Por: Héctor Ramírez Cuéllar

Karla Quintana, presidenta de la Comisión Nacional de Búsqueda, afirmó la semana pasada que, en los últimos 15 años, 100 mil personas han desaparecido en México, situación que involucra a tres presidentes, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Señaló que del 85 por ciento de los casos no existe ningún informe al respecto. Los estados en los cuales este fenómeno es particularmente grave son estados de México, ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Afirmó que en el presente año han presentado, 5273 casos. También recientemente el Comité de Desaparecidos de la ONU reiteró la gravedad de este problema que desde luego no preocupa a las autoridades mexicanas, ya que no se han realizado investigaciones importantes, persistiendo un altísimo grado de impunidad, de más del 90 %.

Esto también ha sido aceptado por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que anunció la creación de un Banco Genético para hacer más eficiente y científica la búsqueda de estas personas, pero admitió que no se dispone de los recursos financieros ni humanos suficientes para alcanzar este objetivo, que, por lo tanto, no interesa a los gobiernos federal, estatales y municipales sino solo a las madres de familia que con sus propios medios han formado brigadas de búsqueda y de localización, enfrentando muchos riesgos y presiones no solo de parte de individuos que pertenecen a la llamada delincuencia organizada sino también a los funcionarios públicos, de todos los niveles, que no desean ser, políticamente exhibidos como cómplices y negligentes de esta reiterada violación de los derechos humanos esenciales.

Los limitados progresos que se han presentado en esta materia no provienen de los círculos oficiales sino de los familiares, de los particulares, que han denunciado          que no existe un registro completo y confiable al respecto, que existen más de 50 mil cadáveres en las morgues de los estados de personas que no se han identificado y que la mayoría son jóvenes entre 14 a 25 años. Según las investigaciones que se han realizado, en el 70% de los casos ha estado involucrado por lo menos un “agente del estado”, es decir, un funcionario, federal, estatal o municipal, la mayoría agentes policiacos, lo que explica que el gobierno en su conjunto no desea, ni quiere realizar ninguna acción eficaz, al respecto, ya que de hacerlo, quedaría evidenciada su participación o colusión en estas acciones que junto con otras de similar naturaleza, nulifican la vigencia del estado de derecho que, dicen, impera en nuestro país.

El Comité de Desaparecidos de la ONU presentó un informe al respecto, así como una serie de recomendaciones, pero nadie puede asegurar que estas se cumplirán en la práctica, ya que no existe voluntad política para hacerlo, que no es un asunto que interese políticamente, que no redituable desde el punto de vista electoral y, por lo tanto, todos los avances que se realicen estarán a cargo de las organizaciones sociales, las cuales existen y luchan en la mayoría de las entidades federativas, de los defensores de los derechos humanos, de los activistas sociales y de las denuncias que presenten los periodistas progresistas en los órganos de la prensa comercial.

Algunos suponían que el Presidente López Obrador iba a manifestar un auténtico empeño por aclarar y sancionar este hecho criminal que se expresa a nivel nacional, que siendo el licenciado Encinas, en otras ocasiones, un militante de la izquierda comunista, constituyendo esta demanda muy sentida de esta fuerza política, en el pasado, tendría un verdadero interés por dar paso positivo al respecto, esto no ha sido así, como lo demuestran las cifras más recientes ya que de cada tres desaparecidos uno corresponde a este sexenio.

Aunque este gobierno ha afirmado que es diferente a los dos anteriores, lo cierto es que, en esta materia, como en otras, no desea involucrarse realmente en la solución de esta violación masiva a los derechos humanos, ya que es técnicamente difícil, económicamente costosa y las madres buscadoras no se dejan manipular políticamente en función de los intereses electorales que tiene Morena. Además, en tres de las entidades federativas en que se han cometido estos delitos gobiernan partidos diferentes a Morena y, por lo tanto, López Obrador no desea intervenir en el asunto en virtud de que considera que ello beneficiaria a la oposición y, por lo tanto, es inaceptable hacerlo de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Tampoco los gobernadores de los estados en donde existe el mayor número de desaparecidos desea hacerlo porque ello desnudaría la conducta criminal y viciosa en que incurren muchos de sus funcionarios, estatales y municipales, que han ordenado la liquidación física de muchas personas, la desaparición de sus cuerpos para borrar cualquier huella de sus actos ilegales y por ello dejan en el total abandono las investigaciones oficiales, solo permitiendo que las madres buscadoras lo hagan, estando conscientes de que con los recursos económicos raquíticos y técnicas tan limitadas que tienen, resultará muy difícil encontrar a sus familiares. El estado en los tres niveles está abdicando del cumplimiento de una de sus obligaciones esenciales, la investigación y la sanción de los delitos y lo deja a las acciones que pudieran realizar los particulares que solo tienen como ayuda efectiva las denuncias de carácter político que presentan en los órganos de la prensa y de los canales de televisión.