Por: Héctor Ramírez Cuéllar

En el momento de redactar este comentario, el Instituto Federal Electoral todavía no ha identificado a los responsables de la firma QUE SIGA AMLO que ha estado organizando y financiando la gigantesca campaña publicitaria que por lo menos se ha desarrollado en 22 entidades federativas, en la cual se insiste en la continuidad del Presidente de la República en el cargo que ostenta, lo que significa una clara y sistemática violación de la Constitución que prohíbe en forma indubitable esta propaganda. Es necesario saber quién o quiénes dirigen a esa empresa, los montos de los gastos erogados, su origen y procedencia y las relaciones que tienen con Morena y los órganos del poder público.

El proceso jurídico continua en forma intensa a una semana escasa de esta consulta en la cual el INE ha interpuesto por lo menos en 8 ocasiones una serie de medidas cautelares contra actos propagandísticos que ha promovido el Presidente, el Tribunal Federal Electoral está RATIFICANDO todas las resoluciones que emite el INE en esta materia, rechazó la constitucionalidad de la interpretación que hicieron los diputados y senadores de Morena en materia de propaganda política declarando que no se puede aplicar en esta consulta y los partidos de oposición han presentado recursos de apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pocos días de que se lleve a cabo la jornada del 10 de abril.

En el pasado reciente, desde las filas de la izquierda, se censuraba el hecho de que el gobierno federal, los gobiernos de los estados y de los municipios, los titulares de las dependencias de la administración pública, ya fuere en forma clara y en otras en forma encubierta realizaban actos de propaganda política, de apoyo, a favor de los candidatos del PRI a los distintos cargos electorales, afirmando que esta intervención indebida generaba una competencia absolutamente desleal e inequitativa a su favor. Así nació la caracterización que se hizo del PRI como partido de estado, como un instrumento político del gobierno en turno, el cual estaba encargado de hacer triunfar, de una manera o de otra, a los aspirantes a los cargos de elección popular, los cuales no se comportaban como representantes políticos del pueblo sino como meros servidores obedientes del jefe del Ejecutivo. También debemos rememorar que ésta viciada estructura de poder y de mando, se reproducía en los estados con los gobernadores y en los municipios con los presidentes o alcaldes.

Todavía recordamos, por ejemplo, la publicidad excesiva que impulsó el presidente Vicente Fox a favor del candidato del PAN, Felipe Calderón, que sin duda influyó en su triunfo político y que fue precisamente el candidato Andrés Manuel López Obrador quien insistió en que se prohibiera esta participación, aceptándola todas las fuerzas políticas, por lo que fue posteriormente incorporada a la legislación electoral, considerando que se trataba de un avance muy positivo en la equidad que debía existir en los procesos electorales.

Ahora la situación es distinta pues ha sido el Presidente López Obrador quien ha violado la Carta Magna en forma reiterada y retadora y esta misma conducta la han asumido la Jefa de Gobierno de la ciudad de México, los gobernadores de Morena, los diputados federales y locales y otros muchos funcionarios públicos quien han solicitado permiso para ausentarse transitoriamente de sus puestos precisamente para convertirse en propagandistas de la llamada ratificación del mandato, a sabiendas de que están vulnerando un precepto jurídico que está muy claro y cuya validez ha sido ratificada por el Tribunal Federal Electoral.

En el pasado también señalábamos que la transferencia de recursos públicos de los distintos órganos del gobierno hacia el PRI constituían procedimientos no solo ilegales, sino también antidemocráticos, haciendo notar que ya los partidos políticos registrados percibían sus prerrogativas mediante un mecanismo de distribución que aprobaba y aplicaba el órgano electoral sobre la base de un criterio de proporcionalidad y que, por lo tanto, olvidado ya que cualquier cantidad adicional que se les entregara era condenable e improcedente, exigiendo que se implantaran mecanismos muy rigurosos de control y de auditoria de esas operaciones fraudulentas. Ahora esa crítica del pasado ya se ha olvidado, ya que, encontramos fuertes sumas de dinero que se están gastando en la campaña por la revocación del mandato, sin tener precisión de sus montos, de los costos de los anuncios, de sus contratistas responsables y promotores, y de sus nexos con Morena y con el gobierno en los distintos niveles.

Habíamos declarado en forma insistente que debía existir una separación nítida y tajante entre el partido que estaba en el gobierno y los propios órganos de la administración pública, pero en la actualidad esta distinción indispensable que debe funcionar en los estados modernos, ya también se ha diluido pues las decisiones que ha tomado Morena están perfectamente identificadas con los propósitos, las actuaciones y las finalidades del régimen actual, pero no lo hace desde una posición de coordinación o de autonomía, independencia, entre instituciones diferentes sino de integración y de subordinación, con respecto del titular del Poder Ejecutivo.