Hace un año
La tendencia actual del sistema capitalista a nivel mundial es precarizar el salario del trabajador y disminuir sus prestaciones y seguridad social.
La tendencia actual del sistema capitalista a nivel mundial es precarizar el salario del trabajador y disminuir sus prestaciones y seguridad social.
Mérida, la capital del estado de Yucatán, se ha mantenido por muchos años como la cuidad más tranquila del país, o entre las más seguras, todo está aura de pureza creada, e inflada, por las gestiones panistas que la han ultrajado.
Estamos a pocos días de que se cumplan 4 años desde que Andrés Manuel López Obrador tomara la presidencia de México. 4 años en el que nosotros como juventud comunista jamás nos dejamos engañar por los cantos de sirena de la socialdemocracia de que ya había comenzado el cambio verdadero.
A pesar de ser un tema que ya habíamos abordado en antiguos artículos, recientemente y de nueva cuenta se ha puesto de manifiesto en la opinión pública y los medios de comunicación locales en el estado de Quintana Roo, el contraste muy marcado entre toda la riqueza millonaria que se produce en el sector turístico y los miserables salarios que reciben los trabajadores que laboran en dicho sector.
Bajo el régimen capitalista, las y los trabajadores nos encontramos muchas veces en una situación difícil ante la explotación de la cual somos objeto. Nosotros sentimos en nuestras propias carnes la precarización en sus diversas formas, desde un salario insuficiente hasta el acoso y hostigamiento por parte de la patronal.
Recientemente la prensa en Quintana Roo ha dado a conocer que, en el estado, la sobreoferta laboral incrementó un 45% en el primer semestre del presente año 2022. Guadalupe Carmona, directora de la Asociación de Profesionales en Recursos Humanos, mencionó que el déficit de personal en las empresas va desde el 10% hasta un 30% en promedio, también explicó que, si bien hay muchas ferias de empleo, las empresas solo suelen contratar jóvenes y buscan brindar salarios más bajos incluso de los que había antes de la pandemia por COVID-19.
Según las encuestas y las evaluaciones del Coneval, en el tercer trimestre del año 2021, 52 millones de mexicanos, o sean, el 4 0% de la población se encontraba en los límites de pobreza laboral, es decir, se trata de personas que aun teniendo un empleo, trabajando jornadas de trabajo muy prolongadas, no tienen la capacidad suficiente ni siquiera para satisfacer las necesidades básicas de sus familias; en el estudio que elaboró el grupo Observatorio del Trabajo Digno, que encabeza Rogelio Gómez Hermosillo se concluyó que 6 de cada 10 personas ocupadas en alguna actividad productiva, no podían mantener a sus familias, 4 de cada 1O personas no tenían contratos de trabajo, 9 de cada 10 carecían de medios de organización para defender sus derechos; mientras que en año de 2020, según los resultados del INEGI, el 22 % de la población ocupada, no tenía la posibilidad de adquirir ni siquiera los artículos de la llamada canasta básica, indicando que la mayoría de estos trabajadores se encontraban ubicados en los llamados micro negocios, que tienen en promedio 3 empleados.
El costo de la crisis que hoy pagan los trabajadores del INAH con los recortes a eventuales y la falta de cumplimiento de los compromisos de ley que el INAH y la Secretaría de Cultura tiene con sus trabajadores viene de los yerros del propio gobierno en materia del manejo inadecuado de la crisis de 2020 y su carencia de medidas contra cíclicas que se debieron aplicar en su momento en una economía capitalista como la que vivimos. El déficit de más de mil millones que tiene el INAH en su presupuesto y que arrancó el sexenio con 800, es producto del descuido de un gobierno que no tienen como prioridad ni la cultura ni la educación. No sólo son las escuelas del INAH, son las universidades del país las que dejaron de ser importantes al gobierno, que dedica los recursos a sus proyectos estratégicos.
Durante el periodo de Mario Zapata al frente de la AUTAMUADY, en revisión contractual se modificaron varias cláusulas, que condenaron a las generaciones venideras sindicalizadas (que son las que menos salario perciben en la UADY) a pagar el 10% de su salario para un fondo de jubilación, al pago de impuestos sobre sus ingresos, reducción de prestaciones tales como el aguinaldo, vacaciones, y un largo etc. Esto ocurrió en su último periodo como secretario general y, coincidentemente después de su gestión (y de estos cambios), se incorpora como Jefe de personal, siendo ésta una categoría de “Personal de confianza”, por lo cual renuncia al sindicato e incrementa sustancialmente su salario.
En días recientes ha suscitado polémica la denuncia de vendedores ambulantes (en especial de vendedores de marquesitas) por el acoso que el personal del Área de Verificación y Ordenamiento Comercial del municipio de Cozumel, Quintana Roo ejerce sobre ellos.