Por: Héctor Ramírez Cuéllar

La Secretaria de Educación Pública (SEP) anunció recientemente que desaparecerán las escuelas de tiempo completo, mismas que, beneficiaban a 3.6 millones de niños y que había venido funcionando desde el periodo gubernamental del panista Felipe Calderón, con muy buenos resultados. Incluso varias agencias internacionales, especializadas en esta materia, habían hecho evaluaciones muy serias y positivas y habían concluido que se trataban de un programa que beneficiaba sobre todo a los niños hijos de familias pobres, recomendando a los distintos gobiernos que lo replicaran en sus respetivas jurisdicciones.

El referido programa, como debe recordarse, consistía en una jornada ampliada de los niños en los planteles educativos, conformada por un periodo de ocho horas diarias, en cuyas estancias se contaba con un almuerzo frío por las mañanas y una comida caliente al terminar la jornada de trabajo, en la cual también se incluían materias extracurriculares como educación artística, deportes y actividades culturales.

Los padres de familias, sobre todo aquellos que laboran en jornadas larguísimas y extenuantes que caracterizan a la economía nacional, dejaban a sus hijos en las escuelas a las 8 horas, los recogían a las 15 horas, satisfechos como estaban que habían sido beneficiados de unos cursos aumentados y enriquecidos, en cuyo periodo habían tenido, además, acceso a dos alimentos por lo menos durante el día.

Este programa mostró más aún sus aspectos positivos a raíz de que el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también canceló las guarderías infantiles y, por lo tanto, millones de padres de familias se vieron privados de este servicio. Ahora mismo, esos trabajadores están protestando contra la desaparición de las escuelas de tiempo completo, ya que, han perdido un apoyo gubernamental muy importante. En el texto del acuerdo presidencial se establece que esta medida tiene la finalidad de destinar esos recursos a los programas de rehabilitación de la infraestructura de los planteles educativos que sobre todo fueron dañados durante la época de la pandemia, pero no se hace ninguna alusión a la existencia de irregularidades y de actos de corrupción que se había pretextado en el pasado inmediato en decisiones de esta naturaleza, de las que por cierto jamás se presentaron denuncias concretas ante las autoridades correspondientes.

La decisión del Presidente de cancelar las escuelas de tiempo completo no ha sido explicada por la Secretaria de Educación Pública, por lo que, ha suscitado una protesta muy amplia entre la clase trabajadora, al grado de que 7 gobernadores, algunos miembros de Morena, han anunciado que ellos, utilizando recursos fiscales de respectivas entidades federativas, seguirán financiando estos cursos, lo que demuestra que esa determinación no tiene consenso ni siquiera en el seno del partido gobernante, y que solo se trata de una medida tradicionalista de austeridad, cancelando sin ningún fundamento un programa muy importante, que tiene méritos suficientes y objetivos muy claros de utilidad social, decisión tomada solo porque así lo desea el titular del Ejecutivo.

Hasta hoy ningún funcionario, dirigente político o social ha justificado el cierre de esos cursos, nadie ha señalado deficiencias de carácter pedagógico o posibles fallas de naturaleza administrativa, que podrían avalar esa decisión oficial, lo que se demuestra que en realidad no existen argumentos sólidos para fundamentar esa medida, sino, únicamente la necesidad de favorecer las grandes inversiones que demandan obras públicas que interesan y ocupan al gobierno federal. Se ha dicho en forma reiterada que uno de los objetivos de este régimen consiste en satisfacer las necesidades de los pobres y precisamente las escuelas de tiempo completo tienen la finalidad de ayudar a los trabajadores de escasos recursos económicos, por lo que el Presidente está incurriendo en una auténtica contradicción de esencia.