Ilustración de Juan Recabarren

Por: Héctor Ramírez Cuéllar

La reforma laboral, iniciada propiamente en el mes de febrero del año 2017, ya está en marcha, aplicada por la Secretaria del Trabajo, en colaboración con el  Poder Judicial de la  Federación y de otras dependencias del gobierno federal, ya que,  se trata de un importante compromiso que se tiene con el gobierno de los Estados Unidos, contenido en forma detallada en el T-MEC, del cual dependen muchos factores para asegurar la recuperación económica, e incluso el futuro inmediato del país. La implementación de los cambios legales, administrativos y políticos está monitoreada estrechamente por distintivos órganos del gobierno de los Estados Unidos de tal manera que cualquier retraso o modificación en que incurra el régimen de Andrés Manuel López Obrador originaría muchas presiones y exigencias por parte de la administración Biden.

Se trata de una legislación de carácter internacional, es decir, se está aplicando en muchos países del mundo capitalista y en forma específica en América Latina y tiene como finalidad esencial, asegurar la tasa de ganancias de las empresas norteamericanas y sus filiales nacionales,  en el marco de la actual confrontación que se tiene con la República Popular China, estableciendo sistemas de organización, verificación,  de contratación de mano de obra muy flexibles, es decir, que puedan ser modificados muy rápidamente en función de los requerimientos de las inversiones norteamericanas, a efecto de que los trabajadores solo tengan como opción afiliarse a las centrales  sindicales de corte reformista y conciliatorias frente a los empresarios capitalistas.

En realidad, la citada legislación, en sus aspectos fundamentales o esenciales, no se originó en México sino en los Estados Unidos y   para ello se  contó con el apoyo y la promoción de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el aspecto jurídico y en el terreno político con el respaldo de la American Federación Of Labor,  de la llamada Confederación Mundial de Trabajadores y de otras entidades de similar naturaleza cuyos dirigentes están asociados ideológicamente con las directivas  de los grandes monopolios de la Unión americana y de varios países europeos y que pretenden suministrar una determinada estabilidad en la vigencia de las relaciones obrero patronales de corte capitalista, para evitar o disminuir estallidos  de la lucha de clases.

En nuestro país, desde el punto de vista legal o parlamentario, los representantes de la CTM impulsaron la aprobación, después de muchos años  de haberse emitido, por parte de la Organización Internacional de Trabajadores, OIT, del convenio 98 que establecía los principios de la libertad sindical y de la  negociación colectiva y que durante muchos años no se aplicó en  nuestro país porque así convenía a los gobiernos emanados del PRI para proteger a las organizaciones obreras que le eran  leales y que estaban afiliadas al partido oficial, por lo que en el mes  de septiembre de 2018 el Congreso de la Unión aprobó ese convenio que con constituye  una de las bases más importantes de la reforma laboral.

Una lectura del citado Convenio 98 nos permite confirmar la existencia de una trampa de carácter político pues contenía muchos aspectos valiosos, como la libre afiliación de los trabajadores a los sindicatos de su preferencia y la discusión y aprobación de parte de los obreros de una empresa, del contenido y las características del contrato colectivo.  Estas exigencias expresadas en el marco de un contexto político concreto, eran y son positivas, incluso fueron expresadas y defendidas por distintas agrupaciones y militantes de la izquierda socialistas, pero conviene preguntarse  por qué no se observaron antes y ahora se presentaron con una justa victoria tardía  de los trabajadores, como el reconocimiento de un avance jurídico que nadie, en forma sensata, podía rechazar.

A partir de las elecciones presidenciales ocurridas en el año de 1988, las organizaciones obreras afiliadas al Congreso del Trabajo y que formaban parte del sector obrero del PRI, entraron a una crisis interna, de la cual ya jamás se recuperarían,  pues la mayoría de sus aspirantes u  ocupar cargos públicos, perdieron en los comicios, ya no fue posible  asegurar en forma coactiva que el sufragio  de los trabajadores se canalizaran favor de ese partido, ese partido dominante, entró en una fase de declive, los procedimientos de control, manipulación, y   engaño a que se sometieron a los trabajadores por un largo periodo de tiempo, perdieron  su eficacia, el Congreso del Trabajo, como organismo obrero supuestamente representativo, dejó de funcionar, las grandes centrales obreras entraron a una etapa de debilidad social y política extremas,   los dirigentes sindicales oficiales apoyaron  a pie juntillas, las políticas  neoliberales, sobre todo  aquellas que  sacrificaron el poder adquisitivo de los salarios, el abatimiento de los  consumos sociales y familiares y el denominado movimiento obrero se dejó de ser un factor importante para el gobierno sobre para  el que encabezó Enrique Peña Nieto,  que se entregó por completo a los brazos de las  grandes empresas extranjeras, a las prácticas  de corrupción más desenfrenadas y muchos líderes obreros en la realidad y en la práctica ya no apoyaron  al PRI pues habían perdido la autoridad y la representatividad que aluna vez tuvieron  y sus bases, por lo tanto, los rechazaron.

Mientras las organizaciones de trabajadores conformaron la fuerza social y política del PRI se ignoró la aplicación del Convenio 98 de la OIT porque iba en contra de la hegemonía de ese partido y de la clase social que estaba en el poder, pero una vez que esta dominación entró en crisis sí se ejecutó ese acuerdo fundamental,  sobre todo porque la CTM dejó de ser una agrupación necesaria para el sostenimiento del aparato del estado. A ello debemos agregar que la AFL,  que sostenía  relaciones amistosas y cordiales con esa agrupación, dejó de hacerlo y como siempre puso  por delante su alianza con  los monopolios yanquis, el Congreso del Trabajo se extinguió  abandonado su papel de  interlocutor  oficial del gobierno, y la llamada fracción obrera del Congreso de la Unión también desapareció dejando el campo libre a los  diputados del  Sector Popular que nunca se preocuparon por la defensa de los derechos de los trabajadores.  Continuará…..