Por: Héctor Ramírez Cuéllar

El diputado Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ha demostrado en los últimos días la contextura moral y ética de su comportamiento político al promover u autorizar que una diputada de ese partido, Yolanda de la Torre, presentara una iniciativa de ley mediante la cual se extiende la participación de los militares en tareas de seguridad publica hasta el año 2028 y no hasta el 2024 como inicialmente se había propuesto. Al hacerlo, de una manera cínica, permitió que el Presidente de la República culminara exitosamente con dos de sus objetivos, el primero transferir la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional y continuar con su proyecto político de establecer una alianza con los militares con miras a las próximas elecciones generales. De esta manera, con esta maniobra deleznable quedó colapsada la alianza opositora que se había suscrito entre el PRI, PAN, y PRD para beneficiar políticamente a Morena, el instrumento político electoral del Presidente.

La diputada de la Torre, es decir, Moreno Cárdenas, han presentado dos argumentos principales para justificar la aberración jurídica y política que están defendiendo: que la mayoría de la población está de acuerdo en que los militares siga desempeñando funciones propias de la seguridad publica y que si se retira la Guardia Nacional de estas tareas en el año 2024, quedaría en estado de indefensión frente a la delincuencia común y los grupos más organizados y violentos como los dedicados al narcotráfico.

Es cierto que en la mayoría de las encuestas, los soldados y los marinos están bien calificados y desean muchos ciudadanos, por lo tanto, que sean ellos los que los protejan de las acciones de los criminales, pero asumen esta conducta porque los cuerpos policiacos estatales y municipales están prácticamente desmantelados, ya que, los planes que se tenían para modernizarlos y fortalecerlos como los primeros respondientes en la persecución de los delitos del orden común, fueron abandonados por el gobierno de López Obrador quien, como sabemos, optó desde el principio de su gestión por desintegrar a la Policía Federal y ya no se entregaron recursos fiscales para que se continuara con las tareas que inicialmente se habían acordado, prefiriendo en forma prioritaria y excluyente, tanto la creación como el equipamiento de la Guardia Nacional, entregándola al control casi total de las Fuerzas Armadas.

La mayoría de los gobernadores y de los presidentes municipales se declararon absolutamente incapacitados para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad pública, descuidando estas tareas de una manera continua y sistemática, solicitando el apoyo de los contingentes de la Guardia Nacional que ha sido el único cuerpo que ha estado presente en forma activa en la lucha contra la criminalidad y esto ha hecho pensar a grandes sectores de la población que es la única corporación digna de apoyo y consideración y ya prácticamente se han olvidado de los cuerpos policiacos estatales y municipales y este situación, se ha reflejado en las encuestas a que hace alusión Alito.

Por otra parte, los datos estadísticos señalan que, en los últimos años, salvo algunos delitos, en la mayoría de ellos existe una tendencia hacia el alza, lo que demuestra que la presencia y las actuaciones de la Guardia Nacional ha sido ineficaces en sus resultados finales, no obstante que en los últimos meses se han movilizado más de los 100 mil efectivos. Por lo tanto, nadie puede asegurar que las operaciones de la Guardia Nacional podrían mejorar como por arte de magia, al conjuro del espíritu santo, tan solo porque así lo desea el Presidente de la República, sino en todo caso se requieren una serie reformas estructurales para que este mejoramiento se logre. Por otra parte, en la mayoría de los países del mundo, las funciones de la seguridad pública las realizan las corporaciones policiacas y no el ejército y la Marina que, naturalmente, tiene otras funciones y así lo ha reconocido la ONU en múltiples resoluciones, haciendo notar que la militarización produce muchas violaciones a los derechos humanos y, por lo tanto, el costo social de esta participación indebida no debe aceptarse.

Finalmente, demostrando el grupo de Moreno Cárdenas sus verdaderas finalidades políticas, de inmediato se reunieron con los altos mandos del ejército y se puso a sus órdenes, indicando con ello que había una clara coincidencia política con los planes del Presidente de la República quien también apoyó públicamente la posición del PRI que de esta manera ha propinado un golpe demoledor a la coalición electoral, ya que todas estas acciones y operaciones oportunistas se realizaron al margen del PAN y del PRD quienes han suspendido por lo menos en forma temporal, las relaciones políticas con el Presidente del PRI que así está entrando a una crisis profunda debido al gran descontento que en sus filas ha suscitado la conducta entreguista de su líder máximo.