A un año del crimen que cometió el Gobierno de la Ciudad de México al destruir el Monumento Histórico de la ex Hacienda de la Cañada, a un año de violar los derechos humanos al realizar un desalojo sin un debido proceso legal contra las familias que ahí habitaban. Hacemos responsables a Rafael Obregón Viloria, funcionario de SEDEMA que dio visto bueno a la destrucción del monumento, a Nubia Gabriela Espinoza Jiménez, funcionaria que dijo al destruir el Monumento: “yo me aviento el pedo” y a los policías presentes de cometer esta arbitrariedad. Exhortamos al Poder Judicial que actúe conforme a derecho y como lo estipula la ley, dando el debido castigo a los actores intelectuales y materiales de tal crimen.