Por: Héctor Ramírez Cuéllar

Hace más de un año, el Presidente tomó una decisión: designó a   la doctora Claudia Sheibaum como su sucesora en el cargo y al hacerlo se inició un verdadero trastrocamiento de sistema electoral que formalmente existe  en nuestro país y del conjunto de normas legales que lo sustentan: elecciones anticipadas, campañas personalizadas, gastos enormes y no documentados de carácter publicitario, intervención de muchos funcionarios públicos, empezando por el titular del poder Ejecutivo,  en asuntos que les están expresamente  prohibidos,  emisión  de  cientos de medidas cautelares por parte del INE que no tienen ninguna eficacia política y en términos generales, se inició una verdadera andanada de presiones y  ataques en contra de los funcionarios electorales, encabezados en ese momento por Lorenzo Córdova  . Hoy estos hechos ya se han  acumulado formando parte de fenómenos que son irreversibles y será muy difícil  contrarréstalos en el tiempo que nos separa del 2   de junio.

En el INE existe una fuerte resistencia, por parte de tres Consejeros, por evitar que el organismo quede  totalmente sometido al Presidente, conocido los estrechos vínculos que tiene con  él la señora Guadalupe Taddei  quien precisamente, por estos antecedentes, jamás debió haber sido designada  para ocupar el  cargo que hoy detenta. Ella tiene    ahora la facultad de nombrar a una serie de altos funcionarios en los aparatos administrativos que son los que realmente operan en la práctica los procesos electorales, existiendo el riego de que se incline por  individuos adictos al gobierno.

Independientemente, de las etapas que señala la legislación electoral,  en la práctica política, que es realmente la que nos debiera interesar  porque se trata de hechos políticos verificables, que tienen resultados concretos,  desde hace casi dos años estamos ante  una auténtica campaña política por parte de los candidatos de Morena que se han financiado con la erogación de cientos de   miles  de millones  de pesos,  por estos conceptos, con la evidente finalidad de adelantarse a la postulación de los otros candidatos de la oposición los cuales arribaron a la palestra pública, en condiciones profundamente inequitativas  y por lo tanto debilitados ya que Morena había logrado considerables ventajas en materia de exposición y conocimiento de  los ciudadanos, organizando verdaderas estructuras  políticas estatales  locales, con el evidente apoyo  de los gobernadores emanados de ese partido.

Cuando Xóchitl Gálvez fue designada como candidata de la  oposición  derechista, ya la ex jefa de gobierno de la ciudad de México había recorrido  por lo menos en una ocasión, el territorio nacional, había desplegado cientos  de anuncios espectaculares, había lanzado una gran promoción del  voto, había asegurado el respaldo de los gobernadores, es decir, su figura política, según  las reglas de la  mercadotecnia,   ya tenía un mercado muy amplio de potenciales electores y ahora esta ventaja se está incrementado, pero algunos  problemas nacionales se han  agravado y por lo tanto no tiene amarrada la victoria y este fenómeno preocupa seriamente a quien la impuso . Por esta razón, el gasto  público tendrá ahora un enorme déficit  y para ello se está contratando deuda en el exterior, ya que se pretende satisfacer totalmente todas  aquellas erogaciones que estén relacionados con el proceso electoral, tanto en forma directa como indirecta, con el objeto de blindar el triunfo de Morena. Por ello, habrá aumentos en las pensiones de los adultos mayores, en las becas para los jóvenes  las mayores de  18 años,  incrementos en los salarios para los burócratas y otros gastos de similar contenido político.

En este contexto de total  tolerancia por parte de los órganos electorales, los candidatos de Morena ha incurrido en las siguientes faltas graves: se adelantaron a las fechas que señala la ley, es decir, hicieron campañas anticipadas,   efectuaron gastos enormes  de dinero de  las cuales jamás se ha informado  de  una  manera legal, propusieron una serie de reformas políticas y jurídicas sin tener derecho a hacerlo, es decir, organizaron, promovieron, verdaderas  campañas políticas nacionales y ahora existe el deliberado propósito de continuarlas ya que no han sufrido ninguna sanción efectiva. En los hechos se anularon los términos  y las características  que tienen  las normas  que supuestamente están en vigor  ya que en el  mejor de los  casos solo recibieron inocuas medidas cautelares  las cuales han  sido  totalmente ignoradas,  ya que se han repetido  una y otra vez, las conductas que formalmente castigaban,  asumiendo  en la práctica   un enorme desafío para las autoridades electorales,  las cuales están en proceso de   ser completamente anuladas, a  menos  que a última hora se tome una decisión histórica  que las reivindique al haberse acumulado 600 quejas para Sheibuam y 300 para el Presidente.

Aunque en la etapa de la precampañas no deben formularse propuestas de carácter programático, en los hechos ya circulan muchas de ellas, producto  de las  violaciones en que se incurrido en las etapas anteriores, las cuales se detallarán  y precisarán con mayor detalle al pasar a la siguiente etapa en donde actuarán  grupos de especialistas que apoyan a cada una  de las candidatas. Es cierto que la ley es absurda en muchas de sus disposiciones,  pero debieron ser  reformadas  con anterioridad con el objeto de fomentar las discusiones y  los debates, ya que con las bases jurídicas  hoy vigentes se justifica el  uso sistemático de la mercadotecnia que se emplea en los Estados Unidos  en la que solamente existe un juego de slogans de pésima calidad. En realidad, solo mencionamos a  las  dos candidatas, ya que el tiktokero de Movimiento  Ciudadano solo tiene una  propuesta, convertir a México en un enclave de los negocios de Elon Musk, con lo cual solo está desempeñando un papel de divertimiento, que ayude  a la candidata de Morena, la cual está soportando fuertes exigencias de parte de los elementos descontentos por el  reparto de las candidaturas a diputados y  senadores y al recrudecimiento y la extensión  de la  violencia que se  ha desatado en la mitad  de las entidades federativas.