Por: Héctor Ramírez Cuéllar

Entre las críticas que se han formulado en torno al tercer informe de gobierno sobresalen, claro está, las que han enderezado las organizaciones sociales y políticas de la derecha que advierten sobre el peligro de que López Obrador se incline hacia la izquierda, que establezca un régimen político que niegue las libertades políticas básicas y que termine por realizar grandes nacionalizaciones y expropiaciones, y que en los próximos tres años elimine el régimen de la propiedad privada.

Con motivo de la publicación del libro del sociólogo y antropólogo Roger Bartra, denominado El Regreso a la Jaula. El Fracaso del Gobierno de López Obrador, precisé algunas de las características de la personalidad política, las principales actividades, y las aportaciones del político tabasqueño y llegué a la conclusión de que no podía definirse como un militante de izquierda porque jamás se había propuesto realizar cambios radicales o de fondo en la estructura material, social y política de la nación y que si bien había roto vínculos con el grupo de empresarios españoles que se había beneficiado ampliamente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, había entablado, a la manera de una sustitución de alianzas, una serie de acuerdos o negociaciones con otros grupos de grandes empresarios algunos de los cuales formaban parte del Consejo Asesor Presidencial, a los cuales había entregado por lo menos la cuarta parte de las contratos de adjudicación directa de las obras públicas realizadas por el gobierno federal y que estaba aplicando una política económica de corte neoliberal, es decir, que seguía basándose y respetando el libre funcionamiento del mercado, observando, además, una postura de subordinación hacia el gobierno de los Estados Unidos, primero con Trump y ahora con Biden.

En la edición de la revista PROCESO, de fecha dos de diciembre del presente año y habiendo realizado una revisión de Compra net, se puede precisar que en la asignación de estos contratos se siguieron favoreciendo a los siguientes empresarios: Carlos Slim, Alberto Bailléres, Carlos Hank González, Jorge Larrea, Ricardo Salinas Pliego, María Asunción Aramburuzabala, Daniel Servitje, Olegario Vázquez Aldir, Eduardo Tricio, Bernardo Quintana, José Miguel Bejos, Carlos Álvarez, José Ramiro Garza.

Es decir, esta práctica tan condenable, que ocurrió en el pasado en forma reiterada y que fuera acremente censurado por los partidos de izquierda porque sin duda ocultaba una serie de irregularidades y actos de corrupción, la asignación directa de los contratos oficiales de obras y servicios de parte de los funcionarios públicos a los empresarios privados, sigue siendo una política permanente en esta administración y ahora existe un agravante, en virtud de decreto del pasado 22 de noviembre, no podrán conocerse estos documentos pues se trata, por definición, de información considerada como seguridad nacional, es decir, sería desclasificada o secreta y por lo tanto sería muy difícil de auditar por parte el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, haría nugatoria la función del INAI y desde luego sería inaccesible para las organizaciones sociales y políticas.

En este proceso de transferencia de recursos públicos a particulares que por su importancia y complejidad deberían ser sujetos a contratos de selección rigurosamente elaborados y aplicados, después evaluados por los órganos existentes, sin que exista favoritismo alguno, ha beneficiado de una manera clara a Carlos Slim cuyas empresas han recibido muchas de esos contratos en los tramos del Tren Maya y en la perforación de pozos petroleros en el Golfo de México, en los servicios de internet y telefonía por 3I mil 334 millones y que han sido entregados a discreción y que explica la razón por la cual el Presidente prefiere reunirse con los miembros del Consejo Asesor, en un “pequeño comité”, que con los dirigentes de las otros organismos empresariales a los que desprecia.

Los capitalistas que están representados en el Consejo Asesor Presidencial reciben más apoyos, concesiones y prebendas que los que pertenecen el Consejo Coordinador Empresarial que mantiene una actitud de crítica y de cierta hostilidad hacia López Obrador. Los primeros son más hábiles e inteligentes pues en reuniones muy breves y cerradas, de las cuales no se tienen ningún conocimiento público, obtienen más ventajas económicas y sociales y en cambio los planes y programas de infraestructura que se han suscrito con otros grupos empresariales se han aplazado una y otra vez, hasta el grado de que no se conoce ninguna información concreta sobre el grado de cumplimiento de estos acuerdos e inversiones.

En la práctica, se ha dividido al sector empresarial pues el Consejo Coordinador Empresarial que teóricamente se considera el máximo organismo representativo coordinador de los capitalistas privados y por lo tanto el que debería ser el interlocutor oficial con el gobierno, ha sido hecho a un lado en las relaciones gubernamentales pues ahora se prefieren los acercamientos y los convenios individuales o particulares, de carácter bilateral y no los de carácter general, como ocurría en el pasado reciente.

La mayor parte de los ataques políticos contra el gobierno de López Obrador proviene de las organizaciones, grupos y personalidades de la derecha, de todos los matices, desde los más recalcitrantes y obtusas como las de FRENA, hasta las del grupo de Enrique Krauze, que las sustenta desde la perspectiva liberal. Estas objeciones llegan a la conclusión de que el Presidente está llevando al país hacia un régimen totalitario de izquierda, como el que dicen que existe en Venezuela, que pretende, según esta concepción, conducir, a México hacia el socialismo y al comunismo.

Todos los datos económicos y políticos fundamentales confirman que el país avanza desde luego no al socialismo sino a un reforzamiento del poder de los grandes monopolios, nacionales e internacionales, hacia un nueva versión del capitalismo de estado, diferente a la que formulara Vicente Lombardo Toledano en la década de los treintas y cuarentas y hacia una mayor subordinación hacia el poderío de los Estados Unidos, al considerar a China con enemigo político estratégico, hacia un nueva hegemonía de los trabajadores por parte de las socialdemocracia y de la tendencia socialcristiana, como resultado de la aplicación de la reforma laboral, hacia la desaparición de las organizaciones campesinas que existían en el pasado y hacia un reforzamiento del control unipersonal del Presidente sobre el resto de los poderes del estado y de Morena concebida no como partido político sino como un instrumento burocrático del poder.

En estos tres año no ha habido menos pobres, ni han mejorado las condiciones de vida de los obreros y los campesinos, de los pequeños y mediano empresarios, ni ha disminuido el desempleo, no se ha controlado la inflación, ni ha aumentado el crecimiento del Producto Nacional Bruto, ni se ha fortalecido la inversión estatal productiva, coincidiendo aquí con una de las críticas que hizo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sino que en esos rubros, como lo ha documentado de una manera brillante y clara el INEGI, los resultados han sido, en términos generales, negativos para la mayoría de la población.