Por: Angel Yahir Huitle Medina

En la madrugada del 26 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, Guerrero, se desaparecían a 43 compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, entre 3 a 5 estudiantes perderían la vida en una balacera por una carretera en Guerrero. A primeras horas de la mañana de aquel día (26/09/2014) se comenzaba a esparcir la noticia sobre la desaparición de 43 jóvenes provenientes de la normal rural, y se descubrían los primeros rostros de los ausentes.

Avanzando los meses, se detenía a José Luis Abarca, con su mujer, a mediados de noviembre de 2014, posteriormente se abrió una carpeta de investigación sobre el suceso. Después de meses de “investigación y trabajo” el gobierno de Enrique Peña Nieto, presentó a lo que se le conoció como la “verdad histórica” por medio del procurador general José Murillo Karam. En la versión oficialista se comentaba, que los jóvenes estudiantes fueron asesinados y luego quemados en el basurero de Cocula en los días posteriores de la desaparición, y luego fueron aventaron sus cuerpos quemados al rio.

Atreves de los años, el pueblo mexicano salió a las calles de toda la Republica para pedir justicia por este crimen de Estado, cometido por los elementos de las fuerzas armadas en el estado de Guerrero, por las medidas tomadas por Enrique Peña Nieto, por los gasolinazos, por la crisis del petróleo, por apoyar las medidas migratorias de Obama y un largo etcétera, por el que estuvo marcado este sexenio.

Para ese entonces, quien es el actual presidente de la República, tomando el estandarte del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, como recurso político que le valdría no solo en el aumento en su popularidad, sino que, la presidencia de la República en el 2018 junto a la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Cuando Andrés Manuel López Obrador llego al poder, se siguió sirviendo de este cruel suceso, para sus fines partidarios, llegando a crear una comisión especializada para la “Verdad y Justicia” con el fin de esclarecer los hechos ocurridos, sin embargo, la realidad supera siempre a la demagogia.

En los meses del nuevo gobierno, Obrador puso a Alejandro Encinas como encargado de esta comisión de la verdad, los primeros meses fueron de checar todos los informes y las carpetas de investigación, se descubrió que la mayoría de los testimonios fueron bajo amenazas, algunos no estaban terminados o que, no tenían sentido en su narración de los hechos. Hasta finales del 2019 o inicios del 2020 se descubrió un video sobre cómo eran las interrogaciones de la PGR (ahora FGR), bajo amenazas y golpes. A pesar de que el gobierno de Obrador rindió informes sobre el caso de los 43, la justicia no se presentó para las familias de aquellos jóvenes que se les fue arrebatada la vida.

Para mediados de este año, el gobierno entrego un nuevo informe sobre el caso de los 43 normalistas, la cual goza de ser idéntica a la anterior, a la “Verdad Histórica”, presentada por Murillo Karam, años atrás. Dejando de nuevo en completa impunidad a los actores del cruel suceso, mostrando con ello el verdadero carácter del actual gobierno.

Hace pocos días se cumplieron 8 años de que las fuerzas armadas, en complicidad con el Estado, orquestaran este brutal asesinato. Dos gestiones en la presidencia, dos partidos políticos y la impunidad sigue reinando. Han pasado 8 años, donde se ha luchado, se ha buscado, y se ha lucrado con esta desgracia como herramienta política, y la justicia para las familias de los 43 estudiantes, no ha llegado.

A 8 años de impunidad, y el Estado sigue siendo el mismo, nada ha cambiado.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Nos faltan 43!