El pasado 18 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acta en el municipio de Ensenada, en presencia del ahora exgobernador Jaime Bonilla Valdez y la actual gobernadora Mariana del Pilar, en donde se estipula la legalización de los llamados carros “chocolate” en los estados de la franja fronteriza del norte del país, es decir de aquellos vehículos que no fueron adquiridos con un monopolio automotriz.
Desde hace por lo menos un año, está marcha, por parte del gobierno que preside Andrés López Obrador, un proceso mediante el cual se pretende, primero, la nulificación del Instituto Nacional Electoral, INE y después su captura política definitiva tratando de colocar en sus puestos directivos a funcionarios y políticos que sean totalmente adictos a Morena, con lo que, de producirse, este asalto, se retrocedería gravemente en la lucha por la democracia política en nuestro país.
Según las últimas estimaciones del Banco de México, que, junto con el INEGI, son las instituciones que aún tiene una alta credibilidad en sus informes, el proceso de recuperación de la economía nacional se redujo un O.4 % y por lo tanto también la tasa anual a 4.7%, habiendo sufrido un gran deterioro las exportaciones manufactureras y las automovilísticas por lo que, si se acumularan durante dos años consecutivos estos rasgos distintivos, la economía nacional no solo no crecerá, tratando de regresar a los niveles anteriores a la pandemia, sino que se mantendría estancada, concluyendo algunos analistas que este comportamiento negativo continuaría durante todo el sexenio, en que solo se llegará al 5.8% en relación con el año de 20I8.
Entre las críticas que se han formulado en torno al tercer informe de gobierno sobresalen, claro está, las que han enderezado las organizaciones sociales y políticas de la derecha que advierten sobre el peligro de que López Obrador se incline hacia la izquierda, que establezca un régimen político que niegue las libertades políticas básicas y que termine por realizar grandes nacionalizaciones y expropiaciones, y que en los próximos tres años elimine el régimen de la propiedad privada.
Cartón de Rochagarfias para El Machete
La designación de Loretta Ortiz confirma en los hechos que el gobierno de López Obrador está siguiendo la misma conducta que la de sus predecesores porque no se permite que las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos y otras instituciones especializadas en estas materias puedan participar en esta selección la cual solo transcurre en el cenáculo del mismo grupo que está en el poder y para beneficiar al mismo.
Cómo cada año desde hace décadas, los gobiernos de la burguesía y los monopolios reeditan la farsa de la “discusión” del presupuesto de egresos del gobierno federal. Es decir, cómo van a gastar lo recabado vía impuestos, venta de servicios y otros ingresos, como la venta de petróleo e, incluso el tipo de cambio de la moneda mexicana contra el dólar norteamericano.
La propuesta del Presidente de la República para combatir la pobreza en el mundo se basa en la filantropía, pues los recursos financieros que se destinarán para este efecto, se obtendrían de las donaciones que de “buena fe”, es decir, en forma voluntaria hicieran los individuos, las grandes empresas, los gobiernos y no se contiene ninguna medida de carácter económico importante de alcance internacional que obligue o involucre a los miembros de la Organización de Naciones Unidas.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, representante de grandes monopolios y enemigo de los trabajadores, afirmó en su discurso por el III Informe de Gobierno durante el mes de septiembre, que se ha parado en seco la tendencia privatizadora, que se ha dejado de entregar concesiones a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas. Que se han detenido las privatizaciones en petróleo y electricidad.
En términos generales, la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se aplica no solo en la región sur de nuestro país sino en el norte también y en general, en todo el territorio nacional, es la misma que se implementado desde el gobierno de Donald Trump, hasta hoy. La palabra que se puede emplear es la de la contención por medio de la fuerza de las caravanas y grupos de emigrantes que provienen de distintos países del mundo, pero sobre todo de Centroamérica, y que, pretenden llegar a los Estados Unidos atraídos por una supuesta actitud benevolente y aperturista que esbozó el Presidente Joe Biden en los inicios de su administración y que hizo pensar a muchos grupos y personas que acercándose a la frontera norte era más fácil que se pudiera conseguir ya sea una visa de exiliados o bien, en el colmo, de la ingenuidad política, un documento que les acreditara su calidad de ciudadano norteamericano.