Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

Los funcionarios del Instituto Nacional Electoral han encontrado por lo menos en 20 entidades federativas una enorme cantidad de propaganda de parte de empresas privadas que se refieren a la revocación del mandato presidencial que se efectuará el próximo 10 de abril: se trata de cientos de anuncios espectaculares, miles de bardas pintadas, muchos postes con anuncios referentes a esa consulta, miles de cartulinas que hacen alusión a ese hecho y múltiples declaraciones que formulan los gobernadores, los senadores, los diputados, los regidores y en general los representantes oficiales de Morena que invitan a la población a respaldar la continuidad en el poder del titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

En la mayor parte de los casos, aparece como responsable de este enorme e ilegal despliegue publicitario, una compañía cuya denominación general aparece como “Que siga AMLO” pero no se han identificado a sus directivos o titulares, ni el dinero que han gastado en esta ofensiva multimillonaria y, por lo tanto, hasta hoy las autoridades electorales no pueden determinar la aplicación de sanciones ya que, como sabemos, las leyes de la materia prohíben expresamente estas actividades, las cuales son de la exclusiva competencia del INE y no se ha clarificado la vinculación que pudiera tener esa empresa fantasmal con Morena o con el gobierno en ninguno de los niveles.

Se trata de una abierta y persistente transgresión a las normas jurídicas imperantes, ya que, no se hace alusión directa a la revocación del mandato del Presidente sino a su ratificación o confirmación, a la necesidad política de que continúe en su cargo López Obrador. Mientras está presente este auténtico alud propagandístico, los partidos de oposición no han desplegado precisamente ninguna iniciativa para impedir que el titular del Ejecutivo siga en su posición, no han realizado mítines o manifestaciones, no han publicado manifiestos o emitido declaraciones en ese sentido, como era de esperarse, en virtud de los antagonismos partidarios prevalecientes y de la extrema polarización política que existe en nuestro país.

Por otra parte, las fracciones parlamentarias de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, dieron “un albazo legislativo” ya que sin realizar ninguno de los trámites que señalan leyes de la materia, en menos de 72 horas, “interpretaron” las normas relativas a la revocación del mandato y permitieron que los funcionarios públicos pudieran realizar abiertamente propaganda a favor del Presidente López Obrador, quien está desde luego satisfecho pues la maquinaria de poder que está su disposición, ha funcionado de una manera eficaz y rápida, atropellando la legislación vigente, olvidando que fue él mismo quien impulsó la prohibición de estas actividades cuando era candidato opositor. Lo que condenó en forma tajante en el pasado inmediato, ahora lo está realizando, incurriendo en una grave contradicción e incongruencia. Morena violó claramente la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y la Constitución, pues la interpretación de las normas legales no les compete a los miembros del Poder Legislativo, sino al Poder Judicial.

El INE ha interpuesto, hasta este momento, seis quejas o impugnaciones con contra del presidente de la República por haber realizado propaganda en forma abierta y clara en este periodo en que de acuerdo con la ley existe un impedimento para hacerlo. Pero, además, obrando de una manera congruente, el Tribunal Electoral de la Federación ha ratificado la validez de las observaciones que ha formulado el INE por lo que se confirma que el Presidente está incurriendo en un evidente desacato y que si de verdad imperara en nuestro país el estado de derecho, sería objeto de graves sanciones por su conducta retadora y contumaz.

El Presidente se burla tanto del INE como del Tribunal pues al siguiente día de que recibe estas observaciones, durante las mañaneras, de nuevo sigue haciendo mención de las obras públicas que se están construyendo durante su administración, probablemente porque está convencido que estos dos órganos del estado, no tienen importancia política y que, por lo tanto, puede hacer o decir lo que considere conveniente, no obstante que las leyes de la materia prohíben claramente este tipo de manifestaciones en el periodo de organización de la revocación del mandato.

De esta forma, la consulta del próximo 10 de abril está deslegitimada, ya que, solo Morena y sus aliados están realizando propaganda política, por si, de una manera directa o a través de sociedades anónimas o de prestanombres y de que incluso se ha asignado a cada uno de sus funcionarios una cierta cantidad de votos, que se están erogando cientos de millones de pesos, contraviniendo las disposiciones legales vigentes, que en realidad se está preparando un golpe político demoledor contra el INE que nos haga retroceder a etapas ya superadas, demostrando que en realidad ese ejercicio en el fondo tiene otros propósitos y otros objetivos, ya que ninguna fuerza política está demandando que López Obrador deje su cargo.