Por: Laura Quintero

El mayor flujo migratorio de trabajadores centroamericanos que huyen de sus países, el endurecimiento de las políticas en Estados Unidos y el consecuente control que ha implementado el gobierno mexicano, ha hecho que la Ciudad de México sea otra de las tantas urbes del país en las que las que el Estado desaloja, maltrata y discrimina a los migrantes.

En los últimos años, como resultado de la crisis capitalista, la CDMX, al igual que el país entero, enfrenta la llegada de un gran número de diversas poblaciones migrantes provenientes de la frontera sur y del norte del país que buscan llegar a Estados Unidos. La metrópoli, que en 2017 fue nombrada como “ciudad santuario” y que en teoría protegería a los migrantes con leyes y programas sociales, hoy no sólo no brinda las condiciones para que se alojen, sino que además ejerce múltiples violencias en su contra.

En la presente administración, a cargo de Claudia Sheinbaum, la capital pasó a considerarse como ciudad global y según la constitución local debería promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas migrantes, pero en la práctica esto no ha sido más que demagogia, pues ninguna de las categorías y sus respectivos lineamientos se ha cumplido.

Contrario a lo establecido desde hace seis años, los albergues de la capital mexicana se encuentran en las periferias, en espacios improvisados y alejados de los lugares donde los trabajadores y trabajadoras migrantes deben hacer sus trámites, además, cada día son más quienes han quedado varados en esta urbe, pues el Instituto Nacional de Migración (INM) los ha trasladado aquí desde ciudades del norte como Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras y Matamoros, aunado arribo de personas que llegan desde Tapachula y que se encuentran en tránsito.

Según las estimaciones de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), con base en la información de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el INM, de octubre de 2022 al cierre de marzo de este año, al menos unos 35 mil migrantes solicitaron refugio o transitaron por la CDMX, esa cantidad sobrepasa un 500% la capacidad de los albergues que hay en la ciudad, sin contar que éstos ni siquiera tienen las condiciones dignas para ser habitables.

Una muestra del desprecio de las autoridades por los migrantes es que a pesar de la saturación no fue hasta el 29 de marzo de este año, dos días después de la muerte de 40 personas migrantes en las instalaciones del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua, que el gobierno de la CDMX implementó un albergue con capacidad para cerca de 200 personas en la alcaldía Tláhuac, pero poco más de dos meses después, decidieron trasladarlas a otro punto, sin previo aviso y sin contar, nuevamente con las condiciones necesarias para hacerlo.

La decisión anterior se dio luego de que el INM dio la orden a nivel nacional de que los migrantes no se concentraran en un solo lugar y a pesar de que el compromiso del gobierno capitalino era generar políticas independientes de las instancias federales atendió de inmediato la instrucción.

Esto da cuenta del actuar del aparato estatal mexicano, mismo que se ha alineado a los intereses del gobierno estadounidense de frenar a toda costa el paso de los migrantes, ya sea con la represión encabezada por la Guardia Nacional con redadas militares y retenciones violentas o con la detención en las cárceles para migrantes, en donde además de ser privados de su libertad, también han perdido la vida.

Esta situación evidencia el carácter anti obrero que tiene el estado mexicano, pues poco le importa la vida o los derechos de los trabajadores migrantes, su único objetivo es cumplir al pie de la letra con las encomendaciones del gobierno y de la burguesía norteamericana.