Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

Es evidente y claro que el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está organizando e impulsando una campaña política de desprestigio y de condena anticipada contra el Instituto Nacional Electoral, pero no por las deficiencias y las limitaciones que tiene, sino porque pretende anularlo y transferir la organización y la calificación de los procesos electorales a la jurisdicción de la Secretaría de Gobernación, es decir, someter el control de esos procesos, de una manera directa y total, al Poder Ejecutivo, como ocurrió durante muchos años en la historia política de México. Para incurrir en este retroceso histórico se están preparando ya las condiciones necesarias tomando como pretexto, precisamente, la organización de la revocación del mandato presidencial que habrá de efectuarse el día 10 de abril, independientemente de los resultados finales que arroje esa consulta.

El gobierno en todos los niveles se encuentra en abierto desacato a las normas constitucionales que regulan este tipo de consultas; todos los días las están violando, pero no de una manera disfrazada sino ante la vista de todos los ciudadanos y todos los días el INE les aplica medidas cautelares a esos funcionarios, pero estas no rinden ningún fruto pues sigue imperando esta conducta reiterada, asumiendo una actitud de franco reto, indicando con ello que no les interesa respetar la legislación vigente y que no les preocupan las sanciones que pudieran recibir simple y sencillamente porque desprecian al órgano electoral y porque mantienen un odio enfermizo contra dos de los consejeros, Lorenzo Córdova, presidente y Ciro Murayama, contra quienes han anunciado les realizarán un juicio político, ignorando que las resoluciones de la Comisión de Quejas y las aprobadas por el Pleno, las han legitimado con su voto la mayoría de los consejeros y, por lo tanto, todos son responsables de los dictámenes que emiten y menospreciando el hecho también de que dichos acuerdos han sido ratificados por el Tribunal Federal Electoral, que es parte del poder judicial de la Federación.

Esta relación política accidentada y violenta que existe entre el gobierno federal y el INE tiene un rumbo de colisión y de un notorio enfrentamiento, que lleva a la ruptura legal y constitucional pues si el INE no hace valer sus atribuciones y facultades cometería un grave ilícito, ya que sería acusado de omisión, pero si, por el contrario, persiste en su conducta actual, seguiría chocando con el Poder Ejecutivo y ello tendría efectos en el Congreso de la Unión en donde los empleados y los servidores del Presidente ya preparan una reforma legal que elimine al INE y le proporcione a López Obrador el control de los resultados de los procesos electorales venideros, con la finalidad de tener completamente asegurado el triunfo de Morena de las próximas elecciones presidenciales, por lo menos.

Los altos funcionarios del gobierno federal están transgrediendo las leyes vigentes teniendo como pretexto jurídico que el Congreso de la Unión formuló una cierta interpretación del concepto de propaganda, pero olvidan que esa modificación no puede contravenir a la Constitución la cual la prohíbe de una manera expresa, que los cambios jurídicos no pueden ser retroactivos, que no se pueden efectuar cambios jurídicos cuando faltan cuatro semanas para la consulta sobre la revocación del mandato y que un decreto no puede, jurídicamente hablando, estar por encima de la Ley Fundamental y que no se puede por esta vía la resolución del Tribunal Electoral que señala que esa supuesta interpretación no puede entrar en vigor en el presente proceso de consulta, que se realizará el 10 de abril próximo y que tampoco se puede aplicar en las siguientes elecciones estatales, 6, para ser precisos que están en etapa de preparación.

Pero seríamos ingenuos si concluyéramos que la actual pugna que existe entre el INE y el gobierno de Morena es de carácter jurídico, si bien estos aspectos son los más visibles para la opinión pública. No. Se trata de una disputa de carácter político porque si la participación de los ciudadanos no es importante, se le acusaría al órgano electoral de no haber tomado las medidas necesarias para realizar exitosamente este proceso y, en cambio, si la actuación de los ciudadanos es aceptable para López Obrador se le señalaría al INE que el éxito de la consulta no se debió a ese organismo sino a la propaganda que desplegó el gobierno de Morena, por lo que desde el punto de vista político se justificaría la actual violación que existe a las normas legales actuales. En cualquier de los dos casos, se acusaría al INE de haber asumido una posición antidemocrática, indicando que, por lo tanto, no tiene sentido su existencia como órgano dedicado a la organización y a la calificación de los procesos electorales, lo que prepararía del terreno para que entrara al escenario político la Secretaria de Gobernación de un gobierno que sí respeta los derechos políticos de los ciudadanos, ya que, aparecería el gobierno de López Obrador como el salvador o el restaurador de la democracia.