Por: Héctor Ramírez Cuéllar

La semana pasada, en un solo día, ocurrieron 121 asesinatos, la cifra más alta de la historia reciente. De la misma forma, se confirmó la tendencia que asegura que en este gobierno se superarán los datos que se habían tenido en los últimos dos gobiernos y que el régimen que encabeza Andrés Manuel López Obrador registra más homicidas que los que hubo en el periodo de Enrique Peña Nieto y más aún de los que se produjeron en el sexenio de Felipe Calderón. Pero el Presidente niega en forma constante esta realidad dramática y piensa que cambiando el nombre del Triángulo Dorado, que comprende áreas comunes de Sinaloa y de Durango, en donde domina desde hace muchos años el narcotráfico, desaparecerá este fenómeno, indicando que es propio de los conservadores afirmar que algunas regiones del nuestro país están controladas por la delincuencia organizada. La misma verborrea, pero cero resultados concretos y específicos. Cambiando el nombre, no desaparece en forma milagrosa, la realidad social a que se refiere.

El Presidente, ante el incremento explosivo de los hechos de violencia, ha declarado en forma reiterada que continuará con la conocida política de “abrazos y no balazos” porque, dijo, que iba al fondo de estos graves problemas, que él no es partidario de desatar una represión generalizada en contra de los delincuentes “porque son seres humanos que tienen derechos” y que todos los días se reúne el Consejo Nacional de Seguridad para dar seguimiento a estos sucesos trágicos y dictar las medidas más pertinentes.

Los datos que se publicaron en esta materia provienen de fuentes oficiales y, por lo tanto, no son afirmaciones fantasmagóricas o malignas que tengan la finalidad de atacar al gobierno si no pretenden, con rigor profesional, presentar estos elementos informativos y empíricos sobre estos fenómenos, que ya forman parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos, con el propósito de evaluarlos de una manera científica y de tomar una serie de medidas que permitan enfrentarlos de una manera crítica y autocrítica y superarlos, en beneficio de la sociedad en su conjunto, pero el Presidente los desautoriza, los rechaza, no les concede importancia y solo afirma que se trata de invenciones de sus enemigos políticos.

Existe un falso dilema: o continúa la política de tolerancia y de condescendencia hacia los miembros de los grupos de la delincuencia organizada, o bien se impulsa una política de mano dura, de violencia extrema, que niega los derechos humanos. No. Se trata de que las dependencias gubernamentales, de conformidad con la legislación vigente, apliquen medidas racionales, científicas, eficaces y oportunas, sobre todo en contra de quienes comenten todos los días asesinatos, secuestros, extorsiones y que, en la absoluta mayoría de los casos, no son detenidos ni llevados ante los órganos jurisdiccionales competentes. No se trata de aplicar una política de represión general, pero tampoco de plena y casi total impunidad contra ese tipo de delincuentes.

La conocida política de “abrazos y no balazos” tiene una cierta justificación teórica ya que se refiere a eliminar las causas sociales más profundas de la violencia y de la criminalidad, pero atiende a individuos que apenas se inician en ese tipo de actividades, pero no a quienes ya forman parte de organizaciones profesionales que tienen una sólida estructura, una gran operatividad en sus tareas, que incluso son de alcance internacional, y que forman parte de los mecanismos mediante los cuales el sistema económico actual impulsa la rotación en el movimiento de los flujos de dinero, ya que esta es una de las premisas para el incremento de la tasa de ganancia y, por lo tanto, representan uno de los pilares del capitalismo.

Es necesario precisar también que la mayor parte de los homicidios que se cometen en nuestro país proviene de los grupos de la alta delincuencia organizada, es decir, se trata de ajustes de cuentas, atentados contra quienes se niegan a pagar extorsiones o “derechos de piso”, conflictos entre bandas rivales por el dominio de los mercados de drogas y que, por lo tanto, deben ser enfrentados con una serie de sistemas de inteligencia policial y de procedimientos de carácter técnico de elevado nivel, de equipamiento y fortalecimiento de los cuerpos policiacos y de seguridad, estatales y municipales, pero el gobierno federal, encabezado por López Obrador, no está de acuerdo con estos puntos de vista ya que, piensa que enviando contingentes de la Guardia Nacional se pueden encarar estos graves retos, pero la realidad social de nuestro tiempo indica que esta expectativa ha fracasado siempre. Por ejemplo, al estado de Zacatecas se han enviado en las últimas semanas cientos de miembros de la Guardia Nacional y el índice de criminalidad de la entidad no ha disminuido.

En efecto, el gobierno actual ha cometido el mismo error en el que incurrieron los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto: la militarización del combate a las actividades de la delincuencia organizada, políticas que solo generaron un gran número de víctimas, precisamente como está sucediendo ahora, solo que antes se llamaban “víctimas colaterales”, que eran los ciudadanos inocentes que fallecían en el marco de los enfrentamientos, pero ahora este fenómeno se repite diariamente, en los propietarios de los establecimientos comerciales que sucumben en las balaceras, amparados los promotores de la violencia extrema en la altísima impunidad de que han gozado en los últimos años.