Héctor Ramírez Cuéllar

La Cámara  de Diputados emitió  una votación  mayoritaria de 264 sufragios, entre los cuales, desde luego se encontraban los votos de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, quienes  aprobaron el conjunto de normas legales que se hicieron a distintas ordenamientos jurídicos, con el propósito de traspasar la Guardia Nacional a la Secretaria de la  Defensa Nacional, sin hacer ninguna modificación, ni siquiera de carácter formal, es decir, la mayoría de este órgano legislativo se comportó como una agencia de trámites del titular del Poder Ejecutivo y al asumir esta conducta de lacayos o de esclavos, denigraron y avergonzaron a la representación  popular de la nación.

Ante la incapacidad política que tenían Morena y sus aliados de que fuera  aprobada una reforma de carácter constitucional, ya que no tiene la mayoría calificada que se requiere para estos casos, prefirieron tomar un atajo legislativo, en donde sí tenían mayoría  simple, efectuar cambios a una serie de normas de carácter secundario, pero la clarísima violación a la Carta Manga sigue subsistiendo por lo que seguramente se presentarán varias controversias constitucionales ya que, como sabemos, ninguna modificación a ese tipo  de leyes es procedente puesto que  vulnera  la ley Fundamental de la República.

La maniobra política es evidente: en virtud de que estos asuntos litigiosos no los resuelve de una manera rápida y oportuna  la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación sino que  de conformidad con su  lento y burocrático funcionamiento  interno pueden pasar   varios años,  para que se incluyan en  las agendas de los ministros y en las temarios de las Salas,  ya se estarían aplicando  estas reformas, es decir, independientemente de su posible  sanción legal, entrarán en vigor  estas modificaciones, incurriendo en   una política de hechos consumados.

El problema se complica, no obstante, ya que está previsto ahora que los militares regresan a sus cuarteles el 26 de marzo de año 2024, por lo que el conflicto seguirá  latente pero ya  será objeto de la atención no del presente gobierno  sino del que resulte electo en las siguientes elecciones,   mientras tanto López Obrador,  tendrá poderes francamente omnímodos para disponer libremente  de todas las fuerzas armadas, entre  la Guardia Nacional, que se incorpora de una manera formal a dicha estructura y  por  lo tanto nadie puede saber lo que podrá  suceder en México desde este estos días hasta el término del  mandato del político tabasqueño. Las restricciones legales que tenían en Presidente en esa materia desaparecen  en forma preocupante ya que de una manera libérrima podrá ejercer su cargo de comandante supremo  de las  fuerzas armadas, lo que trastoca, potencialmente hablando,  sin duda, el orden jurídico vigente.

El Presidente “ya encontró el camino” para vulnerar la  Constitución ya que sin modificarla de conformidad con los cánones del sistema burgués imperante, la puede acomodar a sus necesidades políticas y aspiraciones personales; por ejemplo, el artículo 82 prohíbe la reelección presidencial, pero esta figura puede ser anulada también  en la práctica por la vía de una serie de reformas secundarias, de  decretos  y acuerdos administrativos, es decir, seguirá vigente esta restricción en términos formales, pero al mismo tiempo ya no tendría fuerza legal alguna. Ni siquiera al gran novelista Franz Kafka, o a Gabriel García Márquez, maestro del realismo mágico, se le podían ocurrir, en el ejercicio de su imaginación desbordada,  que una norma jurídica estuviera vigente, pero que al mismo tiempo ya no lo estuviera en la realidad política.

Esta peligrosa agresión al orden constitucional solo se puede efectuar si,  como sucede,  cuenta el Presidente con una Cámara de Diputados obsequiosa  y entreguista que permite  estas violaciones: por ejemplo, la propuesta de López Obrador no fue una iniciativa preferente ya que no se presentó  con las modalidades  que señalan las leyes, pero aun así, se dispensaron todos los trámites legislativos, ni siquiera se aceptó que las Comisiones  Dictaminadoras actuaran  en el cumplimiento de sus atribuciones reglamentarias y en menos  de 12 horas se  “discutieron”   y aprobaron estas modificaciones legales, sin efectuarles ningún cambio, ni siquiera de orden gramatical como si se tratara del Talmud , de la Torá, de lo Rollos del Mar Muerto, de las  Tablas de Hammurabi, o de los Evangelios que componen la Biblia y que López Obrador fuera el mesías o el profeta iluminado que emite a verdad absoluta para salvarnos a todos del pecado.

En verdad, no hubo discusión alguna, sino solo se pronunciaron muchos  discursos que desde luego no fueron escuchados ni tomados  en cuenta por nadie sino solo se  satisfizo una elemental formalidad parlamentaria. La mayoría  de Morena ya había declarado con antelación que no  aceptaría ningún cambio a las propuestas iniciales con las cuales se estaba “legalizando” la violación  a la Constitución.

Esta conducta abyecta de la mayoría de la Cámara de Diputados, solo fue posible por la intervención y la aquiescencia del citado dirigente mayoritario, Ignacio Mier Velasco,  quien aspira a ser nombrado gobernador del estado de Puebla, pero que no defiende la autonomía ni la dignidad del Poder Legislativo: “lo que usted, quiera, señor Presidente, estamos para servirlo, sin necesidad, siquiera de leer las iniciativas que usted nos envié.”