El próximo 3 de noviembre se vence el plazo para que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, amplíe o precise sus acusaciones sobre los actos de corrupción en que incurrió la empresa Obredecht, en sus relaciones con los funcionarios que pertenecieron al periodo de Enrique Peña Nieto. Hasta hoy, de una lista 123 supuestos implicados, solo uno, José Luis Lavalle, está en prisión, por cierto, acusado de delitos no graves y por lo que fácilmente puede quedar en libertad.
Las imputaciones que hicieron los dirigentes de la empresa brasileña, en las cuales se basaron originalmente las denuncias que hiciera Lozoya hace ya un año y medio, han sido desmentidas, no ratificadas y, por lo tanto, como se dice en jerga judicial, “se han caído”. Muchos de los involucrados han declarado que los recursos financieros que dicen les entregó Lozoya, como fue el caso de Ricardo Anaya, jamás se les dieron y que, por el contrario, el propio director de Pemex se quedó con ellos.