Héctor Ramírez Cuellar

Terminó el año de 2023 y comenzó el año 2024 bajo un signo preocupante: la violencia que se ha desatado en la mayoría de las entidades federativas de parte de bandas criminales, las cuales, además, iniciaron sus hostilidades con el asesinato de tres candidatos a puestos de elección popular.

Uno de los últimos grandes despliegue de fuerzas del crimen se dio en el estado el estado de Tabasco en donde en un tan solo 10 horas se produjeron 22 asaltos y robos a establecimientos comerciales y continuaron los secuestros de grupos de migrantes en las carreteras de Tamaulipas. El gobierno ha contestado con la movilización de cientos de efectivos del ejército, de la Marina y de la  Guardia Nacional y a ordenado la construcción de más cuarteles y de otras  instalaciones, pero lo ha hecho  en forma reactiva, es decir, ha restablecido la tranquilidad pública, pero solo  en  tiempo en que estos fuerzas están presentes en los espacios tomados por los delincuentes ya que  una vez que se retiran, vuelven los enfrentamientos armados  y la repetición  de delitos y los pobladores  se repliegan, pero otros casos ensayan formas de autodefensa de sus propias vidas, de sus familias y de sus intereses, al estar conscientes de que el poder público, en todos los niveles,  no está capacitado para enfrentar esos desafíos que se multiplican y agravan y por su extensión territorial y política  ponen en peligro al país entero.

También hay casos en que la autoridad sigue sin atender la presencia del crimen organizado y la violencia que este despliega, esta es la situación que se vive en Chiapas, donde el crimen organizado se disputa el control de zonas del territorio, lo que sume a la población en olas de violencia. Ante tal situación, la respuesta del gobierno Federal y Estatal ha sido desestimar las denuncias hechas por comunidades enteras, y peor aún: ante la denuncia que han presentado algunos periodistas en la conferencia “mañanera”, el presidente ha negado que el crimen organizado esté avanzando en Chiapas.

En las últimas semanas, se ha difundido  mucha información relativa al pago de extorsiones,  a los cobros por el  derecho de piso en el Estado de México y otros estados, problema que está afectando a muchos campesinos, comerciantes, prestadores de servicios públicos, productores diversos, lo que está   estimulado la inflación y la carestía de la vida, ya que se  han visto obligados a trasladar  estos costos a los precios finales de las  mercancías y de los  servicios las grandes cantidades de  dinero que  se ven obligadas a entregar a los delincuentes, sin que existan acciones  oficiales  que lo impidan. Estas formas de exacción colectiva, social, que afectan a poblaciones enteras, que antes eran propias de las  zonas rurales, ahora se están presentado también en las grandes ciudades, lo que confirma, por una parte, la gran diversificación que han tenido las bandas criminales  y la versatilidad política y militar que han logrado, ante las cuales no se han presentado soluciones  o medidas que puedan enfrenar estas operaciones que están poniendo en entredicho la existencia del estado de derecho ya que se trata de miles de ciudadanos que están siendo lesionados en sus intereses vitales.

En el marco de estas nuevas modalidades que asume el crimen organizado, asistimos a un fenómeno que se extienda cada vez más, y es la utilización de la población por parte del crimen organizado, de tal forma que parecería que los pobladores y productores bridaran “apoyo social” y protección a los que son sus amedrentadores. Esto hace que parezca que el crimen organizado tiene base social de apoyo y respaldo de sus actividades. Mientras tanto, se suscitan graves escisiones y enfrentamientos entre los comunidades humanas, lo cual ha  permitido que se consoliden  y fortalezcan los factores  estructurales que  generan  la violencia y por lo tanto la imposibilidad de combatir, con eficacia y contundencia, estas manifestaciones  de la criminalidad moderna,  con  el  empleo de   métodos  tradicionales, arcaicos,  que han demostrado su total esterilidad, como la política  oficial del actual gobierno de abrazos  y no balazos.

En los últimos años, hemos presenciado una coexistencia pacífica entre titulares y depositarios de los poderes públicos, federal, estatales y municipales con los dirigentes de las  grandes organizaciones criminales, lo cual les ha permitido que convivan y actúen de una manera calculada en la mayoría de las entidades federativas que integran el territorio nacional, ya que ambos  se han beneficiado con una política colaborativa, es decir, actúan  las fuerzas armadas  cuando ya los hechos se han  consumado, cuando ya se han realizado las masacres, los asesinatos y los atentados y por lo tanto han optado por seguir por ese camino cómodo y tranquilo que ayuda  a  ambos sectores,  representantes del  poder político están vinculados con las bandas  criminales ya que han obtenido ventajas reciprocas  muy importantes, como el apoyo en los procesos electorales, la asignación de cargos públicos o administrativos a individuos relacionados con las  organizaciones delictivas, cada uno en el ámbito de su competencia y por lo tanto es políticamente imposible que el gobierno  federal cambie de  manera radical su actual conducta.