Por: Héctor Ramírez Cuéllar

La semana pasada efectuaron una gira de trabajo por el estado de Tamaulipas, el Presidente de la República, el gobernador del estado y los titulares de las Secretarias de la Defensa Nacional y  de la  Marina, con el objeto de supervisar los trabajos que se están realizando en puertos marítimos y terrestres y en cuya región se han producido en últimas semanas muchos hechos violentos en los cuales se puede observar claramente que los grupos del crimen organizado ejercen una gran presencia   social y política sobre la zona, que reafirman  los riesgos que implica para una región fronteriza con la Unión Americana la existencia de  una manifestación clara de vulnerabilidad de las instituciones públicas y en este contexto,  de preocupante la debilidad política que han manifestado las autoridades estatales y las municipales.

En los informes del Departamento de Estado se afirma que el estado de Tamaulipas está prácticamente sustraído a las jurisdicciones de los órganos del poder público, ya que los grupos  violentos ejercen un control social casi  total, puesto que son capaces  de paralizar la mayor parte de las actividades económicas, bloquear carreteras, autopistas y otras vías de comunicación, imponer  el terror entre los ciudadanos, retar a las fuerzas del  orden, haciendo notar  que por la ubicación estratégica de esta  entidad federativa,  se está produciendo desde hace tiempo una disputa sangrienta constante entre los carteles más conocidos,  que tratan a toda costa de dominar los pasos fronterizos para trasladar  fácilmente  a los Estados  Unidos  sus cargamentos de drogas, siendo ya una normalidad a la cual ya se han acostumbrado tanto las autoridades estatales y municipales, como la población en general.

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En el estado de Tamaulipas, como ocurrió en otras entidades, en las elecciones pasadas se produjo una división en el seno de los grupos dominantes que estaban  afiliados al PRI del que constituían su principal base de sustentación, ya que un  importante sector de esos políticos burgueses, enriquecidos  y desprestigiados, se pasaron las filas de Morena y ganaron los comicios, encabezados por Américo Villarreal, que pertenece a una  de las familias más poderosas. También se presentó un reacomodo político, ya que los narcotraficantes,  que  antes respaldaron  a los candidatos del tricolor, ahora apoyaron a   los de Morena y estos dispusieron de fuertes sumas de dinero  para comprar los votos de los  ciudadanos. Se presentaron litigios al respecto, que no fueron solucionados adecuadamente por los órganos electorales, por lo que las disputas políticas que surgieron en el interior de los partidos hermanos, PRI y Morena,    siguen su curso, las cuales estallarán en vísperas de la  sucesión presidencial.

Un nuevo factor real de poder, de un poder acrecentado, el ejército ha incursionado no solo en la escena política   nacional sino también local, ya que controla no solo las aduanas del estado sino también los puertos y los aeropuertos, todos los pasos fronterizos con la Unión Americana y, por lo tanto, está  ante la posibilidad  de desempeñar un papel  fundamental  en el marco de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, ya que  quien ejerza estos controles podrá también influir  en el trasiego de las  drogas, en un momento  en que este asunto forma parte de la agenda del gobierno  de Biden.  Estamos ante la conformación de una nueva correlación de fuerzas a nivel  general, en donde el ejército, que ya interviene activamente en más de 30 actividades o frentes  administrativos  y económicos, tendrá, sin  duda, un peso político mucho mayor que el desempeñaba   en el pasado.

El ejército, al igual que la Marina, tendrán una función esencial en las siguientes elecciones presidenciales, ya que es evidente que existe una alianza, un pacto, un compromiso con el Presiente  y con Morena el cual se puede reflejar   de muy diversas maneras, desde la postulación de candidatos militares, en gran número, hasta su activa participación en los comicios, que nos hace recordar las acciones y los atropellos que realizaron en el año de 1940  favor de Manuel Ávila Camacho.

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El gobierno de López Obrador les ha entregado a los militares,  en su calidad de administradores, de funcionarios públicos  y de directores de empresas, organismos descentralizados, fideicomisos, hasta el relativo a la vigilancia del espacio aéreo,  una gran patente de protección, ya que las actividades que realizan han sido consideradas de carácter estratégico y, por lo tanto, no se tiene acceso a la información concreta y verificable  sobre sus funciones y operaciones    y  no se pueden  supervisar ni evaluar por parte del Congreso de la Unión, de la Secretaria  de la  Función Pública y menos aún por parte de  las organizaciones de la sociedad  civil  y ante estas grandes restricciones solo se pueden hacer las evaluaciones correspondientes, en forma detallada y específica,  solo si hubiese un gobierno distinto al de Morena que deseara eliminar este manto de secrecía y, por lo tanto, de impunidad que se ha entregado a las fuerzas castrenses.