Alfredo Valles, miembro suplente del BP del CC del PCM

El pasado 5 de febrero el presidente presentó un conjunto de reformas, que según sus palabras pretenden revertir acciones y decisiones de corte neoliberal ocurridas entre 1988 y 2018. La clase obrera no puede contentarse con los dichos y la demagogia del poder. ¿Qué clase social será beneficiaria en lo esencial con tales medidas? En el país, y para los trabajadores, ¿se requieren nuevas reformas y parches constitucionales o más bien una nueva constitución?

Habría que precisar que la constitución de 1917 reflejó la correlación de fuerzas que existía entre la clase de los trabajadores y la burguesía en ascenso. Los campesinos pobres, los pueblos indios y la clase obrera se habían movilizado por un conjunto diverso de demandas. La constitución expresaba en ese entonces una síntesis de la lucha de clases, un veredicto de esa lucha hasta ese momento, pero bajo la dirección y la visión de la burguesía.

Los derechos de la clase obrera, los trabajadores y las capas populares se ejercieron, durante décadas, en función de la lucha del pueblo trabajador, de las concesiones y admisiones que la clase dominante realizó en relación con dicha lucha, sobre todo de corte revolucionario; obligada por ésta. No eran fruto de apilar leyes sobre leyes, de la salvaguarda burguesa de dichas leyes, ni del poder que garantiza la explotación. Todo lo contrario.

Las constituciones de las repúblicas burguesas son el marco político, económico y legal de los intereses supremos de la burguesía y de los matices que imperan en ésta, que perjudican incluso a sectores de aquella clase. Ni con el PRI, ni con Morena, el poder de la burguesía –una junta que administra los intereses comunes a toda la clase dominante– puede impartir juiciosa y equitativamente una justicia que considere a explotados y explotadores.

El declive de la lucha revolucionaria de la clase obrera y sus aliados, que no aspiraban a amoldarse a la sociedad capitalista sino a subvertirla con cambios radicales, ha significado el declive de la vida ordinaria del conjunto de la clase obrera y los sectores populares. Este largo proceso, que incluye no sólo al “periodo de gobierno neoliberal” sino también al actual, queda de manifiesto en el carácter cada vez más reaccionario de todas las leyes del país.

Es así que cuando la clase obrera y aliados han perdido su independencia política no solo de la burguesía –en específico de los monopolios que dominan la vida nacional– sino de su representante –el Estado en su conjunto– los explotadores se han vuelto amos y señores absolutos sobre la realidad del país. Y la política, incluyendo la constitución, se dirime únicamente en lo que compete a su propia lucha intestina, a la pugna interburguesa.

Tal es el contexto del nuevo espectáculo político del presidente López Obrador. Evidentemente éste tiene un propósito político y electoral, es una extensión de la campaña de la propia coalición gubernamental, pero estas iniciativas y sus alcances no se limitan a ello. Las reformas obradoristas, presentadas a trazos el 5 de febrero, son un nuevo capítulo de la lucha interburguesa, pero también un nuevo ataque a la clase obrera y aliados.

El poder de los monopolios bajo la gestión obradorista reserva para la clase obrera y las capas populares el ámbito del gesto, del lenguaje y las leyes inocuas. Y, al mismo tiempo, ofrece a la burguesía en su conjunto –lo que se trasluce en el actual visto bueno de su propia oposición burguesa– tanto la apariencia de una cara comprensiva hacia los explotados y los oprimidos, como un cúmulo de leyes en su propio interés material, armónicas con un poder despótico y violento acorde y apto para llevarlas adelante.

Obreras, obreros, ¿cuántas leyes no existen en el país y son, simplemente como leyes, “garantía” de derechos laborales y sociales? Infinidad. Pero en los hechos no son sino engaños e hipocresía, letra muerta que en nada repercuten de manera positiva sobre las condiciones de vida, trabajo y estudio. La burguesía, con Obrador, muestra que no puede ofrecer al pueblo trabajador nada que vaya más allá de demagogia, de ilusiones legales.

El conjunto de reformas del 5 de febrero pretenden reforzar la dominación político, ideológica y organizativa del actual gobierno propio del poder de los monopolios sobre la mayoría de la población de este país, y sobre decenas de miles de migrantes. Reserva “nobles propósitos” y nuevas “garantías” hacia abajo; así como firmes convicciones y determinaciones con ahínco para arriba, para el lucro y la explotación.

En cuanto al tema laboral, este conjunto actualiza las normas entre el capital y el trabajo completamente a favor del primero. Establece que la vida de la clase obrera se reduzca a un mínimo: el salario mínimo, el ingreso por encima de la inflación, etc. Y pretende con ello concluir la controversia ante la vida cara y el detrimento de las condiciones en las ciudades, así como salvaguardar los amplios beneficios de la gran patronal, de los monopolios. Con el prestigio de Obrador, el Estado vende gato por liebre a la clase obrera.

Desde el punto de vista comunista, y de la clase obrera más lúcida, no le corresponde al poder de los monopolios y al gobierno fijar el límite y el contenido de las conquistas económicas y políticas de la clase obrera y los trabajadores, sino solo a estos últimos. El dilema de evitar sufrimientos, sacrificios y penurias no se resuelve con supuestas infusiones sanguíneas a un cuerpo putrefacto –la actual constitución– sino con la organización clasista, los métodos de lucha como la huelga y la estrategia de la ruptura revolucionaria.

En última instancia, tal dilema sólo se resuelva en la disyuntiva de elegir acertadamente: la perpetuación del capitalismo o su combate; el perfeccionamiento de su dictadura o su socavamiento; o bien la reforma del actual modo de producción con su poder político o su necesario derrocamiento. Es decir, el dilema sólo puede encontrar solución en la lucha revolucionaria contra el capitalismo y por la revolución socialista.

El conjunto de reformas constitucionales, y en específico el apartado relativo a una amplia modificación judicial, no es sino la aspiración a mayores rangos de despotismo en la toma de decisiones por parte de la burguesía; que el presidencialismo no se tope con escollos en el poder legislativo y judicial, y que la parte de la burguesía que aún cuenta con avales en la forma y el fondo de dichos poderes sea desplazada de los mismos.

¿En qué beneficia a la clase obrera y sus aliados todo esto? Absolutamente en nada. La pretensión obradorista es resanar, ahí donde quepa, o construir un poder burgués más sólido para un periodo de mayores turbulencias para tal clase. Que ninguna iniciativa de los monopolios se demore en aprobarse, que no haya resquicios para su rechazo. Que el poder de los monopolios se actualice hacia el único camino que le es natural: la reacción política.

Y esa misma reacción política es la única vestimenta posible y armónica para un nuevo ataque a la clase obrera y todos los sectores populares. En lugar de revertir las privatizaciones de más de 1,000 empresas –ocurridas en el “periodo neoliberal–, más garantías en el papel, pero sin ningún interés en realizarlas. En lugar de revertir las UMAS en las pensiones para los trabajadores del Estado, que en múltiples casos reducen el monto de pensiones a la mitad; en lugar de deshacer las reformas salinistas al campo, que permiten la propiedad social vigente continúe siendo devorada: dichos sin hechos por doquier.

Pero, como señalamos arriba, el conjunto de reformas propuestas por Obrador, que se discutirán en el poder legislativo en los próximos meses, distan de ser incluso reformas tibias. Son un nuevo episodio de contrarreformas para el conjunto de la burguesía. Se ve con claridad tal intención en el tema salarial como en el tema judicial. Pero echemos un ojo simplemente a dos casos concretos. En otra ocasión podremos entrar en mayores detalles.

En el tema de los derechos laborales. Es cierto que se plantea una especie de subsidio para elevar la pensión de los trabajadores, pero en el caso de los trabajadores del Estado esto parece amenazar aún más sus derechos pues parecen tener un límite: “el promedio del ingreso salarial en el IMSS”. De ser así, las pensiones se reducirán aún más. ¿Y los beneficiarios? La glotonería estatal, la burguesía e, incluso, el militarismo.

Seguimos en el tema de los “derechos laborales”. En cuanto a la vivienda, Infonavit regresaría a construir “vivienda popular”. Esto de por sí entraña la posibilidad de más negocios para los capitalistas inmobiliarios de las Fuerzas Armadas. Pero, además, con mayor detrimento para la clase obrera: ahora tendrá que pagar una renta por su vivienda durante 10 años, y solo después de ese periodo podría aspirar a adquirirla. Es decir, un cambio lesivo.

Sí, en el conjunto de reformas se anuncias más castigos para el fraude y la corrupción, y en apariencia para el crimen organizado que produce y capta plusvalía con la producción y comercialización de las drogas, o con métodos suigéneris como la extorsión. El pero está en que: eso no agraviará a los grandes capitalistas del sector, sólo a sus trabajadores esclavos o asalariados. Para los grandes capos, libertad y más libertad, “prohibido reprimir”.

La constitución de 1917 se encuentra ante la latente posibilidad de un carácter aún más reaccionario del que ya de por sí se le ha impuesto desde hace décadas. Aún sino fuese de este modo, la clase obrera y los trabajadores requieren tener en cuenta lo siguiente: no basta con leyes a su favor, con quimeras. Para que la vida sea mejor se requiere un poder que lleve a cabo profundas medidas radicales y las amplíe cada vez más, desterrando las bases materiales y legales de todo interés propio de la explotación, el lucro y el beneficio.

Y dicho poder no es ni puede ser ninguno asociado al capitalismo. Solo puede ser el poder obrero, el autogobierno de la clase obrera y sus aliados, con la puesta en marcha del socialismo con base a sus características esenciales. Ese poder no engañará al pueblo trabajador con parches y reformas con base en un entramado legal antiobrero y antipopular: lo superara con la discusión y aprobación más democrática de una nueva constitución.

Todas estas cuestiones, incluyendo la necesidad de un nuevo poder y una nueva economía, serán uno de los motivos esenciales de la campaña roja de los comunistas en los marcos del actual proceso electoral. Una campaña para discernir la vida y el futuro con un enfoque de clase, alentando la elección de luchar y organizarse entre miles de miembros de la clase obrera, los trabajadores y los sectores populares. No simulación, nueva revolución.