia. Ahora el peligro reside en que los nuevos funcionarios sean designados por Morena y sus aliados, es decir, se repetirá la misma historia política del pasado reciente, pero ahora con otros beneficiarios.

De conformidad con este diseño burgués, el INE se encuentra transitando por un campo minado pues si realizaba la consulta sobre la revocación de mandato del Presidente y estaba no resultaba satisfactoria y útil a los deseos y a los planes de López Obrador, sería atacado enérgicamente por este, afirmando que se obró así en forma deliberada y consciente, para tratar de perjudicarlo, pero si, por el contrario, no se realizaba este ejercicio también sería condenado por el gobierno y su partido pues podría ser objeto de juicio político, de imputaciones ante la Fiscalía General de la República y ante la Suprema Corte de la Nación, afirmando que los Consejeros habían incurrido en desacato y, por lo tanto, serian objeto de graves sanciones penales y administrativas.

El Presidente desprecia profundamente al INE no por las fallas, las deficiencias, por los altos costos financieros, la excesiva carga burocrática, que tienen su operación y su funcionamiento, no obstante que en las últimas elecciones Morena obtuvo el reconocimiento de importantes cargos electorales, confirmándolo como un partido mayoritario, sino porque desea controlarlo políticamente para asegurar una posible continuidad en el poder, una extensión del mandato o de plano un segundo periodo presidencial o bien para hacer factible la permanencia de Morena en el poder durante un largo periodo, y para ello necesita que por lo menos la mayoría de los nuevos consejeros le obedezcan ciega y mecánicamente, que cumplan en forma estricta con sus instrucciones y que sean leales vasallos de su voluntad política.

Aunque desde el punto de vista formal, este es un proceso de revocación del mandato del Presidente, en la realidad, en la práctica, en el marco de la organización especifica de la consulta, está en marcha un proceso de ratificación, por lo que se trata de un concepto político notoriamente diferente. Desde un principio, no hubo propaganda de los partidarios de la revocación del mandato de López Obrador, pero sí mucha publicidad de parte de los seguidores del Presidente que fueron los que desnaturalizaron este proceso pues en todo momento defendieron su permanencia y continuidad en el poder, como si fuera el propósito de la fallida consulta que estaba viciada de origen.

Se formaron varias agrupaciones civiles, las cuales en realidad eran grupos de miembros, simpatizantes y amigos de Morena, se movilizaron los gobernadores, los presidentes municipales, los senadores, los diputados, y en general los funcionarios públicos de ese partido quienes hicieron notar, en forma, persistente, que no se trataba de un proceso de revocación sino de confirmación en su cargo por parte del Presidente, no obstante que desde el punto de vista jurídico esto no era así.

Los últimos acontecimientos confirman lo que habíamos señalado con anterioridad, ya que en realidad se trata de un escalada política para eliminar a los Consejeros del INE acusándolos ante distintas instancias jurisdiccionales de la comisión de varias faltas y delitos, pero no con la finalidad que estas imputaciones tenga éxito legal, sino de debilitar a este organismo electoral, en su conjunto, con el propósito primero, de justificar su desmantelamiento y después su nueva integración, con un dominio político avasallante de Morena y para ello se prepara la correspondiente reforma a la legislación electoral.

La maniobra es la misma, en el pasado el beneficiario era el PRI y ahora lo será Morena.