Por: Héctor Ramírez Cuéllar

La revista PROCESO ha publicado un excelente reportaje en su edición del pasado 9 de octubre, en la cual describe, sobre la base de las filtraciones que aparecieron por el trabajo de espionaje que hizo el grupo Guacamayas, acerca de la redacción de las reformas que se hicieron para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional y que después pasaron a la aprobación accidentada de las cámaras legislativas de nuestro país. Según esta descripción, los textos de las modificaciones a las leyes secundarias fueron preparados inicialmente por el personal de la Oficina Jurídica de la SEDENA, a cargo del general brigadier Pedro Bonilla y después enviados a Lenia Batres Guadarrama, de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República que trasformó dichos documentos en la iniciativa de ley enviada al Congreso por el titular de Ejecutivo.

Es muy importante hacer notar, que los especialistas legales de la Secretaria de la Defensa Nacional, desde un principio estaban conscientes que estos cambios jurídicos sí violaban la Constitución de una manera evidente y clara, denominándolo el Plan A y que por ello decidieron irse por otro camino, el Plan B, el de las reformas a una serie de leyes secundarias para tratar de justificar esos cambios ante la opinión pública e internacional, pero al hacerlo, al tomar ese atajo, seguían vulnerando la Carta Magna, con el deliberado propósito de que ese asunto pasara a la consideración y ratificación de la Suprema Corte de la Nación, calculando que mientras esto suceda, estas adecuaciones se habrían realizado tanto en las esferas administrativas como políticas, es decir, ya serían hechos consumados, que estarían vigentes por lo menos hasta el año 2028.

En términos generales, es la Oficina de la Consejería Jurídica de la Presidencia la que elabora las iniciativas de ley que envía el titular del Ejecutivo a las Cámaras del Congreso de la Unión, documentos y proposiciones que puede aquel consultar o no a los titulares de las respectivas dependencias, pero en este caso se invirtieron los procedimientos, ya que, primero fue el ejército, sus áreas competentes, la que formuló los textos legales y después los envió a la Presidencia de la República que los aceptó, es decir, le otorgó a las fuerzas armadas una función preeminente que indica que se había efectuado un acuerdo político previo al respecto, del cual no se informa en el reportaje de Proceso, pero sí se intuye por la enorme rapidez con que se efectuaron esos trámites que ya tenían el debido consenso de las dos partes del gobierno, las Fuerzas Armadas, por un lado, y por el otro, del Presidente.

En nuestros artículos relativos a este asunto, concluimos que la militarización de la Guardia Nación sí trastoca el texto constitucional y que las reformas o adecuaciones a las leyes secundarias no evitan esta transgresión, que han señalado, además, la absoluta mayoría de las personas que se han ocupado de este tema. Por otro lado, se pretende ignorar que esta intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no es reciente, sino que tiene por lo menos 20 años y que si efectuáramos un balance general de sus resultados, al margen de consideraciones de carácter político, debemos concluir que no han sido exitosos sino, por el contrario, desde el punto de vista global y tomando en cuenta ese periodo histórico, que el número de delitos se ha incrementado de una manera notable y preocupante. Tan solo en este fin de semana, murieron 28 personas en masacres que se realizaron en los estados de Guanajuato y Jalisco.

Precisamente, los redactores de estas iniciativas de ley, que ahora se exhiben públicamente, parecen ignorar lo que ha sucedido en nuestro país, por lo menos durante los gobiernos de Felipe Calderón, Peña Nieto y López Obrador, si los abordamos de una manera conjunta y por ello con esta ceguera sospechosa plantean la continuidad de esta política nefasta hasta el año 2028. No existe en la elaboración de estos documentos jurídicos ninguna actitud autocrítica, ningún compromiso de que se revisará esta estrategia fallida y, por lo tanto, los agregados que aprobó la Cámara de Senadores no serán respetados por el gobierno actual, ya que, está demostrado que tiene una concepción muy distinta, al respecto, que existe un compromiso concreto y específico para ampliar el poder político y social, de las fuerzas armadas y que, por lo tanto, entraña una gran ingenuidad política esperar que se pueden fortalecer los cuerpos policiacos estatales y municipales, durante la presente administración federal.

Esto ha quedado demostrado, también, con la negativa que ha tenido el titular de la Secretaria de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para comparecer ante las comisiones legislativas de la materia e informar de los muchos asuntos que se están difundiendo como producto del espionaje cibernético del grupo Guacamayas, que solo ha confirmado, ratificado y explicado con infinitos detalles, muchas de las observaciones y denuncias que han hecho las organizaciones y personalidades de izquierda, en torno a la actuación de las fuerzas armadas en la realización de tareas de seguridad pública.