Por: Héctor Ramírez Cuéllar

El reciente asesinato de los misioneros jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, en las puertas, precisamente, de la iglesia de Cerocahui, ubicada en la región de la sierra Tarahumara, confirma, una vez, que la política gubernamental de combate en contra de la delincuencia organizada ha fracasado y que, por lo tanto, se necesita una revisión profunda, si de verdad se pretende ir al fondo de este grave problema de carácter nacional. Al mismo tiempo, se han publicado las tablas estadísticas, que provienen de los datos proporcionados por el secretariado de Seguridad Nacional, que indican que el número de homicidios calificados que han ocurrido durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador ya rebasaron los índices que se registraron durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y que en términos generales en el país se registran diariamente en promedio 122 víctimas enfatizando que estas cifras tienen una tendencia hacia el crecimiento constante.

Todos los días se difunden en los periódicos comerciales y en las estaciones de radio y de televisión noticias relativas a los hechos trágicos que ocurren en una gran parte de las entidades federativas y de las medidas que toman las autoridades para enfrentar a los responsables, que consisten básicamente en enviar destacamentos de la Guardia Nacional para perseguirlos, en tanto se ha documentado que las bandas de narcotraficantes ya están incursionando también en el control ilegal de importantes actividades económicas, como la venta y distribución de pollo, aguacate, cemento, gasolina y en la prestación de diversos servicios como restaurantes, hoteles, cantinas, bares, indicando con ello que estos grupos se han fortalecido y diversificado en sus fuentes de financiamiento, como nunca había pasado en la historia moderna del país.

Las instrucciones generales que se han dictado para ser cumplidas tanto en el ejército, como en la marina y la Guardia Nacional, consisten, en forma global, en no contestar con fuego contra estos grupos, a menos que se produzca una agresión directa, de tal forma, que siendo estas las indicaciones, ante hechos evidentemente delictuosos, se deben mantener al margen de ellos, con la finalidad de no provocar la muerte de individuos que pudieran tener alguna culpabilidad o ninguna. Ello ha provocado en el seno de las fuerzas armadas una conducta de frustración y hasta de disgusto, ya que, ante atropellos y agresiones sangrientas, deben observar la calidad de observadores únicamente.

El protocolo denominado Uso Proporcional de la Fuerza señala, como su nombre lo indica, que las respuestas en contra de estos grupos deben ser equiparables a las que han empleado, tratando siempre de que los militares no asuman una conducta arbitraria o excesiva, pero este principio no se han estado cumpliendo, ya que, existe la convicción en el interior, en la persona de López Obrador, de que no debe haber masacres sino que se debe incidir en las causas económicas y sociales que origina la conducta ilegal de los miembros de estas organizaciones, los cuales se deben erradicar mediante la creación de empleos, otorgamiento de becas para los jóvenes y una serie de excitativas de carácter moral.

Siguiendo esta interpretación, cualquier medida o respuesta que ofrezcan los cuerpos armados en contra de los grupos de la delincuencia organizada, implicaría una trasgresión en contra de estos protocolos oficiales y, por lo tanto, los soldados y los mandos no desean violentar las instrucciones presidenciales, ya que, de hacerlo, pueden ser objeto de graves sanciones. De esta forma, se utiliza a los contingentes de la Guardia Nacional solo como factores disuasivos, es decir, se considera que su despliegue territorial y su presencia, por sí mismas, serían más que suficiente para inhibir la comisión de delitos por parte de esos grupos que todos los días realizan atentados y masacres contra otros individuos.

Por ejemplo, en el estado de Zacatecas, una de las entidades más violentas, en la que actúan por lo menos tres grandes grupos delincuenciales, la Guardia Nacional ha construido cuarteles, aumentado el número de efectivos, efectuado grandes movilizaciones, pero la realización de ilícitos continua en forma imparable, lo que indica la debilidad extrema o las deficiencias que padece la estrategia gubernamental.

En términos generales, se ha incrementado hasta en 150 mil los efectivos de la Guardia Nacional, se le han dotado de grandes recursos financieros, pero los niveles de violencia organizada están en constante incremento, lo que entraña una seria contradicción que corresponde al gobierno federal explicar, ya que podría indicar que ese no es el camino más adecuado para combatir ese flagelo. Está en una seria duda la eficacia que el gobierno esperaba de la militarización creciente, ya que, en la práctica, en los hechos, la Guardia Nacional es una estructura subordinada por entero al ejército, no obstante que se había prometido que tendría autonomía.

Esta política pretende ignorar que las organizaciones de narcotraficantes tienen ya un elevado grado de preparación técnica, disponen de una sólida estructura, tienen células distribuidas en las principales poblaciones y colonias, están equipadas con tecnología avanzada, han adquirido un alto grado de profesionalización y de eficacia y además se han fortalecido desde el punto de vista económico, ya que, como hemos afirmado, están presentes en múltiples actividades productivas, lo que les permite tener muchos ingresos y, por lo tanto, su capacidad criminal y corruptora es muy grande.

Las pasadas elecciones de los estados de Michoacán, Colima, San Luis Potosí, sobre todo de Sinaloa y Tamaulipas, produjeron muchos elementos de carácter informativo que indican, en forma concreta y no solo especulativa, que estos grupos participaron activa y hasta decisivamente en los procesos comiciales y que lo mismo ha sucedido en muchos municipios en donde han impuesto alcaldes, tesoreros y directores de obras, sin que haya manifestado el gobierno federal una cierta preocupación por evitar estas intromisiones, mientras que las autoridades electorales han sido omisas también, ya que no han anulado estos ejercicios políticos, no obstante que se vulneraron gravemente las normas legales vigentes.

Urge una revisión profunda de la política en contra de la delincuencia organizada, aunque esto provoque la molestia del Presidente de la República, puesto que, el otro camino que queda es el que estamos transitando, el derramamiento de sangre, muchas pérdidas de vida humanas, que se registran diariamente en la mayor parte de la nación.