Según los registros oficiales del Tribunal Federal Electoral, los candidatos presidenciales de Morena han recibido 18 apercibimientos por realizar acciones políticas ilegales, pero ninguno ha sido sancionado.
La situación económica, social y política del país está en un grado de agudización inaudita pues está en curso una inflación galopante que aumenta todos los días los precios de los alimentos básicos, el encarecimiento de las materias primas más elementales, se ha incrementado el número de personas desaparecidas, de los asesinatos en términos generales y de los feminicidios en lo particular, por lo menos en siete entidades federativas, los grupos delictivos se expresan de una manera sangrienta en forma ya sistemática y cotidiana y se han polarizado las diferencias que existen entre los partidos de la derecha y el gobierno, llegando a niveles de intolerancia que no habíamos conocido en el pasado inmediato.
La conducta asumida por la mayoría de los diputados y de los senadores de Morena no indica lealtad, identificación o adhesión al Presidente de la República sino sumisión, obediencia ciega y sometimiento absoluto, ya que, se pretenden legalizar hechos políticos que ya sucedieron, pues el gobierno y Morena han erogado cientos de millones de pesos para el financiamiento de la propaganda que insiste en la ratificación y en la continuidad del Presidente de la República en su cargo, pero no en su revocación como lo señala la ley de la materia.
Las pasadas sesiones de la Cámara de Diputados en las cuales se aprobaron las leyes de ingresos y de egresos de la Federación constituyen un episodio, verdaderamente vergonzoso, de la excesiva concentración del poder político en manos del Presidente de la República, ya que los citados proyectos se aceptaron tal y como se presentaron originalmente, incluso desde el punto de vista gramatical, pues esto no había sucedido desde por lo menos hace 30 años en cuyo periodo el PRI ya había perdido la mayoría parlamentaria. Se trata de un retroceso político de grandes dimensiones que debería preocupar profundamente a todas las fuerzas políticas democráticas y progresistas pues sin duda se consolida el proyecto político que se propone la cancelación de la división de poderes, que señala la Constitución de 1917.
Un grupo de legisladores de Morena denunció la semana pasada que los estaban obligando a que apoyaran las iniciativas de ley, enviadas por el Presidente de la república sin haberlas leído de antemano y que estaba demasiado controlada la libertad que tenían para subir a la tribuna, indicando también que en torno al Coordinador Ignacio Mier se había formado ya un grupo que mantenía el control político de la Cámara de Diputados, repitiéndose la vieja historia del pasado.
Ha concluido sus funciones constitucionales la LXVI legislatura de la Cámara de Diputados, presidida por el poblano Ignacio Mier y podemos afirmar que durante su desempeño, se anuló su independencia y autonomía, como lo señala de una manera clara la Carta Magna, pues el titular del poder Ejecutivo, la sometió de una manera clara y evidente, a sus designios e instrucciones, de tal manera que podemos afirmar que solo operó como una Oficialía de Partes de la Consejería Jurídica, que preside el licenciado Julio Scherer.