Por: Simón May

“Explora México DMC, SA de CV” es una empresa establecida en Mérida, Yucatán desde hace más de 8 años, la cual cuenta actualmente con la campaña de Telcel *264 y, anteriormente la de *111, entre otras, empresa que parece estar cada vez más cerca de cerrar sus operaciones, amenazando con dejar en el desempleo a los trabajadores que aún laboran en ella.

Unas de las características de esta empresa, que comparte con otros call centers alrededor del país, así como con cualquier empresa que se asienta y empieza a desarrollarse con el pasar de los años, es que con el pasar de éstos, van recortando los derechos a los trabajadores y reduciendo las promesas de prestaciones con los que enganchaba a los nuevos. Sin embargo, según algunos compañeros que llevan años en la empresa, estas inconsistencias han estado siempre presentes: falta de prestaciones, disminución y falta de pagos de bonos, pagos de nómina a destiempo, la ilegalidad de descuentos dobles por faltar y un largo etcétera. Incluso empleados con mayor especialización, perciben el mismo salario que el resto de la plantilla.

Como suele ocurrir bajo el outsourcing, el fluir de los empleados es constante y rápido. Algunos empleados suelen durar solamente unos meses o incluso pocas semanas, por lo que no pueden acceder a prestaciones como el seguro social, aun cuando se ofrece una capacitación pagada, pues ésta no cuenta para los 3 meses de antigüedad necesarios para poder tramitar prestaciones de ley, siendo que, en plena pandemia, varios compañeros cayeron contagiados, teniendo que costearse ellos mismos todo su tratamiento.

Ante esto, muchos compañeros de base, e incluso supervisores, rápidamente deciden renunciar al trabajo. Algunos otros, se encuentran a la espera de que la empresa cierre o directamente les dé de baja, aspirando así a una liquidación. Sin embargo, esto tampoco está asegurado, ya que son conocidas las historias de ex empleados que, hasta la fecha, no han recibido su finiquito o liquidación por los años laborados.

Recientemente, se llevó a cabo un recorte de personal en el que aproximadamente la mitad de los trabajadores fueron despedidos. Se les informó que, a pesar de que se les despedía injustificadamente, lo que se les proporcionaría sería un finiquito. Se les obligó a firmar su carta de renuncia, misma que indicaba que estaban de acuerdo con “haber tenido todas sus prestaciones desde el comienzo y nunca haber trabajado días festivos”, siendo todo esto falso.

Desde finales del 2021, ya se escuchaban rumores entre los empleados, de que la empresa se estaba preparando para un lento cierre. Poco antes, la empresa decide aplicar un nuevo reglamento, imponiendo a los trabajadores aún más restricciones, como descuentos triples por falta injustificada, misma que tendría que ser con receta directamente del IMSS y un ultimátum de 24 horas para mandar justificaciones de faltas. Según comentarios escuchados, esto ya ha pasado antes, pues desde un principio la empresa siempre ha dispuesto de su reglamento a su gusto, modificándolo según su conveniencia. Con esto se resalta que a la empresa nunca le ha importado brindar una verdadera seguridad y confianza a sus trabajadores, incluso ahora, con menos de 20 asesores, pues buscan cualquier pretexto para el despedir a una cantidad mayor de personal u obligándolos a renunciar, y así poder dar un menor pago en su despido.

Con todo y esto, una parte de los trabajadores se percatan de estos abusos y se resisten a ellos. En algunas ocasiones, los compañeros han decidido suspender labores y cortar la recepción de llamadas ante la falta de pago, exigiendo una respuesta del dueño, el burgués Luis Casares Castellanos. En dichos momentos de ligera algidez de lucha, la mayoría de los trabajadores se unen. Sin embargo, como es natural en centros de trabajo desacostumbrados de manera organizada a la lucha, nunca falta la expresa incertidumbre de algún compañero que decide no sumarse por temor al despido, sumado a las “dulces palabras” de la patronal, intentando simpatizar con los trabajadores, poniéndose en papel de víctima, justificándose con que, si no ha podido pagarles, es porque Telcel tampoco le ha pagado, por lo que el ímpetu combativo rápidamente decae.

Para poder lidiar con estos temores fundamentados de nuestra clase, es necesario que todos los trabajadores vayamos juntos hacia un mismo objetivo, el cual es defender nuestros derechos frente a los de la patronal. Por ello, es necesario poder vislumbrar con qué elementos de nuestra clase podemos contar, cuáles son las inquietudes inmediatas de nuestros compañeros, hasta dónde están dispuestos a llegar con la lucha, y cómo convencerlos de que con quienes hay que cerrar filas es con nuestros compañeros y no con la patronal que nos explota, por más que ésta se muestre “amigable” o tome un papel autoritario para amedrentarnos.