En el caso de los integrantes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, que pertenecen a los partidos de oposición, éstos tendrían que sufrir un masivo proceso de desafuero, por lo menos, de la mitad de estos legisladores. Y ser conducidos a juicio penal, ya que, habrían incurrido en un delito sumamente grave, probablemente, el más grave y condenable que existe en nuestra legislación. Lo mismo debería suceder con los diputados de oposición que actúan en las legislaturas locales, los regidores en los ayuntamientos y cientos de periodistas y redactores de los órganos de la prensa nacional y estatal que observan una actitud de crítica y de denuncia en contra de las acciones y las decisiones del Presidente y de su gobierno.