Por: Célula Martha Galindo

 

A fines de febrero la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, anunció el regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos, con apenas un lapso de 5 días para que los padres de familia, alumnos y maestros se prepararan para un “regreso ordenado, gradual y seguro”. A tenor de la declaración, de la decisión del patrón de los trabajadores de la educación, el semáforo cambio de un día para otro de naranja a verde.

La orden se puede calificar de déspota e irresponsable. Los padres de familia, por la situación económica y laboral, no estaban preparados para los gastos de uniformes, útiles escolares, alimentos escolares; y dado que muchos de ellos habían cambiado de domicilio o de turno en sus trabajos para poder atender a sus hijos durante las clases en línea. Por otro lado, la gran mayoría de las escuelas están vandalizadas o no cuentan con agua potable y baños idóneos.

Previamente el gobierno del estado había declarado que reservaría dos semanas para labores de limpieza, sanitización, organización académica, establecimiento de filtros de detección de síntomas y organización interna de los padres de familia y trabajadores de la educación. Todo lo cual simplemente no se llevó a cabo. Pareciera que el verdadero resultado del llamado paro laboral de la sección 2 del SNTE fue un retorno a las aulas expedito y autoritario, sin ninguna inconformidad manifiesta de la base magisterial y con mayores sacrificios tanto para los trabajadores de la educación como para los trabajadores que son padres o madres de familia.

Aunado a la desorganización y el apresuramiento para imponer una vuelta a las aulas bajo condiciones desfavorables a todos los trabajadores, sus familias y estudiantes, en diversas ciudades del estado se realizaron cortes de agua en los primeros días de marzo. La falta de agua por este motivo en gran número de escuelas obligó de nuevo a cierres, no obstante, hubo escuelas que recibieron alumnos sin los insumos más importantes para prevenir el covid-19.

El retorno a las aulas ha significado más horas de labor y más estrés para los trabajadores de la educación, pues la patronal indicó que la atención a estudiantes en línea sería fuera de horarios habituales de clase y sin remuneración salarial; lo que ha dejado impasible al liderazgo sindical colaboracionista, que frente a lo cual ha logrado imponer la más absoluta desmovilización y la confianza ilusa en que la patronal, la 4T, revertirá este estado de cosas.

Por el lado de los trabajadores y sus familias la situación no es mejor. La modalidad a distancia había impuesto una importante carga de tareas en ellos y los estudiantes menores de edad. En un aspecto, esto se conserva, pero agravado por la falta de plena instrucción de un trabajador de la educación. En otro aspecto, buena parte del estudiantado que eligió continuar a distancia ha sido ignorado por completo, quizás como forma de imponerles el interés patronal.

El regreso a las aulas obedece a intereses políticos y económicos, a la continuidad de una política de mayor explotación y precarización de los trabajadores. La reapertura de las escuelas, tal cual ocurrió, está relacionada con la última visita del presidente López Obrador, que insistió en ella para garantizarle beneficios a la industria del papel, de los alimentos y bebidas, del calzado y de la moda; y también está relacionada con los planes de la gobernadora para activar los llamados desayunos escolares, que implica una derrama ya comprometida de al menos 600 millones de pesos para empresarios de esta rama productiva en el estado.

Está claro que el interés del gobierno, el patrón de los trabajadores de la educación, así como de la burguesía en general no es la educación y la salud de niños, adolescentes y población en general, sino los mismos intereses mezquinos que desde hace décadas perjudican a toda la clase trabajadora. Esa misma mezquindad, visible en el retorno a las aulas, queda también de manifiesto en la cancelación nacional de las escuelas de tiempo completo para 2022-2023.