Por: Héctor Ramírez Cuéllar

La propuesta del Presidente Andrés López Obrador para transferir a la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional debe entenderse como la continuidad de la entronización de un régimen autoritario en el cual todo el poder político se tiende a concentrar en la persona del titular del Poder Ejecutivo. Además, es una decisión estéril, ya que en los países en los cuales la lucha contra la criminalidad está en manos de una dependencia que en realidad es una extensión de las Fuerzas Armadas, ha resultado en un completo fracaso, en virtud de que se trata de instituciones que, por su propia naturaleza, tiene funciones diferentes y atienden problemas sociales también distintos. Las experiencias más exitosas en Europa y América Latina son aquellas en las cuales las fuerzas armadas solo participan en la lucha contra la delincuencia organizada de manera excepcional, transitoria o complementaria, es decir, que no sustituyen por completo la labor que en forma esencial efectúan las corporaciones policiacas y las dependencias dedicadas a la seguridad pública.

Es completamente falso afirmar que por su naturaleza las fuerzas armadas, es decir, el Ejército y la Marina, sea en la práctica sinónimos de eficiencia, honestidad y eficacia y que las otras instituciones sean exactamente lo contrario. Se concluye erróneamente que, por lo tanto, las Fuerzas Armadas deben realizar funciones y actividades que pueden efectuar otras dependencias, e instituciones, porque las primeras con impolutas y las segundas están afectadas estructuralmente por la corrupción y la deficiencia y por lo tanto no se debe confiar en ellas.

En la actualidad, el ejército mexicano realiza 204 actividades que son ajenas a sus finalidades esenciales, desde la administración de aduanas y aeropuertos hasta el reparto de agua en las colonias proletarias. En varias entidades federativas, por ejemplo, se nombraron a militares que estaban en funciones, o en retiro, para que fueran los encargados de la seguridad pública, o bien para que presidieran los cargos directivos en los reclusorios, pero estos nombramientos, en términos generales, no produjeron cambios de fondo, modificaciones importantes o permanente, que nos hayan permitido concluir que esas tareas no las podían desempeñar los civiles. Esto no ha sido así, pero se insiste en esta política que en realidad tiene otras causas, finalidades y propósitos que es necesario aclarar y precisar.

Es cierto que el ejército es una institución que fue producto de la revolución Mexicana, que surgió de los núcleos de campesinos y de los indígenas, que sustituyó al viejo ejército porfirista educado en las formas del ejército prusiano, que no ha tenido algunas de esas características que han observado, por ejemplo, los ejércitos de Argentina, Brasil o Chile, pero que por estos antecedentes históricos no se puede concluir que sea una institución limpia, trasparente, fraterna y solidaria ya que a pesar de todo, está compuesto por individuos que pertenecen a clases sociales diferentes pues los militares de alto rango perciben elevados ingresos, cargos y privilegios y en cambio los soldados de base no las reciben y por lo tanto existe un elemento de diferenciación social que ha tenido muy serias repercusiones políticas. El ejército, como sucede con todas las instituciones que existen en la sociedad capitalista, está permeado por su contenido interclasista, ya que, los altos mandos tienen condiciones de vida superiores y distintos a los de la tropa.

Cuando el presidente Lázaro Cárdenas convocó a la transformación del PNR al PRM se decidió también la disolución del llamado sector militar, pero esta modificación nunca implicó que los militares fueran marginados de las actividades políticas y económicas, sino, por el contrario, las siguieron desempeñando. Si bien el sector militar ya había desaparecido, oficialmente, en las Cámaras del Congreso de la Unión siguieron estando presentes militares de alto rango. Algunos fueron gobernadores de sus estados, pero quizá lo más importante, incursionaron en las actividades de la agricultura moderna, como el propio general Álvaro Obregón, se convirtieron en accionistas de empresas comerciales, bancarias y mineras, como fueron los casos muy conocidos de los generales Plutarco Elías Calles, y Abelardo L. Rodríguez, presidieron poderosas compañías inmobiliarias como ocurrió con el general Miguel Enríquez Guzmán, otros fueron embajadores , o agregados militares o navales, otros, más estaban encargados de las aduanas y de los puertos marítimos, de algunos aeropuertos, como ocurre en la actualidad, es decir, siguieron siendo un factor real de poder que todos los presidentes civiles siempre tomaban en cuenta y les entregaban prebendas y canonjías que les permitió a muchos de ellos enriquecerse y que formaran parte, por lo tanto, objetivamente, de un sector de la burguesía nacional.

En el presente gobierno, los militares son constructores de las obras públicas más importantes, ellos autorizan la entrega de los contratos que se realizan por medio de la asignación directa, es decir, discrecional, a los particulares, pero tienen una peculiaridad muy grande, estas operaciones están amparados por la secrecía que supone la declaración que el Presidente ha hecho de que se trata de obras de seguridad nacional y, por lo tanto, nunca estaremos informados de ellas, oficialmente y en forma directa, ya que se consideran datos reservados, que ni siquiera puede conocer la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Una característica básica consiste en que, por lo general, los militares son repelentes a rendir informes de las actividades que desempeñan.

Por ejemplo, en realidad, jamás tendremos acceso jurídicamente hablando de los gastos que se realicen en el tren Maya o en cualquiera otra obra que el Presidente considere de seguridad nacional a menos que la Suprema Corte de Justicia determine la inconstitucionalidad de esa clasificación absurda o bien un nuevo gobierno electo en al año 2024 anule esta restricción descabellada e inconsistente porque no es compatible con el concepto, comúnmente aceptado, de seguridad nacional, aprobado por los especialistas de la materia y que está vigente en otros países capitalistas. Se ha llegado al extremo ridículo de calificar a la construcción de un acueducto en la ciudad de Monterrey como de seguridad nacional, solo faltando que las obras de bacheo y pavimentación que se realicen en la ciudad de México también entren en esta categoría, precisamente para proteger a una aspirante presidencial.

En el marco de esta alianza política con los militares, está demasiado claro y evidente que la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional es una violación al artículo 21 de la Constitución General de la República que señala que será una institución con mando civil; no obstante, esta decisión seguirá adelante porque la división de poderes es inexistente, en los hechos.