Por: Héctor Ramírez Cuéllar

Muy pocas veces, en la historia política contemporánea de nuestro país, habíamos presenciado un hecho tan vergonzoso como el que se suscitó hace algunos días, al aprobar las Cámaras de Diputados y de Senadores, una violación flagrante de la Constitución pues, se autorizó que hubiese propaganda política en el marco de la veda electoral que está en marcha, ya que, se prepara la consulta para la revocación del mandato presidencial. Sin observar siquiera las formalidades jurídicas y procesales más elementales, tanto el Presidente de la Mesa Directiva, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, como el Presidente del Senado, Ricardo Monreal, aplicaron el conocido fast track , es decir, no respetaron ninguno de los trámites que señala la Ley Orgánica del Congreso, la admitieron a discusión. No la turnaron a ninguna comisión, se puso a votación casi de inmediato, se aprobó rápidamente, sin que los legisladores la hubiesen leído o conocido y estudiado, con la seriedad que se requería, y pasó a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor unas cuantas horas después.

La conducta asumida por la mayoría de los diputados y de los senadores de Morena no indica lealtad, identificación o adhesión al Presidente de la República sino sumisión, obediencia ciega y sometimiento absoluto, ya que, se pretenden legalizar hechos políticos que ya sucedieron, pues el gobierno y Morena han erogado cientos de millones de pesos para el financiamiento de la propaganda que insiste en la ratificación y en la continuidad del Presidente de la República en su cargo, pero no en su revocación como lo señala la ley de la materia. Era necesario tener una cierta fundamentación jurídica para justificar estos gastos y actividades que son abiertamente violatorios de la Carta Magna.

La maniobra es evidente: la modificación legal aprobada con la celeridad a que hemos referido, fue impugnada de inmediato por el Tribunal Federal Electoral, indicando que este modificación no es aplicable en este proceso que está en marcha, ya que, una de las características básicas de las leyes consiste en que su aplicación no puede ser retroactiva, no se pueden aprobar cambios o reformas cuando los preparativos de una elección están en curso y además las Cámaras del Congreso de la Unión no están facultadas para interpretar las leyes ya que esta es un atribución de los organismos del poder Judicial.

También se adelantaron los empleados del Presidente a la posible y factible demanda de inconstitucionalidad que interpondrán los partidos de oposición, calculando que cuando la Suprema Corte de Justicia emita su dictamen al respecto ya habrá pasado el 10 de abril, fecha en que se consultará sobre la revocación del mandato y por lo tanto estaríamos ante un hecho consumado. Los trámites que realiza la Comisión de Quejas del INE también requieren por lo menos de varios días para documentar las violaciones en la materia, emitir sus resoluciones para que la apliquen a los partidos afectados, pero esta etapa también ya sería demasiado reducida y por lo tanto tampoco habría tiempo para que estas sanciones entraran en vigor, antes de la fecha ya señalada.

Debemos recordar que la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación también con una sospechosa rapidez, pues apareció en estas páginas unas cuantas horas después de que fuera aprobada por la Cámara de Senadores, indicando con ello la preocupación extrema que tiene el Presidente respecto de este asunto. También se estaría justificando jurídicamente la gran movilización política que se efectuará con motivo de la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles, ya que, se trata de un enorme despliegue publicitario en torno de una obra pública importante, también en clara vulneración a las leyes de la materia.

En otro contexto, esa modificación oscura y precipitada, pretende legalizar la propaganda política que realicen las entidades gubernamentales en torno a las 4 elecciones que habrá próximamente, en donde los candidatos de Morena tienen resultados adversos, por lo menos en dos de ellas. Seguramente, el Presidente viajará a esos estados para respaldar a estos candidatos ya sin ninguna presión ni obstáculo, pues la Cámara de Senadores abolió las restricciones que había al respecto.

El senador Ricardo Monreal, en una entrevista que concedió al periodista Joaquín López Dóriga, admitió que esa modificación tenía algunos aspectos cuestionables y discutibles, hablando él como especialista en derecho que es, pero que esperaba que fuera el Poder judicial quien dictara la última palabra al respecto. Al escuchar estas respuestas sibilinas, me pregunto yo que, si esta reforma tenía fundamentos dudosos y precarios, entonces ¿por qué fue aprobada por la mayoría de Morena en la Cámara de Senadores?, ¿por qué no ejerció su facultad como cámara revisora para que realizara las correcciones y adecuaciones correspondientes a la minuta que le envió de la Cámara de Diputados?

La respuesta es muy sencilla: no les importa ni les interesa la congruencia jurídica de las normas que aprueban, ni la solidez de los argumentos que se esgrimen y que les deberían servir de sustento, sino solo aprobarlas mecánicamente para satisfacer las indicaciones que señala en forma imperativa el Presidente de la República, que se comporta a su vez como si fuera el supremo y único legislador nacional, lo cual indica que existe una evidente y sistemática trasgresión del principio de la separación de poderes, ya que, México es formalmente una república federal y representativa, pero en la realidad política y social esto no es así.

Al leer algunos de los órganos de prensa más importantes de nuestro país, observamos que no existe ningún partido o grupo político que esté exigiendo la separación del cargo al licenciado López Obrador y por lo tanto al no existir esta actitud opositora, no se entiende ni se justifica el hecho de que el gobierno federal, los gobernadores de los estados, los diputados y los senadores de MORENA, estén gastando cientos o miles de millones de pesos para financiar la campaña de la ratificación del mandato, ya que, no existe de una manera formal ninguna resistencia a esta tendencia, que es la que seguramente prevalecerá el 10 de abril próximo. Si esto es así, entonces las razones de esta campaña publicitaria sumamente costosa, contraria a la austeridad que preconiza el actual régimen, tiene otras motivaciones políticas, de las cuales pronto daremos cuenta.