Comité Regional del FJC en el Valle de México

El sábado 7 de enero en el metro de la Ciudad de México se suscitó el primer accidente del año y el segundo en la administración de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En esta ocasión, ocurrió un choque de trenes entre las estaciones Potrero y La Raza de la Línea 3, una de las más usadas por los trabajadores que van desde el Noreste de la Ciudad hacia la zona Sur. Meses antes del lamentable hecho, donde una estudiante de la UNAM de 18 años perdió la vida, ya se observaban hojas dentro de los vagones, lonas en las estaciones, anuncios por parte de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, involucrando a los usuarios para advertir de las malas condiciones bajo las que trabajan los empleados del metro que laboran de operadores, mantenimiento, intendencia, etc.

En dichos comunicados se podía leer que el bajo presupuesto atraería consecuencias graves, las cuales no tardaron mucho en presentarse, pues ya señalaban las precarias condiciones bajo las que empleados del metro desempeñan la labor por la cual millones de personas se transportan día a día. No obstante, esta situación no es nueva. Desde el trágico accidente en la llamada “Línea dorada”, donde 21 personas perdieron la vida, ya se evidenciaba la negligencia y el desprecio de quienes gobernaron y gobiernan la Ciudad hacia el mantenimiento de este transporte. Al final, los beneficios económicos son la meta de cada gobernante; en el periodo de Peña Nieto, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, se aumentó el precio del boleto de $3 a $5, sin que se observaran cambios objetivos en la red del metro, ya que un vagón por moderno que luzca, fue moldeado con materia barata, sin mencionar la estructura de las estaciones de cualquier línea de este transporte.

Las condiciones en el metro se han evidenciado de forma imparable en redes sociales, donde usuarios del metro denuncian las fallas constantes y señalan a las autoridades las justas responsabilidades. La respuesta de Sheinbaum fue desplegar al interior de las instalaciones del STC metro a 6,060 elementos de la Guardia Nacional, quienes supuestamente realizarían labores de vigilancia y seguridad ante la hipótesis de un posible sabotaje que busca dañar la imagen de la Jefa de Gobierno. Lo único cierto es que las continuas afectaciones perjudican sobre todo a los miles de trabajadores y estudiantes que nos transportamos día a día en la “limusina naranja” a nuestros centros de trabajo o a las escuelas, o bien, de vuelta a nuestros hogares.

Derivado de las protestas, sobre todo de jóvenes, Sheinbaum, en total complicidad con AMLO y su partido al servicio de los monopolios (MORENA) han decidido entregar el STC Metro a la militarización que desde varios años viene introduciendo la política de AMLO. Es indignante que antes de buscar soluciones a las exigencias de los trabajadores y usuarios del metro, impongan la represión; esto nos deja claro de qué lado está el gobierno de la CDMX.

Frente a estos hechos es indispensable continuar con la protesta y organización. La verdadera función de la Guardia Nacional es proteger los intereses de los monopolios y fungir de brazo represor del estado. Las protestas se acrecientan y el estado requiere un brazo que proteja sus intereses. Bajo este marco, se demuestra que la militarización del país es más que evidente; militarizar es la urgencia antes que deslindar responsabilidades; intimidar a la clase obrera que se transporta en metro, es mejor a responder de manera eficaz a la precariedad en las formas de trabajo del Servicio de Transporte Colectivo. No queremos militares en nuestras calles ni en el transporte. Lo que la clase obrera necesita es un transporte digno, eficiente, y fuera de cualquier peligro.