Al cumplirse cien días de la invasión de Rusia a Ucrania, se confirma que, desde el punto de vista de una definición general, Ucrania, su pueblo y su territorio se ha convertido en un “chivo expiatorio” de las grandes potencias capitalistas y nucleares..
Una guerra imperialista, es decir, una guerra por y para el beneficio de los monopolios, no favorece en nada a las masas trabajadoras de uno u otro bando; así como en Ucrania dos pueblos hermanos son empujados a aniquilarse mutuamente para asegurar mejores ganancias para las oligarquías financieras; en Rusia, Europa y Estados Unidos, los trabajadores sufren directamente y son obligados a pagar por las consecuencias económicas de la guerra.
El envío de miembros de la marina mexicana a estos ejercicios tiene el objetivo de avanzar en la coordinación militar entre los Estados burgueses que ensayan la respuesta ante posibles escenarios de guerra que tendrían un carácter imperialista. Por tanto, estos ejercicios no traen ningún beneficio a la clase obrera de los distintos países que participan, y son solo benéficos para las ambiciones de los monopolios que se preparan para futuros escenarios de guerra.
La construcción socialista en la URSS fue derrocada por la contrarrevolución, y desde entonces en Rusia se están desarrollando nuevamente relaciones capitalistas, existen poderosos monopolios como Gazprom y es en defensa de esos intereses que Putín anunció la Operación Especial, o dicho sin eufemismos una intervención militar rusa en Ucrania, de naturaleza imperialista.
Las acciones político-militares que están en marcha en esa región del mundo indican que el régimen de Putin trata de involucrar en su actual ofensiva a las repúblicas ex socialistas de Rumania, Eslovaquia, Polonia y Moldavia, o, mejor dicho, a regiones de estas, practicando una actitud separatista, para establecer gobiernos subordinados a Moscú, es decir, a los poderes imperialistas que hoy están en el Kremlin.
El gobierno dictatorial derechista de Putin ha elaborado y puesto en práctica una nueva concepción sobre la seguridad nacional para tratar de justificar la invasión a Ucrania, tratando de hacer pensar que esta ofensiva, desatada el pasado 23 de febrero, fue y ha sido de carácter defensivo, que trata de proteger los intereses históricos de Rusia, intereses que se remontan incluso desde antes de existencia del régimen zarista y que, por lo tanto, reclama el apoyo y la solidaridad de todos los pueblos del mundo, ya que Rusia está siendo acosada y cercada tanto por el gobierno de los Estados Unidos como por la OTAN.
Desde la disolución del Pacto de Varsovia, la OTAN no sólo no se ha desmantelado ni reducido, sino que se ha ido ampliando, incorporando en sus filas otros países de Europa del Este y antiguas repúblicas soviéticas. Está instalando fuerzas militares, bases y armas modernas en varios puntos alrededor de Rusia. Desde hace años existen planes de guerra y ejercicios militares en el Mar del Norte, Europa del Este, el Mar Negro y el Mar Báltico apuntando a Rusia.
El 8 de octubre del presente año, se firmó una Declaración Conjunta entre el gobierno de México y los Estados Unidos que plantea una serie de compromisos sobre seguridad, salud y migración principalmente. Tal declaración se concluyó a partir de la reunión entre representantes en materia de Seguridad de ambos países, realizada en México. Con mucha pompa se tituló a los acuerdos “Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública, y Comunicaciones Seguras”.
Han transcurrido casi 14 años desde que la crisis de sobreproducción y sobreacumulación iniciada en 2008 trastocara los cimientos del sistema capitalista mundial. Suele señalarse como detonante de la crisis a la “ruptura de la burbuja inmobiliaria” de 2007 en los Estados Unidos, la cual, lejos de los términos técnico-financieros, no es sino el resultado de una contradicción básica: por un lado, la necesidad de los bancos y otras instituciones financieras de hacer rendir sus cada vez mayores capitales (en este caso, por medio de su colocación como créditos inmobiliarios), y, por el otro, la imposibilidad de los trabajadores de liquidar dichos créditos. Dejando de lado que las causas más profundas se hallan en la producción, debe señalarse el hecho de que el punto de ruptura, la pared arterial más débil del sistema, se ubicó el sector inmobiliario, o, dicho de otra manera, residió en la dificultad de los trabajadores para procurarse una vivienda digna.
Durante los inicios de la pandemia en 2020 el gobierno de EEUU aprovechó para endurecer su política migratoria anunciando que suspendería las leyes migratorias. El entonces presidente Donald Trump no apoyó el confinamiento, por el contrario, privilegió la apresurada reapertura de la economía y empezó a deportar de inmediato a México a todos los solicitantes de asilo y a los migrantes indocumentados que cruzaran su frontera.