Fotografía: Cuartoscuro

Por Marco Vinicio Dávila Juárez
Miembro del Buro Político del PCM

La represión no es una cuestión que se relacione con la ideología del partido en el poder o del gobernante en turno, ningún partido y ningún político van a aceptar que son represores, por lo tanto éstos pueden ser muy demócratas en sus documentos básicos o en sus posiciones políticas, pero profundamente reaccionarios y represores en sus acciones de gobierno. A lo largo de la historia reciente de nuestro país hemos podido ver actos represivos de diferentes magnitudes ejercidos por gobernantes surgidos de diferentes partidos políticos, incluso de lo que se conoce como la “izquierda” electoral o mejor dicho la socialdemocracia.

Hasta el año 2000, la hegemonía del PRI en el gobierno federal significó también la hegemonía de la represión por el denominado “partido de Estado”, de manera tal que quedó fija en el imaginario social la impresión de que efectivamente PRI y represión eran sinónimos. Después de que el PRI fue desplazado por el PAN, pudimos ver que la represión no era cuestión de un solo partido, ya que el gobierno de Vicente Fox, por cierto, el primer presidente de la república en utilizar un discurso anti-represión asociando ésta al PRI; tuvo, en los hechos, como lo han señalado diversas organizaciones de DDHH, a la represión como sello de la casa, es decir, del Partido Acción Nacional. Sin detenernos en las acciones represivas de los gobiernos estatales, como las de Ramírez Acuña en Jalisco, el culmen represivo de Vicente Fox fue la represión ejercida contra los comuneros de San Salvador Atenco y un número importante de organizaciones sociales, el 2 y 3 de mayo del 2006, acción coordinada con el gobierno del estado de México, al frente del cual se encontraba Enrique Peña Nieto, y del gobierno municipal de Texcoco, del entonces perredista  Higinio Martínez Miranda, actual senador de la república por MORENA.

Con Felipe Calderón, a la represión se le agregó otro elemento: la militarización del país, al margen de la ley. Su acción represiva más emblemática será por siempre la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, que significó una agresión con toda la fuerza del Estado contra los trabajadores del SME.

Podría creerse que al estar colocado Acción Nacional a la derecha del espectro electoral, la represión le es un atributo natural y que era de esperarse apareciera en algún momento de su ejercicio del poder, que por lo tanto la respuesta de las fuerzas políticas y sociales hacia estos gobiernos fuera de denuncia y confrontación, como de hecho ocurrió.

Estos dos partidos, el PRI incluso arropando en sus documentos básicos el ideal socialdemócrata y perteneciendo a la Internacional Socialista, quedan con el estigma de la represión como una característica de su forma de gobernar.

Aunque intentamos analizar la represión que ejerce el titular del poder ejecutivo y su partido, no podemos dejar de mencionar la vocación represora del PRD cuando han ganado alguna gubernatura. No nos detendremos en los detalles, pero baste mencionar que en el estado de Guerrero, durante la gestión de Ángel Aguirre,  fueron asesinados cinco comunistas y el asesinato de dirigentes sociales fue una constante de ese sexenio inconcluso. O en Michoacán, donde Silvano Aureoles ha hecho de la represión la carta de presentación de su gobierno. Y en la ahora Ciudad de México, donde los comunistas “estrenamos” los nuevos protocolos de seguridad al ser encapsulada la marcha del Primero de Mayo Rojo en el año 2013.

El Estado es la junta que administra los intereses de la clase dominante

Efectivamente, más allá de qué partido gobierne, la propia experiencia nos enseña que la represión tiene que ver más bien con los intereses que representa el partido y el gobernante de turno. Es decir, que son los intereses de clase los que prevalecen, eso sí, encubiertos con un supuesto interés general al que ponen por encima de las clases sociales.

Siendo México un país de pleno desarrollo capitalista, ubicado en la medianía de la pirámide imperialista mundial, no en balde ocupa el lugar número 14 en el grupo de las 20 economías más desarrolladas; es de esperarse que la élite gobernante exprese, y resguarde, los intereses de los grupos de poder económico independientemente del partido que llegue a la presidencia.

Estos grupos de poder económico son los monopolios que se han formado y consolidado al amparo del poder político, sobre todo en los últimos sexenios que abarcan la gestión del capitalismo llamada neoliberal, son los que gobiernan desde hace varias décadas y ellos no tienen problemas de conciencia cuando se trata de mantener en la opresión a la mayoría trabajadora.

Si bien ellos imponen a través de las elecciones como fachada democrática a quien ha de ocupar la silla presidencial, en realidad hay un acuerdo entre todos estos monopolios para repartirse los principales cargos del gobierno en turno, dando forma así a la junta que administra sus intereses.

Dictadura de los monopolios

En el capitalismo toda forma de democracia es también una forma de dictadura de la clase dominante, la burguesía. Desde luego esta dictadura tiene sus matices, y en determinados momentos ha sido preferible defender la democracia liberal ante la posibilidad de la dictadura descarnada que significa el fascismo.

En el periodo actual el capital monopolista ejerce la fuerza de su dictadura, la dictadura de los monopolios, a través de un juego democrático que permite la participación de diferentes partidos políticos siempre que ellos acepten las reglas de este juego, que establecen los límites en los cuales se han de desenvolver sus propuestas de gobierno. De esta manera, sólo pueden participar aquellos partidos que estén debidamente acreditados ante el INE por haber cumplido con los requisitos del juego. Y éstos tienen como principal característica que aceptan que es la “democracia” un valor absoluto que no se cuestiona y además se promueve.

Esta condición para ser reconocido como jugador válido en la contienda democrática deja fuera a cualquier fuerza política que plantee otros intereses diferentes a los de la clase dominante. Y no es que nos quejemos amargamente de ello, sólo se menciona porque es una situación real contra la que también hay que luchar.

Así es como se entiende que en la democracia burguesa, es decir la dictadura de los monopolios, estos no tengan ningún problema con quien gane, si todos aceptan sus reglas, todos juegan su juego, gane quien gane ganan ellos, los monopolios.

Y va a depender de la situación mundial, la coyuntura nacional, los compromisos y las ofertas que cada candidato haga, para que estos grupos de poder económico den su visto bueno a quien ha de llegar a la presidencia de la república.

La ambigua caracterización de izquierda – derecha

En la actualidad es muy común confundir el tema de la naturaleza del Estado con la ambigua caracterización de “izquierda” y “derecha”. No es esta una caracterización que sirva para explicar, ni para dar una salida real a la lucha de clases que, dígase lo que se diga, sigue siendo el motor de la Historia. Ya que en estas categorías no están contempladas contradicciones como la que se da entre el capital y el trabajo, entre la burguesía propietaria de los medios de producción y los proletarios vendedores únicamente de su fuerza de trabajo, sino contradicciones secundarias algunas y otras de plano ficticias.

Entonces basta que un partido, un candidato o un gobierno mantengan un discurso de oposición a la democracia cristiana, por ejemplo, para que éste sea considerado de “izquierda”.

Es el caso del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, del que mucha gente cree convencida que encabeza un gobierno de izquierda. Y aunque ciertamente en sus documentos básicos MORENA se autodefine como una organización de izquierda, no es posible reconocerlos por lo que ellos digan o como se vean a sí mismos, sino por los intereses que representan o por el lugar que ocupan en la producción económica sus miembros más destacados, sus dirigentes.

MORENA, sus principios, su programa

Los documentos básicos del partido MORENA es algo que todos sus miembros están obligados a cumplir, por lo menos eso supondríamos.

Ya desde sus principios MORENA establece que “rechazan la imposición y el autoritarismo”, y todo el apartado 9 de su programa, en el que habla sobre el respeto de los DDHH y contra la violencia, establece que: “Las fuerzas armadas no deben ser usadas en funciones civiles o para reprimir a los movimientos sociales. MORENA lucha porque se acaben los actos de impunidad desde el poder y se investiguen todas las violaciones a los derechos humanos y se haga justicia.”

Desde antes de su toma de posesión hemos afirmado que el gobierno de López Obrador es sobre todo un Gobierno de la Demagogia; precisamente porque dice una cosa y hace otra totalmente contraria, así fueron sus discursos de precampaña, así fue su campaña y no había por qué pensar que su gobierno sería diferente. La conformación de su gabinete confirmaba esta apreciación.

MORENA, según su Programa, mantiene una oposición a la militarización del país y a la represión por cuanto se oponen, por lo menos en sus Principios y en su Programa, al autoritarismo.

Esto que podemos llamar “confesión de parte” es la que resulta demagógica ante los hechos tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales que están bajo el control de MORENA, sea porque ganaron la gubernatura o porque tienen la mayoría en sus congresos locales, ya que en los hechos todos los gobernantes emanados de MORENA se olvidan de sus principios y su programa.

¿Es o no es López Obrador un represor?

La idea de este trabajo surge de una reiterada posición de los seguidores del presidente, sean o no de MORENA, que de manera ingenua o perversamente, hacen comparaciones tergiversadas sobre la represión en los tiempos del PRI o del PAN teniendo como único sustento la obstinada idea del discurso presidencial de que el actual gobierno de la 4T no reprime porque es diferente a los anteriores.

Ya hemos señalado que la represión ha sido parte integral del ejercicio del poder de los presidentes emanados del PRI y del PAN, y no olvidamos que los estados que han sido, y son, gobernados por el PRI, el PAN o el PRD, siguen ejerciendo la represión, para no dejar la idea de que estamos tratando de exonerar estos partidos.

El presidente López Obrador tiene una vocación autoritaria y represora como lo vamos a evidenciar ahora, pero a diferencia de sus antecesores, está encubierta por un discurso anti-autoritario y anti-represión, algo similar al de Vicente Fox, por lo que además su gobierno es un gobierno de la demagogia.

Y es que desde el gobierno federal se ha impulsado la militarización del país, corrigiendo los errores de los anteriores gobiernos represores. La promulgación de la Ley de la Guardia Nacional es la prueba fehaciente de esta afirmación, pero no sólo es el presidente, sino en general el partido MORENA a través de sus gobernadores el que observa esa misma caracterización: autoritarios, represores y demagogos.

La última reforma estructural: la Ley de la Guardia Nacional

La última gran reforma estructural que faltaba para cerrar el ciclo neoliberal es lo que podemos denominar “la madre de todas las reformas”, es la reforma que legaliza la permanencia del ejército en las calles; y sus leyes secundarias, que permiten el uso de la fuerza militar bajo el disfraz de la Guardia Nacional.

¿Por qué llamamos a la Ley de la Guardia Nacional “la madre de todas las reformas”? Porque una vez aprobadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto las reformas estructurales que no pudieron materializar ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, fue evidente que no sería fácil llevar su aplicación a la práctica. La fuerte oposición a la reforma educativa que efectuaron los maestros a lo largo y ancho de todo el país lo demostró. Era necesario un cuerpo policiaco o militar que sometiera por la fuerza a los opositores de estas reformas. Peña Nieto lo intentó al crear la Gendarmería Nacional, como una división más de la Policía Federal, pero con un fuerte entrenamiento militar, ya que originalmente había sido concebida como un cuerpo dependiente del ejército, dentro de los márgenes del Plan Mérida.

La mala imagen de la Policía Federal desgastada como fuerza de choque contra el movimiento social, es decir, como fuerza represora, más que los nulos resultados en su lucha contra el crimen organizado, condenaron a la gendarmería a su desaparición. Aunque en estricto sentido la Gendarmería Nacional no desapareció, se transformó en la base de la naciente Guardia Nacional, ya que todos sus activos económicos, materiales y humanos fueron transferidos a esta nueva fuerza policiaco-militar.

Mucho se ha escrito ya sobre la Guardia Nacional y sus leyes regulatorias, desde el punto de vista de los DDHH, desde la academia, el movimiento social, el activismo y la oposición política, que rebasa con mucho a las posiciones hipócritas de las direcciones del PAN y otros partidos políticos, por lo que sólo habremos de afirmar que uno de los principales compromisos de López Obrador con los monopolios era forjar el consenso general para la creación de un cuerpo militarizado que se encargara, ya sin la fachada de la lucha contra el crimen organizado y sin ese vacío legal en el que se movía el ejército en las calles, de resguardar el orden social ante la aplicación a rajatabla de las reformas estructurales y en el caso de la crisis capitalista que amenazaba con un repunte en el corto plazo.

Ese consenso político y social se logró sobre la base de un discurso demagógico; en el Congreso de la Unión ha sido la Ley de la Guardia Nacional la única iniciativa de ley que ha alcanzado una votación favorable unánime por parte de todas las fuerzas representadas, de todos los partidos, lo mismo en el Senado que en la Cámara de Diputados. Y su aprobación no generó ningún descontento ni manifestación social realmente significativa.

Mientras que en los estados donde MORENA tiene el control de los congresos locales los gobernadores realizan iniciativas de ley para legalizar la represión y que los congresos locales aprueban, sin mayor problema; o aquellos donde sin más ejercen la represión con la misma o mayor saña que el PRI o el PAN, sin que el Presidente sienta rubor alguno; utilizando sus artes demagógicas, López Obrador simplemente afirma que los estados de la república son libres y soberanos y no puede el presidente meterse en la vida pública de éstos porque él es muy respetuoso de dicha soberanía.

Pero si no se hace un recuento de los actos de represión, cruenta o incruenta, que han ejercido los gobiernos de MORENA desde que accedieron al poder hace apenas un par de años, entonces se reafirma la creencia repetida constantemente desde el discurso oficial de que ni el presidente López Obrador, ni MORENA, son represores.

Los gobiernos estatales de MORENA

El siguiente recuento no trata de justificar ni a las autoridades, ni a quienes han sido agredidos, independientemente de la naturaleza de su protesta, de la situación legal en que se sustenta el gobierno para actuar o de la filiación política de quien se moviliza.

Veracruz. Donde el actual gobernador morenista, Cuitláhuac García, llegó a su cargo siguiendo la misma proyección pública del Presidente, es decir vía protestas y movilizaciones, en este caso del movimiento magisterial contra la reforma educativa de EPN; esta misma dinámica es la que proyectó también al actual Secretario de Educación y Cultura estatal, Zenyazen Escobar.

Desde el primer momento que Cuitláhuac García tomó posesión del cargo de gobernador comenzó a actuar con la fuerza pública para desalojar diversos predios invadidos por paracaidistas en el puerto de Veracruz, haciendo uso de la policía naval, la policía estatal y policía ministerial. En la capital del estado, Xalapa, desalojó a paracaidistas por medio de la policía estatal; al más puro estilo del “Trucutrú” Yunes Linares, cuando fue gobernador, desalojó a padres de familia, que tomaron la carretera Xalapa-Veracruz como protesta por negligencia del Secretario de Educación y Cultura del estado, usando la Guardia Nacional y la policía estatal; las últimas dos acciones represivas del gobernador Cuitláhuac García se dan entre los meses de febrero y marzo pasados, con un ataque armado y persecución de manifestantes en Ciudad Isla, para después acusarlos de pertenecer a los carteles del crimen organizado, recurso utilizado por los anteriores gobiernos tanto federales como estatales, que así se deshacen de sus opositores; y el desalojo de una protesta de maestros de la Sección 32 del SNTE en el municipio de Fortín de las Flores, en ambos casos fue la Guardia Nacional y la policía estatal la que ejecutó los actos represivos.

Chiapas. Sin lugar a dudas, uno de los gobernadores morenistas con más denuncias por represor es Rutilo Escandón. Desde su misma toma de posesión como gobernador del estado iniciaron las manifestaciones contra su gobierno y la represión que hoy por hoy lo caracteriza en todo el país. Fueron los maestros quienes le dieron la bienvenida a Rutilo Escandón y los primeros en ser atacados por los cuerpos represivos del estado; la persecución contra organizaciones sociales, campesinas e indígenas es en realidad la continuación de una política que se mantiene desde los años noventa, después del alzamiento del EZLN, y que no ha bajado la intensidad de las acciones gubernamentales, por el contrario las ha recrudecido. Pero es el movimiento estudiantil, los normalistas, tanto de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, como de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, en donde se ha cebado la represión estatal a grado tal que el ataque del 16 de febrero pasado a los normalistas de Mactumactzá, que cobijaban un acto de los Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, mereció el repudio generalizado incluso del propio gobierno federal.

Tabasco. Al ser cuestionado López Obrador de que el gobernador de MORENA, Adán Augusto López Hernández, promulgó la llamada popularmente “Ley Garrote” a finales de julio de 2019, aprobada por un congreso local con mayoría de diputados morenistas, sólo atinó a decir que esta ley no era para reprimir, sino para acabar con los sobornos que sindicatos y organizaciones populares y campesinas hacían al gobierno del estado para permitirle la construcción de obra pública. Pero en esta afirmación iba implícita la verdadera naturaleza de dicha ley, una ley para reprimir a la protesta social.

La famosa “ley garrote” se estrenó contra el movimiento estudiantil de la UJAT y padres de familia que protestaban por la incapacidad de la Universidad para admitir en sus aulas a varios cientos de jóvenes que se quedaron sin posibilidad de ingreso. Más de 300 policías antimotines para desalojar a unos cien manifestantes.

Pese a lo que afirme el presidente, por donde se le vea, la “ley garrote” es un atentado a la libertad de expresión, de reunión y de manifestación que da manos libres al gobierno y a los monopolios para imponer megaproyectos en el estado contra la voluntad popular.

Morelos. Aquí sólo diremos que la represión tiene el mismo rostro policiaco, pero con otras características. Más que abuso de poder, los cuerpos policiacos estatales o municipales actúan como bandas del crimen organizado, asaltando, extorsionando, secuestrando, persiguiendo y asesinando a los opositores como es el caso de Samir Flores. Algo que en ese estado ha sido una constante desde los tiempos de Carrillo Olea.

Ciudad de México. Cuando Claudia Sheinbaum, en su toma de posesión anuncia la desaparición del cuerpo de granaderos, casi inmediatamente el gobierno federal hizo otro anuncio: la creación de la Guardia Nacional, quedando evidenciado así el carácter demagógico del gobierno de la CDMX.

Si bien es cierto que la represión a las manifestaciones no se ha dado de manera abierta, no se puede decir que no hay represión en el gobierno de la Sheinbaum. Sigue siendo la fuerza del Estado la que vigila y encapsula las manifestaciones en la CDMX, con los llamados cercos o cinturones  de paz de varios miles de empleados del gobierno y las fuerzas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ante las denuncias de abuso policiaco contra mujeres vendedoras ambulantes, quienes acusan de feminicida al gobierno de la ciudad, la Sheinbaum ha dicho que no es verdad tal acusación pues no se les ataca a las mujeres por su sexo sino por su actividad comercial. Queriendo escurrir el bulto, termina aceptando la represión.

Pero aquí ocurre algo similar a lo que pasa con el gobierno federal, es decir, mientras la Jefa de Gobierno afirma que en la CDMX no se reprime porque ellos son un gobierno diferente, los alcaldes son los que ejercen la represión contra el movimiento popular: que lo mismo protesta por el abuso policiaco contra los vendedores ambulantes, que por la falta de agua y de servicios o por oposición a alguna obra que atenta contra la seguridad de sus habitantes.

Conclusión

El gobierno de la Cuarta Transformación es tan represor como los anteriores y ejercen esta represión con un cada vez menos amplio, aunque más sólido, apoyo popular, así como a través de un discurso demagógico. Pues como parte del Estado capitalista no puede actuar de otra manera, sino ejerciendo las funciones para las que fue impuesto por la clase dominante.

Esto explica por qué López Obrador cada vez le da más poder y protagonismo, además de presupuesto, a los militares. Y también explica que en las actuales circunstancias de Emergencia Sanitaria, por la pandemia de COVID-19, haya optado, una vez más, por la canalla militar en vez de fortalecer el sistema de salud pública. La represión disfrazada del Plan DN III, Plan Marina. Los militares en las calles y en los hospitales. Constitución en mano de por medio, eso sí.

Por eso, a pesar de que lo niegue afirmando que todo eso ya se acabó porque el suyo es un gobierno diferente, no se ha acabado y, en este casi año y medio de gobierno de MORENA, la represión es una de las características más conspicuas de López Obrador y MORENA.

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