Por: Héctor Ramírez Cuéllar

Hace un mes, en estas mismas páginas, expresábamos una serie de opiniones que advertían sobre el riesgo que implicaba que, de nueva cuenta, como sucedió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se manipulara políticamente la masacre de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Hoy debemos concluir que, en efecto, las críticas y los ataques enderezados contra el informe final de la comisión investigadora que encabezó Alejandro Encinas han sido muchas y son consistentes, formuladas desde las páginas del THE NEWYORK TIMES hasta las observaciones que realizó el Grupo de Investigadores Independientes. Hoy, como ayer, persiste el mismo propósito: excluir de toda responsabilidad política a los altos mandos del ejército y de nueva cuenta solo perseguir y castigar a algunos funcionarios políticos menores. Así fue en el pasado, así es hoy en el presente.

Las objeciones que se han formulado en torno al citado informe y a las consecuencias jurídicas y políticas que se derivan del mismo, son muchas, pero es necesario precisar las que consideramos más importantes: han pasado ocho años y muchas los individuos que estaban en prisión ya salieron y están en libertad, y, por lo tanto, no podrían ser otra vez incriminados, por los menos 2O de los presuntos participantes han muerto o han desaparecido misteriosamente, el informe de ENCINAS no fue conocido previamente por el GEIE no obstante que había realizado una importante y completa investigación de los hechos, el Presidente ordenó, sin tener ninguna atribución para hacerlo, que se retiraran del apartado de las conclusiones los nombres de varios militares de alto rango, tratando de proteger políticamente al ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos y el actual secretario Luis Crescencio Sandoval, quien ocupaba un alto cargo en el momento de la masacre, muchas de las pruebas que se han presentado no se pudieron verificar de una manera científica y, por lo tanto, son muy endebles por lo que resultaría muy difícil que los jueces las tomaran en cuenta y por ello, la investigación resultaría dañada desde el punto de vista judicial y de nueva cuenta se regresaría a la opacidad y a la controversia que tuvo la indagatoria de la administración anterior. Esta es la segunda ocasión en que el gobierno federal realiza una investigación sobre estos hechos y de nueva cuenta, no es creíble ni aceptable, debido a que se aplicaron en los mismos métodos y procedimientos que ya se consideraban superados, por el supuesto progreso que ha tenido nuestro en esta materia.

Ayer fue el Presidente Peña Nieto quien ordenó que los altos mandos castrenses no fueran involucrados esgrimiendo razones de seguridad nacional, y hoy hizo lo mismo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque está interesado en constituir una sólida alianza político electoral con las fuerzas armadas y, por lo tanto, que su mandató no fuera afectado, indicando con ello que los generales Cienfuegos y Sandoval en los hechos están operando con un grupo empresarial y político que tiene intereses y perspectivas comunes. El régimen anterior trató de limitar la responsabilidad del crimen colectivo a la participación del grupo narcotraficante Guerreros Unidos, es decir, lo circunscribió a un ámbito estrictamente local y el gobierno actual hace exactamente lo mismo, esgrimiendo razones propias de la estrategia política que está en marcha para las elecciones del año 2024. El informe de Encinas era correcto en sus partes medulares, pero en sus conclusiones resultaba inaceptable, ya que, en realidad estaba en contra del proceso de militarización que existe en nuestro país.

Desde el punto de vista formal, las Fiscalías son entidades autónomas del poder político, pero ahora se ha comprobado, una vez más, que en la práctica, esto no es así, pues, siguen dependiendo de la voluntad política y de las instrucciones que emite el Presidente de la República de tal forma que aunque se realicen investigaciones rigurosas y profesionales, las consignaciones judiciales, al final constituyen una verdadera y última instancia, y quien las decide es el Jefe del Ejecutivo sobre la base de una serie de consideraciones de orden político. Acontecimientos graves como el de Ayotzinapa que tienen un evidente repercusión nacional e internacional, afectan seriamente la legitimidad y representación a los gobiernos en turno, ya que, vulneran el llamado estado de derecho y, por lo tanto, la credibilidad del gobierno está entredicha, por lo que el Presidente necesita intervenir directa y decisivamente en estos hechos, protegiendo y asegurando así la continuidad en el poder de la clase dominante.