Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

La incorporación de la Guardia Nacional al control total de la Secretaria de la Defensa Nacional solo tuvo el voto en contra de una legisladora de Morena, Inés Parra, mientras que Manuel Velázquez, y Carol Antonio, se abstuvieron y no participaron Rosa María Alvarado, Natali Barrera, Mauricio Cortés, Ángel Domínguez, Andrés González, María del Rosario Merlín y Carlos Noriega, según lo informó El Financiero al describir esa sesión de la Cámara de Diputados, sesión que se puede considerar como histórica, ya que, abre la posibilidad de que en un plazo breve se produzcan cambios profundamente regresivos en la vida de la nación.

Se trata de un asunto muy importante, de cuyos resultados ulteriores solo sabremos en forma objetiva cuando pasen semanas y meses, ya que se pretende, por parte de Andrés López Obrador, modificar sustancialmente el estatuto legal y el tratamiento político que hasta hoy han tenido las fuerzas Armadas, no solo al referirse a los asuntos de seguridad nacional y de seguridad pública sino al papel que desempeñarán en el futuro en la vida política y económica de la nación.

En los últimos cuatro años, se ha otorgado a los altos mandos castrenses un enorme poder para crear y manejar empresas, realizar grandes inversiones públicas, encargarse del manejo y de las operaciones y de muchas acciones en las cuales no habían participado con anterioridad, un acercamiento muy estrecho con los depositarios del poder político burgués, todo lo cual, sin duda, puede modificar la naturaleza y la esencia de esas fuerzas que tienden a ser absolutamente necesarias para el control político de la nación, de las entidades federativas e incluso de los municipios importantes y para la integración y conducción de los gobiernos en el futuro inmediato. Por ahora, no deseamos caer en especulaciones acerca de lo que sería esa nueva etapa en la vida de México.

Los diputados y los senadores deben estar seguros de que no se trata de asuntos menores de carácter jurídico, que pueden tener un carácter transitorio, sino de un nuevo papel que se están entregando a las fuerzas armadas en su conjunto y de manera institucional, en el diseño y el funcionamiento político de la nación.

No se trata, por lo tanto, de mantener una cierta disciplina partidista, de mostrar una lealtad ciega y enferma al Presidente de la República, sino de estar conscientes del rol protagónico, tanto en lo económico como en lo político, que el grupo en el poder está concediendo a los altos mandos de esas fuerzas armadas, tratamiento verdaderamente privilegiado que se sale de los parámetros del pasado, a los que estábamos acostumbrados desde muchos años. Ahora los gobernadores de los estados ya no se dirigen al Secretario de Gobernación para solicitar un cierto apoyo o respaldo, a efecto de solucionar un problema de urgente solución, sino al comandante regional de la Guardia Nacional.

Se trata de aceptar o no, como un fenómeno “normal” que el Presidente puede violar impunemente la Constitución, desafiar a los órganos del estado hasta anularlos y convertirlos en apéndices administrativos inservibles, convertir a los diputados y a los senadores en meros empleados del titular del Poder Ejecutivo, tratar a los ministros y jueces como meros legitimadores y sancionadores automáticos de las medidas que se toman en Palacio Nacional y en síntesis depositar todo el poder político en manos de un solo hombre, el Presidente de la República, que está en funciones, al cual debemos considerar no solo como un representante político desde luego muy importante sino como un guía moral y espiritual de todo el pueblo, el custodio y vigilante de nuestros valores y tradiciones, a la manera de los regímenes mesiánicos y despóticos que se han instaurado en varios países del mundo, como el régimen de Pol Pot, en Camboya en los años setenta.

No debemos engañarnos: la Guardia Nacional, desde que nació, se definió, ciertamente, como un organismo civil, que incluso fue adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública, pero en la realidad, en la práctica, fue un instrumento creado, organizado, dirigido, entrenado y controlado por las Secretarias de la Defensa Nacional y la de Marina y ahora esta situación irregular simplemente se legitima desde el punto de vista jurídico. Los militares, en síntesis, hacen labores de carácter policiaco, ya que se confunde deliberadamente el concepto de seguridad nacional con el de seguridad pública, olvidando que en la mayoría de los países del mundo se trata de organismos y funciones totalmente diferentes.

Se produjo en engaño político en la Cámara de Diputados, en el que incluso participaron los partidos de la oposición, ya que el 80 % de los miembros de ese “nuevo organismo, la Guardia Nacional”, eran de origen castrense. Nunca lo dirigió realmente la señora Rosa Icela Rodriguez, titular de la SPC, sino los altos mandos del ejército y de la Marina, se les dotó de muchos recursos financieros, se construyeron cientos de cuarteles e instalaciones especiales, se compraron armas modernas y unidades de transporte, pero se olvidó deliberada y conscientemente fortalecer y equipar a las fuerzas policiacas estatales y municipales, la cuales, solo con algunas dignas excepciones, como la de la ciudad de México, fueron anuladas de facto, ya que ni siquiera pueden combatir con eficacia los delitos del orden común más elementales, los delitos menores, pues hasta estas funciones las realiza la Guardia Nacional, que debe desempeñar tareas que no son dignas, ni adecuadas, desde el punto de vista técnico, de un integrante de las fuerzas militares, como sacar a un grupo de trabajadores que habían ocupado un salón en el aeropuerto internacional de la ciudad capital, solo faltando que se les asigne la de sacar los borrachos de las cantinas o detener a los carteristas que actúan en los transportes públicos de las grandes ciudades.