Por: Héctor Ramírez Cuéllar

Desde hace varios meses, representantes políticos de MORENA están planteando la tesis de que necesario desaparecer,   anular o transformar      del texto constitucional la figura de los pueblos originarios para ser reemplazada  por la de los  pueblos mágicos, con la finalidad, dicen,  de atraer más inversiones privadas nacionales y extranjeras a efecto, aseveran, de propiciar que esas comunidades pueden superar sus condiciones económicas, sociales y políticas, que juzgan anacrónicas y atrasadas. Dicha modificación todavía no aparece en la lista de las iniciativas que ha presentado el Presidente de  República y que deberían  ser aprobadas antes  que éste termine su mandato legal, pero se requiere  por lo menos la  aceptación política tácita  de las autoridades  de esos pueblos, que representan, además,  una importante caudal electoral,  y aún no cuenta con el respaldo de las distintas corrientes y grupos  que integran el nuevo partido de estado y que todavía se resisten a realizar estos cambios, los cuales se aprobarán  rápidamente si Morena obtiene la mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión y si continúa el tratamiento que se hace de ese poder del estado como una mera oficina  de trámites del Presidente de la República en el que los diputados y los senadores sólo deben callar, obedecer y claro, está votar, como se les ordena exactamente y en forma perentoria. 

Los representantes del partido del gobierno están preparando las condiciones políticas para impulsar y aprobar estos cambios y para ello están liquidando, o bien capturando, debilitado a las organizaciones campesinas e indígenas, sometiéndose al control oficial y ejerciendo presiones en contra de los dirigentes sociales de los ejidos y de las  comunidades que se oponen a esas reforma históricamente regresivas  las cuales representaría la continuación de las modificaciones constitucionales que se aprobaron  durante la administración de Carlos Salinas de Gortari que permitieron que las tierras ejidales pudieran venderse   a los particulares mediante la simple aprobación  de una asamblea del núcleo de población, rentar   las parcelas  para establecer convenios o  asociaciones con empresas mercantiles para explotar sus recursos naturales, eliminando las prohibiciones o regulaciones que había en el pasado.

La propiedad social de los recursos naturales y de las formas de explotación y de usufructo nace, en forma congénita,  con los pueblos indígenas que conformarían después a la nación mexicana, después que  se produjera el mestizaje, la conquista, la colonización, el poblamiento, los inicios y la consolidación  de las relaciones capitalistas. Consiste en que dichos recursos y bienes que están en esos territorios eran y son todavía desde el punto de vista teórico constitucional, propiedad esencial de esas comunidades y que explotan para beneficio de las mismas, utilizando métodos y procedimiento para su manejo y usufructo también de carácter social, colectivo y solidario.

Desde un principio, la propiedad social  estaba siendo atacada  por una serie de fuerzas económicas, sociales y políticas que les eran adversas y que no deseaban que se  mantuvieran y   desarrollaran. Los españoles despojaron  a muchas comunidades de sus propios recursos  naturales  y bienes,  explotaron su mano  de obra, estableciendo distintas formas de trabajo esclavo o semiesclavo, como los de las encomiendas, las mercedes reales que les permitió a los  monarcas otorgar propiedades del suelo y del subsuelo a los  invasores, el traslado obligatorio de pueblos enteros a sitios  y lugares en donde podían gozar de su mano de obra,  las concesiones mineras para explotar los recursos del  oro y de la  plata, de los depósitos y corrientes  de agua, la compra venta   legal o ilegal de tierras para que pudieran ser acaparadas por los españoles y  que originaron después  la creación de las haciendas y  de los  latifundios,   el establecimiento de relaciones serviles de los trabajadores a favor de los extranjeros y más tarde la obligación que establecieron los liberales a las comunidades indígenas para vender sus tierras a los particulares.

La Carta Magna, que fuera el  mayor producto político de la Revolución  Mexicana, estableció varios principios básicos, entre ellos,  que las  riquezas del suelo y el subsuelo pertenecen a la nación y que esta podrá  imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, desterrando la vieja tesis de que la propiedad privada es inherente  a los  particulares, que se trata de un derecho absoluto y que por lo tanto, debe  ser escrupulosamente respetada. Después,  la creación de múltiples empresas   integró la propiedad estatal, que junto con la propiedad social constituyeron la base material fundamental de la  nación mexicana, la cual en las últimas décadas desde la etapa neoliberal hasta la actualidad, se ha vulnerado gravemente, otorgándole  a la propiedad privada , sus distintas modalidades, funciones e instituciones, una mayor preeminencia económica, social y política.

En el transcurso de la etapa moderna el nuestro país, en la cual de instauraron relaciones capitalistas propias del capitalismo de estado, hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en que  se dio un viraje muy grande ya que se implantaron  instituciones y orientaciones propias de la  libre empresa y del libre mercado, que afectaron y lesionaron  a la propiedad estatal , así como a  la propiedad social, las cuales han experimentado un socavamiento  constante  y permanente con la finalidad básica de desaparecerlas  o  por lo menos reducirlas a su mínima expresión e importancia, con el objeto de fortalecer  el  modo de producción prevaleciente en nuestro país, hasta llegar al momento presente en que surge una nueva embestida de parte de las fuerzas históricamente contrarrevolucionarias, muchas  de las  cuales  están integradas ahora en MORENA que no es propiamente un partido político de izquierda  sino una coalición de fuerzas de muy diferente composición social y orientación política.

En el gobierno actual continuó la andanada en contra  de la propiedad social al cancelarse Financiera Rural y la mayoría de los  programas de apoyo al campo, como los relacionados con los productores  de maíz y a las comunidad indígenas, la construcción de grandes obras públicas como el tren Maya y el Interoceánico que afectaron la integridad territorial ecológica y humana de muchas regiones del sureste de nuestro país, entre otras, sin que se tomaron medidas de mitigación de  los daños producidos, algunas de los  cuales solo se observarán a mediano y largo plazos.

Ahora el gobierno de López Obrador pretende fortalecer y ampliar los vínculos de dependencia comercial y tecnológica con esa nación y para ello desea establecer excelentes relaciones de subordinación ya sea con Biden  o  con Trump, expresando una abierta y reiterada  simpatía con éste, menospreciando el hecho que es el elemento más representativo de la  ultraderecha norteamericana

La propiedad social es la base de la existencia de los pueblos originarios de tal forma si esta desapareciera  o se debilitara, esos pueblos también desaparecerían o perderían su identidad histórica y social ya que se reproducirá la trágica experiencia de otros países latinoamericanos  en  que los recursos naturales serían explotados y usufructuados por empresas privadas, nacionales y extranjeras, y los  habitantes de esas comunidades serían convertidos en asalariados de poderosas corporaciones, como sucede  en varias regiones del Amazonas, por ejemplo y distintos  países africanos, lo que constituiría una variante del neocolonialismo moderno.

En el caso, por ejemplo, el ejido de San Gregorio, Xochimilco, esta ofensiva se expresa por medio de la cancelación de líneas de crédito para introducir  sistemas  de riesgo que permitan elevar la productividad de esas tierras, el envío masivo de contingentes de la Guardia  Nacional y  de otra corporaciones para someter y amedrentar a los  campesinos,  una abierta hostilidad de CONAGUA   en contra de los  integrantes del Comisariado Ejidal para esclavizarlos a los requerimientos políticos y electorales de Morena, incurriendo en los vicios históricos del viejo PRI en que esos dirigentes sociales  eran manejados como empleados  dóciles del gobierno en turno. Las amenazas y las agresiones que se ciernen sobre este ejido, se pretenden  extender hacia el resto de las comunidades del sur de la ciudad de México, entre ellos Milpa Alta y Tláhuac, con la finalidad económica  social de abonar el terreno de  las privatizaciones hacia regiones que hasta hoy le están vedadas por la resistencia que oponen las propias comunidades.